Porque todavía no percibieron ninguno de los resarcimientos económicos prometidos, pero tampoco tienen fecha cierta para empezar a cobrar el dinero concedido por la Legislatura porteña, los damnificados por el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre 1232 anunciaron que pasarán la Nochebuena a la intemperie. “En el edificio vivían muchos chicos, le están escribiendo a Papá Noel. Pero los vecinos no tenemos arbolito ni casa, así que acordamos pasarla ahí”, explicó a este diario Mónica Nizzardo, una de las vecinas a la espera. Desde la sanción de la ley porteña que habilitó al Gobierno de la Ciudad a indemnizarlos, denuncian los habitantes del edificio dañado irreversiblemente, las autoridades no precisaron “por escrito” en qué fecha cobrarán el dinero. Nizzardo explicó a este diario que “ésa es nuestra incertidumbre, porque ahora, hoy mismo, nos pidieron que firmáramos la renuncia al juicio civil para poder cobrar, pero no nos dan la plata”. En tanto, el vocero del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad explicó a este diario que “el proceso es lento”, porque “la ley, cuando manejás 20 millones de pesos de fondos públicos, hay que implementarla”. Los detalles debía brindarlos el Ministerio de Hacienda, pero nadie allí respondió las consultas de Página/12.

“Fue todo muy lindo, aplaudimos cuando votaron la ley de expropiación en la Legislatura y después, entre los vecinos, dijimos que íbamos a esperar una semana. Esperamos, pero no tuvimos novedades. Todas las veces que fuimos a la Legislatura, que tuvimos reuniones, no fue por convocatoria de los funcionarios y legisladores, sino por iniciativa propia. Y ahora no nos dicen cuándo vamos a cobrar”, dijo Nizzardo, titular de la ONG Salvemos al Fútbol. “Treinta departamentos había en el edificio, imaginate cuántos estamos en la misma situación”, amplió Karen Viana, otra de las damnificadas, que durante los días posteriores al derrumbe se hizo conocida por la busca de su gata Margarita, quien finalmente apareció. Ni ellas ni los demás vecinos que perdieron sus departamentos por completo cobraron más que los siete mil pesos pagados en los días siguientes al derrumbe. Los vecinos “del A”, es decir, de los departamentos que aún no han sido demolidos, pero de los cuales siguen sin poder retirar sus pertenencias por falta de autorización judicial, “están en la misma”, explicó Nizzardo, quien agregó que todos los habitantes del edificio, siga existiendo o no su parte de la propiedad, se intercambian información sobre los trámites y el proceso cotidianamente desde lo sucedido con sus casas el 4 de noviembre.

Hasta ayer, explicó Nizzardo, los damnificados sostuvieron reuniones con Guadalupe Tagliaferro, del Ministerio de Desarrollo Social, y Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura. “Primero nos dijeron que cobrábamos en diciembre. Cuando vi ese mensaje positivo, me puse a buscar departamento; se lo avisé a Tagliaferro y me dijo ‘sí, dale, va a salir’. Los últimos días de noviembre me avisó que estaban abriendo las cuentas en el Banco Ciudad para depositarnos el dinero. Al día siguiente señé un departamento. La llamo y le aviso, y me dice ‘no te podemos asegurar que te pagamos en diciembre’”, relató Nizzardo. En la última reunión, Carolina Stanley, quien será ministra de Desarrollo Social a partir del recambio de gestión, aseguró a los vecinos que el pago se hará “en tres veces”. “Dijo que antes de las fiestas nos van a dar un subsidio de 70 mil pesos, que representa lo que estaba dentro de las casas y se perdió. Y en enero se harían otros dos pagos. Pero no tenemos fechas. Esa es nuestra incertidumbre. Nos piden muchas firmas, hoy firmé la renuncia a hacer un juicio civil, pero no nos dan la plata”, explicó Nizzardo.

El vocero del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, Matías Crotto, refirió a este diario que “el proceso es lento”. “Dudo de que algún funcionario del Gobierno de la Ciudad les haya prometido una fecha, porque todavía no hay fecha estimada”, agregó, antes de advertir que no es sencillo implementar “una ley en la que manejás 20 millones de pesos de fondos públicos”.

En tanto, mañana los damnificados por la pérdida total de sus casas acompañarán a la Fiscalía a “los de los departamentos A”, aquellos “vecinos del pedazo del edificio que quedó en pie”, para insistir en el pedido de autorización judicial que les permita entrar en las viviendas para retirar pertenencias.