El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, vetó una ley aprobada en la Legislatura de la Ciudad, con el voto a favor de la bancada oficialista, que regulaba y controlaba en el ámbito de la Capital Federal “la tenencia, utilización, producción y comercialización de precursores químicos” que puedan ser utilizados para la producción de drogas prohibidas. La norma, aprobada en diciembre, fue impulsada por la ex legisladora opositora Diana Maffía, y debía ser aplicada por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. “Me sorprende la decisión de Macri, que argumenta que el tema de la droga es un delito federal y depende de la Nación, pero también es cierto que es constitucional que el gobierno porteño haga también sus controles en el ámbito local”. La “sorpresa” de la que habló Maffía se debe, sobre todo, “a que yo hablé personalmente sobre el proyecto con el ministro (Guillermo) Montenegro y él me dijo que estaba de acuerdo. Por eso me sorprende la decisión de Macri”.

Por decreto 47, con fecha 11 de enero, el jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó la norma legal. La decisión fue publicada en la edición de ayer del Boletín Oficial. La ley vetada fue aprobada el 1º de diciembre con el apoyo del oficialismo y contemplaba la creación del Registro Público de Precursores Químicos de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio a cargo de Montenegro, que sería la autoridad de aplicación. El veto está firmado por Macri y refrendado por Montenegro y por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

En diálogo con Página/12, la ex legisladora de la Coalición Cívica, Diana Maffía, opinó que Macri “con su decisión renunció a la autonomía de la Ciudad al vetar la Ley 4073”. En los argumentos del veto, Macri sostuvo que la norma dejada sin efecto “pretende legislar sobre una materia regida por la Ley Nacional número 26.045”, que dispuso la creación del Registro Nacional de Precursores Químicos, y sobre la Ley Nacional 23.737, que sostiene que los delitos relacionados con el tráfico de precursores químicos, incluyendo la efedrina, son de competencia federal.

Maffía recordó, sin embargo, que la Ley 23.737 contempla la posibilidad de que también participen en los controles “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances allí previstos”. La ex legisladora insistió en que es “una renuncia a la autonomía de la Ciudad” dado que “no se trataba de incidir en el delito, pero sí en el poder de policía por el acopio. El poder de policía lo tiene la Ciudad y es parte de su autonomía”.

“La ley proponía hacer un registro en la Ciudad tal como el que hay en Nación pero como el que también hay en provincia de Buenos Aires. Pensemos que entre los precursores está la efedrina y está vinculada con la mafia de los medicamentos y retornos corruptos de las obras sociales. Hay un aspecto que tiene que ver con el modo en cómo se financia la política, que es muy turbio y que esperábamos que se preservara en la Ciudad”, resaltó Maffía. La ex legisladora informó que su proyecto “fue estudiado por constitucionalistas que destacaron que no es incompatible con la autonomía”, en respuesta a los argumentos planteados por Macri en su veto.

Maffía dijo que el ministro Montenegro “había dado el visto bueno cuando yo se lo presenté y le dije que, si no había apoyo, lo retiraba”. Agregó que “el propio Montenegro se encargó de hablar con los legisladores Cristian Ritondo, presidente de la bancada PRO, y Martín Ocampo, presidente de la Comisión de Justicia, para que aprobaran el proyecto”.

“La inciativa fue aprobada luego de un trabajoso acuerdo y Montenegro estaba muy de acuerdo porque eso permitía hacer controles, en el ámbito de la Ciudad, para reforzar los controles que hiciera la Nación. Era una manera de controlar también al Ejecutivo nacional y el PRO estaba de acuerdo, pero ahora dieron marcha atrás y eso me sorprende mucho.”