La Asesoría General Tutelar de la Ciudad presentó ayer el libro Puertas Adentro, una investigación que contiene datos relevados entre 2007 y 2011 sobre el estado de situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de pobreza y están alojados en institutos y albergues dependientes del gobierno porteño. Los datos más relevantes indican que en la actualidad, el Gobierno de la Ciudad dispone de 94 sedes institucionales que albergan a más de 1100 chicos y adolescentes. En el 95 por ciento de los casos, esta prestación se encuentra tercerizada en organizaciones no gubernamentales que mantienen un convenio con el Estado local.

Según la publicación, “el gobierno porteño destina por cada niño, niña o adolescente entre 1400 y 6600 pesos” mensuales, de acuerdo con las diversas modalidades de atención (convivencial, parador, convivencial para adolescentes embarazadas y/o madres y sus hijos y convivencial de atención especializada, cuando la internación es por salud mental).

“Ese subsidio que se les otorga a las instituciones bien podría ser utilizado para ayudar a las familias cuya problemática es fundamentalmente de bajos ingresos”, señaló Laura Musa, la asesora general tutelar. “El libro muestra que casi la mitad de los institutos (el 48 por ciento) se ubica en la provincia de Buenos Aires, lo que dificulta su control y complica la posibilidad de que el chico se revincule, al ser alejado de sus vínculos comunitarios”, añadió.

Por su parte, Alicia Guerrero Zarza, coordinadora del Area de Seguimiento de Institucionalización de la AGT y una de las autoras del libro, explicó a este diario que, en cuanto al estado actual de habilitación de las instituciones que dependen del gobierno de Mauricio Macri, “sólo una ha sido habilitada de acuerdo con la ley 2881”, que reglamenta las condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos de albergue para niñas, niños y adolescentes, y “más de la mitad (el 55 por ciento) ha obtenido un permiso precario de funcionamiento” (trámite previo a la habilitación).

“Un alto porcentaje de sedes (el 28 por ciento) no ha regularizado todavía su situación” –instancia que se extendió hasta junio de este año por una prórroga acordada por funcionarios del PRO en 2010, cuando el registro de habilitación para adecuar las instalaciones de estos lugares había vencido–, lo que implica que “en la actualidad las sedes no garanticen condiciones de seguridad e higiene: control en los baños, la instalación de matafuegos y el control de instalaciones eléctricas acordes”, informó Guerrero Zarza. “Tan sólo el 18 por ciento de los albergues posee condiciones de higiene muy adecuadas”, añadió la responsable del Area de Institucionalización de la AGT, en base al informe.

Esta situación –según la publicación– denuncia “la arbitrariedad del Estado no sólo en el otorgamiento de permisos, sino también en la derivación que hace la Ciudad, ya que al remitirse a explorar las actas de habilitación municipal se observaron habilitaciones de instituciones que albergan niños, niñas y adolescentes bajo la figura de comedores, escuelas con internados y panaderías, desconociendo la figura del hogar infantil”.

“El monitoreo de las políticas públicas es parte esencial de las funciones de la AGT, por eso decidimos hacer este trabajo de supervisión con las instituciones de albergue”, expresó Musa. Añadió: “La institucionalización debe ser una medida de último recurso y nunca producto de situaciones de pobreza”.

“Es lamentable que, en muchas oportunidades, los chicos terminen institucionalizados por cuestiones de pobreza”, comentó la asesora tutelar, quien impulsa la figura del abogado del niño, para que cada niño o adolescente cuente con el “derecho a ser oído y a expresar su voluntad, especialmente en situaciones tan delicadas como es la institucionalización”, agregó Musa.

El informe también señala que el gobierno porteño argumenta que en los albergues de la Ciudad “no hay lugar para alojar a más chicos”. “Aquí se ve de manera clara cómo el Estado local transfiere responsabilidades a la sociedad civil, mediante la celebración de convenios con organizaciones ubicadas en la provincia de Buenos Aires”, añade la publicación. “Para casi la mitad de los dispositivos de albergue localizados en otra jurisdicción, el Estado local desdibuja sus responsabilidades de fiscalización y control en un ‘como si’ la localización geográfica lo eximiera de su compromisos en esta materia”, agrega el escrito.

El libro Puertas Adentro también detalla sobre la “creciente medicalización de niños, niñas y jóvenes, el incremento de la atención especializada y la progresiva presencia de la Justicia nacional en detrimento de la administración local”.

Informe: Sabrina Améndola.