Que la situación en las cárceles bonaerenses está al borde del colapso es notorio, pero ahora lo viene a confirmar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicando una medida cautelar solicitada por el CELS y el Comité Contra la Tortura de la CPM para proteger a los detenidos en las unidades 46, 47 y 48 del Complejo Penitenciario San Martín. Y que es urgente su solución también: los días 4 y 12 de este mes las ONG hicieron su presentación y, un día después, el 13, la CIDH dio curso al pedido y notificó al gobierno nacional para que por su intermedio se diera protección a todos los detenidos en las tres unidades, que según datos del propio jefe del área, el ministro Ricardo Casal, suman 1510 presos.

Las tres unidades del Complejo San Martín sintetizan la violencia y el maltrato con que son mantenidos en encierro prácticamente todos los presos del medio centenar de unidades del SPB. El motivo específico de la intervención de la CIDH tiene como origen el pedido de una medida cautelar presentada por el CELS y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. En la presentación, con fecha del 4 de abril, ambas ONG enumeran un extenso memorial sobre situaciones gravísimas con inicio, por poner uno, en octubre del año pasado. El 26 de ese mes, el CELS y defensores oficiales visitaron la U48. “A raíz de una pelea que se había producido dos días antes en el pabellón nº 4 entre tres detenidos con el resto del pabellón. En la recorrida advertimos la situación de violencia y tensión existente en el penal. El pabellón se encontraba bajo el completo dominio de algunos detenidos, denominados ‘limpieza’, que responden a los agentes del SPB”, describe el texto.

También señalaron que buena parte de los internos del pabellón 4 donde se desarrolló la trifulca “estaban drogados con marihuana y pastillas” comercializadas con la “anuencia del propio personal penitenciario”. Tras la pelea, uno de los presos terminó con una faca clavada en la espalda provocándole una lesión medular completa y pérdida de parte de su movilidad. El SPB reprimió violentamente al finalizar la pelea. Tres internos resultaron heridos de gravedad con postas de goma.

Las ONG sostienen que en su visita, dos días más tarde, “encontramos varias personas heridas dentro de las celdas, de las cuales el SPB ni siquiera tenía conocimiento. El autogobierno del pabellón era tan palpable que los detenidos atacados se encontraban heridos y escondidos entre ropas y sábanas ensangrentadas porque los ‘limpieza’ los amedrentaban para que no solicitaran atención médica y no pudieran denunciar a los atacantes”.

El 22 de noviembre, la Suprema Corte bonaerense requirió a Casal que adoptara medidas protectivas. La respuesta de Casal parecería un chiste si no se enmarcara en las vidas que de él dependen o dependían: en el mismo pabellón, el 5 de diciembre, apuñalaron a Luis Molina, quien había sido encerrado en una celda con otro interno con el que tenía graves problemas de convivencia. El SPB recién intervino para retirar el cuerpo de Molina, quien murió desangrado.

Antes de que finalizara diciembre, Juan Manuel Casolati, de la Defensoría General de San Martín, detectó en el mismo pabellón donde asesinaron a Molina, presos heridos en peleas ocurridas el 25 y 26, luego de que el SPB reubicara a tres internos, “intempestivamente, en ese lugar”, teniendo conocimiento de que presentaban problemas de convivencia con los ya alojados. De hecho, pocas horas después, los recién llegados fueron atacados y heridos a mansalva. Al día siguiente, otra vez en ese pabellón, durante otra pelea, un preso recibió un puntazo en un ojo y debió ser internado en un hospital extramuros.

Que las visitas, los informes y la intervención de la SCB no modificaron el panorama lo indica el asesinato de Patricio Barros Cisneros, el 28 de enero, en la U46. Barros Cisneros era hermano de Diego, otro interno de la U48 que había denunciado que sacaban a los presos para robar por encargo de los jefes del penal.

Tal como relató Página/12, a Patricio Barros Cisneros lo mataron entre diez penitenciarios, a golpes, patadas en sus testículos, saltándole encima de su cuerpo, al grito de “acá mandamos nosotros”, porque el interno había reclamado que le dieran un lugar de visitas bajo techo para recibir a su esposa.

La versión oficial acusaba a Barros de haber querido herir a un guardia y provocar una reacción defensiva de la que zafó para arrojarse contra las rejas y morir de un paro cardiorrespiratorio. La autopsia dejó esa versión en la nada: el cuerpo del interno estaba destrozado a golpes, “compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque”. Pero la versión oficial permitió a Casal el tiempo suficiente como para pasar a disponibilidad a cinco prófugos.

El 4 de abril, el CELS y el CCT presentaron el pedido de cautelar a la CIDH, en el que informaban además de una visita realizada el 29 de marzo, a la U47, junto al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto. Tal como informó Página/12 en su tapa del domingo siguiente, Mariotto recibió de dos presos dos facas y un enorme cuchillo, entregadas por jefes del penal para asesinar a otro preso, según declararon los dos internos y su encargada víctima, también presente en la entrega.

El 12 de abril, las ONG enviaron una actualización del pedido (ver aparte): después del 29 de marzo, y tal como se percibió en aquella visita, el clima estaba por estallar: mataron a cinco presos más. Un día después, la CIDH ordenó la medida protectiva al Estado argentino y dio veinte días de plazo para ser informado sobre lo actuado en ese sentido.

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