El ministro de Justicia, Julio Alak, desmintió ayer que el Gobierno haya pedido o sugerido que se pongan fiscales coadyuvantes para investigar al ex procurador Esteban Righi. La medida fue tomada por el reemplazante transitorio de Righi, Luis González Warcalde, quien adujo haberlo hecho a pedido del fiscal de la causa, Jorge Di Lello, quien lo negó en forma terminante ante Página/12. “La Constitución dice claramente que el Ministerio Público es un órgano autónomo independiente, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que el Ejecutivo le dé una directiva”, redondeó Alak. Por otra parte, en el ambiente de los fiscales se sabe que González Warcalde tiene muy poca llegada al gobierno nacional y también es conocido su encono con Righi.

Alak fue entrevistado ayer por el programa Mónica y César, de Radio Del Plata. Estaba visiblemente molesto. “No sólo no lo sugerimos, sino que estamos en contra –sostuvo Alak–, porque el subprocurador no puede utilizar la administración pública en un tema personal que tiene con el anterior procurador.”

El expediente surgió a raíz de la denuncia realizada por el vicepresidente Amado Boudou, quien afirmó que miembros del estudio de abogados en el que son titulares la esposa y el hijo de Righi fueron a verlo dos veces para ofrecerle hacer lobby porque, supuestamente, tendría problemas judiciales en los tribunales federales de Comodoro Py. Boudou sostiene que le estaban anticipando la ofensiva que luego se de-sataría con el caso Ciccone-Boldt. Lo asombroso de la medida tomada por González Warcalde es que la causa –que instruirá el juez Ariel Lijo– todavía no se termina de concretar porque está pendiente la ratificación de la denuncia por parte del vicepresidente. Este lo hará por escrito y el texto se está redactando.

El lunes, González Warcalde citó a Di Lello y le preguntó si necesitaba fiscales coadyuvantes para investigar a Righi. El fiscal le contestó que no, que nunca lo requirió antes y no lo haría tampoco en esta oportunidad. De todas maneras, el subprocurador emitió una orden muy poco después señalando que la reunión fue pedida por Di Lello y que éste le solicitó ayuda. Para colmo, ordenó que uno de sus ayudantes sea el fiscal de Cámara, Germán Moldes, que es incluso un superior.

“La práctica habitual es que cuando hay un delito importante se nombran coadyuvantes cuando el fiscal del caso lo pide –explicó ayer el ministro Alak–. Con su forma de proceder, el subprocurador está afectando la autonomía del fiscal para investigar.”

Entre los fiscales era conocida la mala relación de González Warcalde con el procurador Righi. Este diario consignó en su edición de ayer que el subprocurador siempre pensó que Righi lo relegó a lo largo de sus ocho años de gestión. También existió seguramente alguna desconfianza: González Warcalde firmó un dictamen a favor de Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

González Warcalde está a cargo de la Procuración tras la renuncia de Righi y mientras dura el proceso de nombramiento de un nuevo procurador. Como se sabe, el Ejecutivo postula a Daniel Reposo, titular de la Sigen, y los procedimientos recién están en sus inicios. Teniendo en cuenta su transitoriedad en el cargo, llamó la atención la movida de González Warcalde y más aún que se la adjudicara al Gobierno, con el que tiene escasa relación.

Como se sabe, Righi renunció dejando en claro que defenderá su honor ante la Justicia. En el expediente no será nada fácil demostrar que aquellas visitas de los integrantes del estudio de su esposa e hijo tuvieron algo que ver con la causa Ciccone. Es más, uno de los encuentros se produjo en 2009, un año antes de la quiebra de la imprenta. El vicepresidente dice que las dos entrevistas le parecieron extrañas y que recién cuando apareció el caso Ciccone-Boldt se dio cuenta de la relación.

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