Tres penitenciarios fueron detenidos acusados de torturas seguidas de la muerte de Patricio Jonathan Barros Cisneros. Se trata del preso de la Unidad 46 de San Martín que según la versión penitenciaria se había golpeado la cabeza contra las rejas hasta morir de un paro cardiorrespiratorio después de intentar agredir a un penitenciario que heroicamente se defendió (ayudado por otros diez colegas), el 28 de enero pasado. La detención se produjo después de que los tres (el Chino Ken, Silva y Gallego) fueran pasados a disponibilidad, decisión que se tomó con alguna demora: cuatro meses después del crimen, y porque la familia de Barros Cisneros mantuvo a pie firme el corte del Camino del Buen Ayre. Quedan de todos modos con paraguas cuatro prófugos (Mario, Benítez, Luna y Chaparro). Y el fiscal Héctor Scebba avanza en la línea del encubrimiento agravado a los cuatro jerarcas del penal, Dziata, Orzusa, Fernández y Maciel, que fueron quienes informaron la versión heroica del 10 contra 1.

El 26 y 27 de abril pasado, los familiares de Barros Cisneros cortaron el Camino del Buen Ayre en protesta por la cobertura penitenciaria a los guardias denunciados por asesinar a golpes al joven. La protesta derivó en un contacto de la jefa del SPB, Florencia Piermarini. De la reunión surgió el compromiso de pasar a disponibilidad a los tres penitenciarios, el Chino Ken, Gallego y Silva, que se mantenían trabajando como si nada (ellos, y como si nada el SPB) después de castigar al joven. Los tres habían sido denunciados por los testimonios de los presos que fueron publicados por Página/12 a los pocos días de ocurrido el crimen.

Sin paraguas, cayeron rápidamente bajo la lupa de la Justicia, lo que señala las dificultades de poner la lupa judicial en el intramuros. Las tres detenciones tuvieron lugar el martes, por orden del fiscal de San Martín Héctor Scebba, que lleva el caso desde que el fiscal Carlos Insaurralde fuera desplazado por notoria simpatía con la versión oficial acusada. Los tres habían sido señalados por los presos testigos como parte de la tremenda golpiza que sufrió Barros Cisneros por reclamar un lugar apropiado para recibir a su esposa, y por ser hermano de Diego, amenazado por haber denunciado al SPB por encargar salidas para robar.

Según los testimonios de los presos, Ken es oficial y formó parte del grupo que atacó a Barros Cisneros. Gallego fue quien le pateó los genitales cuando estaba en el piso. Silva, también es oficial y participó de la golpiza y fue quien hizo firmar una declaración a tres internos testigos (el encargado de limpieza Martín José Matilla, el cocinero del Casino de Suboficiales Mario Pandianni y el peluquero Victoriano Acosta) en la que testimoniaban haber visto a Barros Cisneros atacar a un guardia con una faca y luego arrojarse contra la reja. Los tres testigos cautivos declararon ante el fiscal Insaurralde la versión oficial, aunque después dijeron que habían sido amenazados para relatarla. En ese momento, la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, les propició protección enviándolos a Gendarmería.

Fuera de los muros del SPB volvieron a declarar que su primer testimonio había sido una mentira y describieron quiénes la pergeñaron: el director del penal, Leonardo Dziata; los subdirectores Eduardo Orzusa y Daniel Fernández y el jefe de la unidad, Maciel. Casolati presentó entonces una denuncia por encubrimiento agravado a los cuatro jerarcas.

Los testimonios bajo amenaza fueron usados por el jefe máximo del SPB, el ministro Ricardo Casal, para mantener en sus puestos a los del 10 a 1, hasta que la Justicia pidió la detención de cuatro del grupo: Rodrigo Chaparro, que fue quien con una faca arrojada a la escena se autoinfligió heridas en un brazo y una pierna, como testimonio de los motivos que lo impulsaron a la defensa propia; Héctor Mario lo cacheteó en la cara mientras el preso estaba esposado; Gerardo Luna, uno de los que le saltó encima; y César Benítez, que lo tomó del cuello para estrangularlo. Recién después de que los cuatro estuvieron prófugos, Casal ordenó su pase a disponibilidad.

A la semana siguiente del crimen, el caso de Barros Cisneros ya era mencionado en las Naciones Unidas, y a principios de abril el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron en dos ocasiones pedidos de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque en las tres unidades (46, 47 y 48) la situación era espantosa, se agravaba y se habían producido varias muertes más. El 13 de abril, la CIDH otorgó la medida, en la que ordena al Estado argentino proteger la vida de los más de 1500 presos de las unidades 46, 47 y 48 de San Martín, tal como informó este diario.

Mientras, la familia de Barros Cisneros seguía con sus convocatorias a protestar frente al penal y al corte del Camino del Buen Ayre. El martes, después de que el SPB les quitó el respaldo, los tres fueron detenidos.

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