Asociaciones de consumidores y legisladores de la oposición lanzaron ayer una campaña “contra el impuestazo en el ABL” porteño, que culminará con la presentación de dos proyectos de ley que apuntan a morigerar el impacto del último aumento. La campaña incluye un “trabajo territorial” en las comunas más afectadas, donde se convocará a asambleas de vecinos, se recibirán denuncias de afectados por excesivos incrementos y se reunirán firmas en apoyo a las iniciativas.

La Multisectorial contra el Impuestazo fue lanzada ayer en la Legislatura, con la participación de representantes de nueve asociaciones de usuarios y consumidores y de legisladores de seis bloques de la oposición.

En la presentación, los legisladores enunciaron los puntos principales de los dos proyectos de ley que se están consensuando y que serían presentados en los próximos días:

- Que el Ejecutivo envíe a la Legislatura antes del 31 de julio de cada año los valores que utilizará para calcular el impuesto del año siguiente y que el cuerpo tenga 30 días de plazo para aprobarlo o rechazarlo.

- La tasa mínima de 600 pesos regirá sólo para las viviendas, cuyo valor supere los 300.000 pesos (67.400 dólares).

- Estarán exentos del pago los contribuyentes que perciban un haber igual o menor al doble del salario mínimo o la jubilación mínima.

- Los inquilinos que hubieran asumido la obligación de pagar el impuesto estarán exentos del pago del tributo durante dos años.

Tras señalar que los aumentos no resolvieron las situaciones de inequidad, sino que “las agravaron”, el diputado Alejandro Bodart (MST) le reclamó al gobierno de Mauricio Macri que “cumpla el compromiso asumido (en 2007) cuando se acordó hacer una evaluación casa por casa antes de actualizar los valores del impuesto.” María José Lubertino (FpV) sostuvo que el aumento es “innecesario”, ya que la recaudación de la Ciudad “ha subido un 253 por ciento en los últimos cinco años, sobre todo en base al impuesto a los Ingresos Brutos”.

Rafael Gentili (Proyecto Sur) cuestionó a los legisladores que en 2011 acompañaron al oficialismo para aprobar la reforma tributaria porque “delegaron el cálculo del tributo en el Ejecutivo, algo que está prohibido porque es una atribución de la Legislatura”. “A la hora de votar, el PRO dijo que el aumento promedio sería del 66 por ciento, pero cuando llegaron las boletas los incrementos superaban el ciento por ciento”. Como ejemplo, los expositores mostraron el caso de un departamento de Almagro que había sufrido un incremento de 1200 por ciento.

María América González (Buenos Aires para Todos) cuestionó la “política regresiva del macrismo” en materia impositiva. Aníbal Ibarra (FPP) advirtió que “esto recién empieza, ya que la ley habilita a seguir aumentando (el impuesto) hasta llegar al uno por ciento del valor de la propiedad”.