El jueves pasado, una comisión de Interpol Argentina detuvo frente al Hipódromo de Palermo a Jorge Alfredo Fontanals, de 64 años. La información, por sí sola, no explica ni indica nada. Habrá que saber que el detenido estaba prófugo de la Justicia desde 1992. Y que como abogado había sido acusado de formar parte de una asociación ilícita que promovía juicios millonarios contra los entonces Ferrocarriles del Estado, y los ganaba merced a las condenas que establecía el ex juez Alberto Nicosia. Una manera efectiva (y en efectivo) de concluir que las empresas estatales daban pérdidas. A Nicosia lo detuvieron en Uruguay y en 2003 lo regresaron esposado a la Argentina, para que en 2006 la Cámara de Apelaciones dispusiera que el delito de asociación ilícita para realizar estafas reiteradas al Estado había prescripto.

“La detención de Fontanals por parte de PFA-Interpol es un paso importante contra la impunidad y las prácticas corporativas. La confabulación de este abogado y el ex juez Nicosia para estafar al Estado en su momento expone lo que resulta de este tipo de accionar antirrepublicano. Sin complicidades, la Justicia finalmente logra imponerse”, señaló la ministra de Seguridad, Nilda Garré, luego de la detención tras destacar “la profesionalidad” con la que actuó Interpol Argentina para detener al abogado.

El 12 de agosto de 1989, una formación del Urquiza llegó a la terminal de Federico Lacroze y, como ocurrió 23 años más tarde en Once, la máquina siguió de largo y embistió los andenes. A diferencia del caso de TBA, en aquel momento no hubo que lamentar muertes, ni heridos de gravedad. Pero menos de un año después, en julio del ’90, Ferrocarriles Argentinos fue condenada a abonar casi 24 millones de dólares de indemnizaciones por un fallo judicial. La firma estampada correspondía al entonces juez civil Alberto Oscar Nicosia. Los indemnizados fueron 25 presuntos heridos, sumados los honorarios de abogados y peritos.

El 12 de diciembre de ese mismo año, Nicosia se ubicó frente al plenario de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el instrumento que se utilizaba entonces para investigar y destituir a un juez en caso de que se lo encontrara culpable para que pudiera allanarse a la acción de la Justicia.

Pero, ¿qué pasó para que un juez que había firmado un fallo judicial pasara en cinco meses a sentarse en el banquillo de los investigados?

Los diputados de la comisión habían reunido un expediente de 5 mil fojas en las que se reunían pruebas de alrededor de noventa causas mal adjudicadas al juzgado de Nicosia, mediante un reclamo de conexidad con la causa anterior, lo que permitía eludir el sorteo de la Cámara. La cifra de las indemnizaciones totales se estimó en unos 150 millones de dólares.

Nicosia, según la investigación de los diputados, en lugar de convocar no más de dos veces al año a un mismo perito –como lo marcaban las reglamentaciones–, llegó a convocar al perito ingeniero Miguel Nastri en 45 oportunidades. Otras 38 veces al médico legista Alfredo Petracchia; 17 veces al contador Marcos Irwicz; y 30 al psiquiatra José Botelli.

Para dar una idea cabal de la organización, durante el juicio político se determinó que el ex juez llevaba un registro legal de los peritos convocados por su juzgado, y otro registro que reconocía por la letra “T”. Para asombro de los diputados, Nicosia explicó que “les ponía la T de truchos”.

La causa caratulada “Roselot, Luis Carlos contra EFEA, por daños y perjuicios” fue la que saltó los registros de la T a la esfera pública. La Sala E de la Cámara de Apelaciones había pedido el expediente Roselot que había llegado por el fallo indemnizatorio de Nicosia contra Ferrocarriles. Lo que sorprendió a los jueces fue que se presentó el abogado de la empresa y dijo que tenía orden de desistir de la apelación. Lo que significaba que Ferrocarriles aceptaba sin chistar el pago de 31 millones y medio de pesos. Los peritos habían establecido que Luis Carlos Roselot tenía una incapacidad física del 40 por ciento por un presunto accidente de tren. Pero el cuerpo médico forense determinó más tarde que la deficiencia física que tenía era congénita. En mayo de 1990, la Cámara de Apelaciones ordenó realizar una estadística para determinar cuántas de las causas contra Ferrocarriles derivaban al juzgado de Nicosia.

De ahí a que se desmoronara sobre los sorprendidos jueces toda la organización que estafaba al Estado había un solo paso. Y ese paso lo dio Nicosia durante su declaración ante los diputados y las letras T.

Cuando la Comisión de Juicio Político dictaminó la destitución de Nicosia, éste ya estaba en Uruguay. Cuatro veces ordenaron su detención entre 1993 y febrero de 2002 cuando, orden de captura internacional mediante, fue hallado y detenido por Interpol Uruguay en un lujoso yate cerca de Montevideo.

En 2004, el juez Norberto Oyarbide ordenó su detención preventiva, porque “formaba parte de una organización delictiva con fines de enriquecimiento a costa de las actas de esa empresa”. Sin embargo, en 2006, la causa Nicosia prescribió y el ex juez quedó libre. Seis años más tarde, uno de los abogados acusados, Fontanals, quien actuaba como apoderado de supuestos pasajeros lesionados, fue detenido por orden de Oyarbide, para refrescar el camino.