Representantes electos y organizaciones de todas las villas porteñas iniciarán la primera acción judicial colectiva contra el gobierno de Mauricio Macri para reclamar el trazado de al menos una calle, un servicio de transporte, iluminación y recolección de residuos en sus barrios. La presentación apunta a que se termine con la “fórmula siniestra de expulsión y estigmatización” y cumpla con las demandas, anunciadas ayer en el Hotel Bauen en una conferencia a cargo de la Defensoría General de la Ciudad, que patrocinará a los vecinos demandantes. El defensor adjunto, Roberto Gallardo, destacó que “la sociedad dual que fomenta la política de este gobierno es una sociedad no sólo repugnante a la Constitución y a los tratados internacionales sino intrínsecamente violenta”.

La presentación se realizará el jueves al mediodía ante los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y será acompañada por una movilización de los vecinos de los asentamientos y barrios pobres porteños. Gallardo, rodeado de los delegados de las juntas de las villas elegidos en comicios monitoreados judicialmente, detalló que se solicitará a la Justicia que “obligue” a la Ciudad a que, de forma inmediata, ejecute la construcción de al menos una calle que atraviese cada uno de los barrios en cuestión y modifique la ruta de al menos una línea de transporte público para que pase por esa senda.

Además se solicitará que el Ejecutivo garantice un servicio de iluminación que iguale a los barrios pobres con las intensidades lumínicas del resto de la ciudad, remueva la totalidad de la basura que se deposita diariamente en los asentamientos, “como si éstos fueran verdaderos vaciaderos públicos”, y que se modifiquen los sistemas de recolección y barrido, igualándolos al resto de la ciudad.

La presentación judicial “no pretende ser una solución a toda la problemática descripta sino el puntapié inicial para la concreción efectiva de mejoras imprescindibles”, apuntó el comunicado leído por el defensor adjunto. El texto denuncia que “los barrios pobres y las villas de la ciudad están siendo segregados, marginados, expulsados dentro del propio territorio de Buenos Aires. En vez de integrarlos, urbanizando adecuadamente, el Gobierno de la Ciudad ha obrado generando muros que dividen a los pobres del resto”.

“Con la misma lógica de los guetos, directa o indirectamente se fomenta la concentración de los grupos pobres en barrios específicos, generalmente del sur de la ciudad, y se los aísla de la urbe, obligándolos a vivir en las peores condiciones de aislamiento y desatención”, continúa el comunicado. En ese sentido, cita como ejemplo cercano de esa “fórmula siniestra de expulsión y estigmatización” el caso del desalojo realizado el lunes de la semana pasada en un hotel ubicado en la avenida Brasil, a media cuadra de Entre Ríos, en Constitución. Las 33 familias inquilinas que vivían allí fueron echadas de forma violenta a la calle sin los protocolos de rigor, como la garantía de una solución habitacional, y duermen en una carpa hace más de una semana sin siquiera la provisión de alimentos que el Ejecutivo porteño debe entregarles, según dispone un amparo.

Además, sigue el texto, “poco o nada ha hecho (el gobierno de Macri) en materia de vivienda social, nada ha hecho para urbanizar barrios pobres, menos para igualar las asimetrías en servicios públicos. Las ambulancias siguen sin llegar en término frente a la urgencia, los chicos adictos al paco no tienen alternativa estatal disponible, y como eso infinitos ladrillos que conforman el muro de segregación más cruento y vergonzoso de la Nación”.

El recurso judicial es novedoso en varios sentidos, aseguró Gallardo a Página/12. “Es la primera vez que casi el 90 por ciento de los barrios está regularizado en su representación política, tras un proceso electoral de casi cinco años. También es la primera vez que los referentes electos de todos los barrios se unen para hacer un planteo judicial en base a un reclamo común, y es la primera vez que la defensa pública asume el patrocinio de un colectivo tan importante.”

Por su parte, las organizaciones sociales y políticas que llevarán adelante la demanda anunciaron que realizarán una movilización para acompañar la presentación y para reclamar el desprocesamiento de Luciano Nardulli y Diosnel Pérez, ambos comprometidos en la causa del Parque Indoamericano.

El comunicado leído ayer expresa que una ciudad que invierte millones de pesos en una carrera de autos por sus calles, entre otros gastos, “no tiene autoridad moral para negarles a sus vecinos, a sus habitantes, comunicación, transporte, iluminación y sanidad”, y advierte que “no hay paz en una sociedad que siembra violencia a través de la indignidad”. Gallardo explicó a este diario que “no es la violencia en términos del ilícito y la bala, es la violencia por las condiciones de existencia”.

Informe: Rocío Magnani.