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El secretario de Culto, Esteban Caselli, cuestionó en duros términos la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, cuya sanción fue impulsada por el Gobierno y en forma personal por el ministro de Salud, Ginés González García, y por la coordinadora de Políticas Sociales, Hilda “Chiche” Duhalde. Caselli, mano derecha del canciller Carlos Ruckauf, consideró que es “inconstitucional” y “un mero eufemismo del aborto”. Sus expresiones quedaron plasmadas en un memo reservado –al que accedió Página/12– enviado a los representantes argentinos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que sesionó días atrás en Ginebra, a los que les ordenó oponerse en foros internacionales a cualquier declaración que avance en favor de los derechos sexuales y reproductivos.
Por sus vínculos con el Vaticano y su alineación con el pensamiento más conservador de la Iglesia Católica, las afirmaciones de Caselli sobre la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable no resultan sorprendentes. Lo que es llamativo es que “se haya arrogado facultades en política exterior que la ley de ministerios no le da a su secretaría. Eso es abuso de autoridad clarísimo”, comentó una fuente de la Cancillería. Sus opiniones fueron vertidas en el marco de las instrucciones que dio a los diplomáticos argentinos que participaron de las votaciones en la Comisión de Derechos Humanos, entre ellas, la que rechazó –junto con los países musulmanes– una resolución de la ONU contra la discriminación por orientación sexual, y que, tal como informó Página/12, fue cajoneada hasta el año próximo con el apoyo de la Argentina.
Caselli se explayó sobre la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable al dar instrucciones en relación con las resoluciones sobre derechos del niño y la mujer. El secretario de Culto aprovechó ese paper reservado para dejar en claro a los representantes argentinos en Ginebra que deben oponerse a cualquier resolución que defienda los derechos sexuales y reproductivos. Caselli afirmó en el memo que la norma, sancionada en octubre tras varios años de debate en el Congreso, está cuestionada por “inconstitucionalidad” en varios tribunales de primera instancia del país, pero no menciona que la Cámara Federal de Córdoba dictaminó su perfecta constitucionalidad. Indicó que es aplicable “sólo en aeronaves y legaciones diplomáticas” (sic). Incluso, consideró que es “un mero eufemismo del aborto”, pese a que la ley en ningún momento se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo y no hace otra cosa que garantizar, por primera vez en la historia del país, el acceso gratuito a la anticoncepción a toda la población.
Las expresiones de Caselli significan un gran cortocircuito dentro del gabinete nacional. La sanción de la norma fue apoyada por González García y por la esposa del presidente Duhalde, y su implementación fue reglamentada en los últimos meses por el Ministerio de Salud. La jerarquía católica –de la cual Caselli es una especie de vocero– intentó trabar la entrada en vigencia de la ley, pero no tuvo éxito. El ministro de Salud encaró una compra millonaria de anticonceptivos para distribuir en todo el país. La Iglesia Católica cuestiona la inclusión del dispositivo intrauterino (DIU) entre los métodos a entregar en los hospitales porque lo considera “abortivo”, a pesar de que no existen fundamentos científicos que sostengan tal afirmación. Tampoco acepta que los adolescentes puedan acceder a los servicios de procreación responsable sin permiso paterno.
Ex operador menemista, el secretario de Culto es el mismo funcionario que siendo embajador en la Santa Sede, en 1998, fue mentor de la instauración del Día del Niño por Nacer, creado por el ex presidente Carlos Menem como día de militancia contra el aborto. Antes, en 1993, había conseguido que el Papa condecorara a Menem con el Gran Collar de la Orden de Piana, una distinción que el Vaticano concede a muy pocos jefes de Estado. Cuando recién ingresó al gobierno menemista, allá por 1989, sus amigos le decían “Cacho”. Con el tiempo, se fue convirtiendo en “El Obispo”.