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Seguramente, los 60.000 aspirantes a ocupar cargos legislativos y municipales de Tucumán quedaron estupefactos cuando supieron que la justicia electoral local decidió la suspensión de los comicios del 29 de junio. Los jueces consideraron como inconstitucional la Ley de Lemas con que se rige la provincia. Si bien la decisión produjo, por así decirlo, consternación en los candidatos, el gobierno sería uno de los principales beneficiados porque de esta manera se suspenden las internas abiertas obligatorias. Julio Miranda, el gobernador responsable de las muertes de decenas de niños por desnutrición, cree que el parate de los comicios partidarios le favorece porque teme una posterior diáspora justicialista que así debilite a su candidato, el actual senador José Alperovich.
La causa por la que la Justicia decidió la suspensión de los comicios se originó el año pasado cuando el veterano abogado Clímaco de la Peña presentó un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Lemas con la que Tucumán viene eligiendo a sus representantes desde 1995. El problema, según el abogado, está en las laxas condiciones que tiene la norma para la inscripción de sublemas. Y esto se demuestra con los 2277 sublemas –de los cuales 1300 son justicialistas– que se presentaron hasta el martes por la noche cuando se conoció el fallo judicial.
Los números tucumanos son ciertamente sorprendentes y dan cuenta de la degeneración institucional que produjo esta Ley de Lemas, donde cada sublema se parece más a un microemprendimiento que a la expresión política de un sector partidario. Por ejemplo, Tucumán se rige por una Legislatura unicameral con 40 bancas. Para esa exigua cantidad de escaños hay 8900 aspirantes de los cuales 5600 son por la capital, 1600 por el este provincial y 1700 por el oeste de Tucumán.
El dato excluyente para explicar tanto fervor para candidatearse es que cada legislador cobra, por todo concepto, la friolera de 12.000 pesos. ¿Parece mucha plata? Hasta el año pasado era el doble.
En el caso de los concejales, el número de inscriptos para hacerse de las bancas de Concejos Deliberantes de las 19 intendencias, el panorama asciende a 50.900 interesados. Si bien la dieta de un concejal por la capital apenas puede parecer poco –asciende a 1840 pesos mensuales más unos 1500 para funcionamiento, previa rendición de gastos con facturas–, en una provincia superendeudada, con bonos provinciales devaluados en casi un 15 por ciento y un sueldo promedio de 300 pesos, la dieta de concejal se vuelve una presa más que apetecible y hasta casi salvadora.
Más allá del tema de la cuestión económica, la resolución judicial zanja en parte uno de los problemas políticos que tiene Miranda con su partido. La suspensión de los comicios provinciales provocó también la caída de las internas abiertas obligatorias. Hasta ayer, el polémico gobernador enfrentaba un serio problema en la capital, donde había cuatro aspirantes a intendente y su inclinación por una de esas listas podía significar una eclosión en el PJ. Quiebre que sin duda debilitaría a su partido ante el ascendente candidato a intendente de Fuerza Republicana, el genocida Antonio Bussi.
La resolución de la Justicia fue tomada con beneplácito por la oposición ya que obliga al Parlamento provincial a reformar en un plazo de 10 días el artículo dos de la norma. En ese ítem se especifican las condiciones para inscribir un sublema. Son realmente polémicas. Un aspirante a legislador por la capital tucumana necesita 300 avales, en tanto que uno de la sección este o del oeste sólo debe recoger 150. Ahora bien, la norma permite que el propio candidato sea fedatario de esos avales. Por lo tanto puede asegurar que aquellos que lo acompañan realmente existen y no es necesario otra constatación.
De todas formas, la decisión judicial esconde una pequeña trampa ya que si bien los jueces cuestionan el mecanismo de inscripción de sublemas,decidieron suspender toda la elección, incluso la de gobernador que tranquilamente podría continuar. Según integrantes del partido Unión por Tucumán, que lidera el ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez, la resolución favorece al delfín de Miranda porque, de haber comicios el 29 de junio, Alperovich sería derrotado.