Las políticas de “mano dura” aplicadas en algunos países de América latina, en lugar de aportar soluciones “agravaron la violencia” porque para poder aplicar esos planes “se restó apoyo a las medidas de prevención del delito”, expresaron en forma coincidente dos informes presentados por la ONU y la OEA en Tegucigalpa, Honduras. “La falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito en ocasiones ha conducido a (...) la estigmatización de personas o grupos”, favoreciendo “la aparición de grupos de ‘limpieza social’, como ‘escuadrones de la muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares”, dijo la ONU en un documento titulado “Seguridad ciudadana y derechos humanos”. En ese marco de violencia institucional, en América latina y el Caribe “siete de cada diez víctimas de homicidio son jóvenes”, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su documento “Justicia Juvenil y DD.HH.”.

En el encuentro se puso de manifiesto que en los últimos años, para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado –sobre todo el narcotráfico–, se aplicaron “políticas represivas”, como la baja de la edad de punibilidad o la militarización de las grandes ciudades.

La paraguaya Rosa María Ortiz, relatora sobre derechos de la niñez de la CIDH, lamentó que países de América latina, en especial los del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) hayan registrado “los índices de criminalidad más altos en el mundo”. Según datos incluidos en los informes, mientras la media mundial es de unos ocho asesinatos por cada 100.000 habitantes, en algunos países de América latina las tasas promedio oscilan entre 20 y 30 por cada 100.000.

El asesor de DD.HH. de la ONU en Honduras, Antonio Maldonado, comentó que las medidas de “mano dura” no llevaron a la reducción de la criminalidad, sino al “agravamiento de los problemas”, por el aumento de la intolerancia y “la limitación de libertades”. Por esas razones, los informes señalaron “la necesidad urgente de priorizar la prevención de la criminalidad y la violencia sobre aquellas políticas de exclusiva represión”.

Según Ortiz, la violencia en América latina “puede y debe ser revertida comenzando por asegurar los estándares de protección que requieren aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad ante la violencia y el delito, como son los niños y adolescentes”. Además del costo en vidas humanas, la violencia impacta significativamente sobre la economía, al punto que se ha estimado que el gasto de la aplicación de políticas represivas fluctúa entre el 2 y el 15 por ciento del PBI.

Ortiz resaltó que un “ejemplo palpable” de violencia y desigualdad es que “la población joven” en la región “muere en cantidad de 40 por cada 100.000, cuando la tasa mundial es de ocho por cada 100.000 habitantes”. Agregó que a pesar del avance que significó la Convención sobre los Derechos del Niño, “hay muchas debilidades (...) por la distancia entre el discurso normativo y la realidad que enfrentan los niños”.

Los informes denuncian que la policía “trata a menudo de forma discriminatoria a la infancia y adolescencia”, arrestando de manera selectiva “a quienes son más pobres, pertenecen a minorías, o a quienes por su apariencia son considerados miembros de ciertos grupos” asociados al delito. Recomiendan a los Estados miembros de la CIDH disponer medidas administrativas o legislativas para garantizar la seguridad de los niños y jóvenes que “no son responsables de la violencia que algunos sectores pretenden atribuirles, sino que más bien son víctimas”.