Uruguay volverá a debatir el aborto el próximo martes en la Cámara de Diputados. El proyecto consensuado hace dos semanas en una comisión especialmente creada para discutir el tema amplía las circunstancias en que la interrupción voluntaria del embarazo se considera no punible, pero no despenaliza y legaliza la práctica, como sí lo hacía la iniciativa aprobada en diciembre en el Senado. Pero el Frente Amplio no llegaba a reunir los votos necesarios para convertirlo en ley –entre sus propias filas algunos legisladores lo rechazaban– y decidió apoyar una propuesta de otro bloque, más restrictivo, que llegará al recinto con un fuerte cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos sexuales y reproductivos. “Es el proyecto posible. Sin duda el que se votó en el Senado es mucho mejor porque reconoce, en determinadas situaciones, la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo. De todas formas, será un avance”, se sinceró en diálogo con Página/12 la senadora y presidenta del FA, Mónica Xavier, histórica impulsora de la despenalización en Uruguay.

El proyecto conforma a pocos: las feministas históricas lo cuestionan porque no consagra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que quedan más que nunca en manos del poder médico. La Iglesia Católica está enojada porque pretende criminalizar cualquier tipo de aborto y, por lo tanto, no tolera que se lo habilite bajo ningún concepto. El opositor Partido Nacional ya anunció que juntaría firmas para convocar a un plebiscito para revocar la ley. En el FA insisten en que es el texto que hoy pueden lograr votar.

La propuesta que llegará al recinto establece que “la interrupción del embarazo no será penalizada” para el caso de que la mujer cumpla voluntariamente con una serie de requisitos y se realice antes de las doce semanas de gravidez. El procedimiento que se fijó es bastante engorroso: la mujer deberá acudir dentro de ese plazo a la consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud –que abarca a públicos y privados–, “a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias, que, a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso”. Después tendrá que tener una entrevista con un equipo interdisciplinario, que le informará sobre los riesgos del aborto, las alternativas a la interrupción del embarazo y los programas de apoyo social a la maternidad o de adopción. Desde la Coordinadora por el Aborto Legal, que integran jóvenes de distintas organizaciones sociales, cuestionaron este punto –entre otros– porque consideran que se busca convencer a la mujer de que desista del aborto. La meta es que “haya una instancia de apoyo y que la mujer disponga de información para poder decidir libre y responsablemente”, explicó el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, de raíz cristiana y concepción conservadora, y autor del proyecto original, al que el FA le introdujo algunas modificaciones. Luego de esa instancia, la mujer tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de abortar se coordinará el procedimiento.

Fuera del plazo de las doce semanas el proyecto prevé, como excepción, autorizar el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las catorce semanas de gestación. “Que las mujeres o adolescentes embarazadas como resultado de violación o incesto tengan hasta las catorce semanas para abortar es un retroceso en la legislación vigente, no considera la situación de vulneración en que se encuentra una adolescente o mujer luego de haber sufrido dicho delito. La ley vigente del año 1938 no exige a las mujeres que se encuentran en estas circunstancias plazos para realizar un aborto”, objetó la Coordinadora por el Aborto Legal, en un comunicado de prensa.

“Si bien el proyecto no define los procedimientos aconsejados para la interrupción, en su articulado refiere que el Ministerio de Salud Pública deberá llevar un registro estadístico de los abortos farmacológicos, lo cual daría a entender que no se exigirán otros métodos para realizar el aborto. Si esto se sostiene en la reglamentación de la ley, se restringiría a las mujeres el derecho a elegir otras posibilidades existentes para la interrupción del embarazo”, cuestionó Lilián Abracinskas, integrante de Mujer y Salud de Uruguay (MySU).

El acceso al aborto estará habilitado para ciudadanas uruguayas naturales o legales y para extranjeras que demuestren un año de residencia en el país. Las menores de 18 años y las mujeres declaradas incapaces, si no tienen el consentimiento requerido de tutores o responsables, deberán presentarse ante el juez, quien determinará que la decisión es voluntaria, espontánea y consciente, y dará lugar al procedimiento.

El FA decidió trabajar sobre el proyecto de Posadas, que originalmente era aún más restrictivo, porque no cuenta con los votos en su propio bloque para aprobar la despenalización del aborto con media sanción del Senado. “El Frente Amplio respeta la objeción de conciencia y para el proyecto del Senado le faltaban dos votos. Surge un voto extra Frente Amplio que tiene un proyecto muy condicionado, que se mejora, pero no lo suficiente. De todas formas, será un avance que tendrá su máximo alcance si trabajamos para que las mujeres sepan que podrán consultar sin estar cometiendo un delito. En definitiva, es un aborto no punible en determinadas circunstancias. Ser asesorada adecuadamente, recibir el misoprostol del sistema de salud sin los riesgos del mercado negro o recibir otros procedimientos de parte de los profesionales adecuados es un avance que no les podemos negar a las mujeres uruguayas”, señaló Xavier, senadora y presidenta del FA.

¿Es mejor este proyecto que la ley vigente? “Me parece que sí”, coincidió la ex diputada uruguaya del FA y feminista Margarita Percovich. “Para quienes recibimos los llamados desesperados de ‘cómo hacer’ frente a un embarazo no deseado, las alternativas hoy son muy limitadas. El mayor problema es el mercado negro de misoprostol y sus consecuencias, y el no acompañamiento del proceso de su uso. Espero que la reglamentación habilite otras formas de realización de la interrupción del embarazo más allá del aborto con medicamentos, porque es claro que el misoprostol no es totalmente efectivo para todos los casos, lo que redunda en situaciones enojosas en las que hay que actuar por parte de los propios médicos con un raspaje”, consideró Percovich.

Desde organizaciones de mujeres advierten que el proyecto introduce un problema mayor: si una mujer se presenta a pedir un aborto y en el trámite se pasa del plazo de doce semanas, y queda registrada en su historia clínica la solicitud, corre el riesgo de que si se hace el aborto en forma clandestina, pueda ser denunciada por algún integrante de organizaciones antiderechos que buscan perseguir a las mujeres en esas circunstancias.

Se necesitan 50 votos para que el proyecto sea aprobado: la bancada oficialista aportaría 49 y el otro sería el de Posadas, del PI. Luego, el proyecto tiene que pasar nuevamente al Senado. Se espera que allí se trate a “carpeta cerrada”, aunque hasta último momento nadie puede garantizar que finalmente se convierta en ley.