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Representantes de la comunidad mapuche Huayquillán de Caviahue-Copahue, Neuquén, solicitaron a las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que rechace la financiación para una planta de geotermia minera que produciría electricidad a través de la extracción de vapores subterráneos y que sería emplazada sobre el volcán Copahue. El fundamento parte de su cosmovisión: “Afectaría la integridad cultural de la comunidad”, advierten, por la vinculación que mantienen con el pillán (volcán o espíritu, en mapuche). “Es lo mismo que quieran hacerlo en el Santo Sepulcro”, graficó el abogado de la comunidad, Cristian Hendrickse. En el petitorio presentado apelan a la normativa interna del banco que apunta a respetar la decisión de las comunidades y a la concepción de “propiedad” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La comunidad Huayquillán vive entre las localidades de Caviahue y Copahue, separadas por 20 kilómetros de paisaje cordillerano y aguas termales, donde viven unas 600 personas. Durante el invierno, permanecen en Caviahue. En la “veranada”, como la llaman, en Copahue, para aprovechar la fertilidad de la tierra y sembrar. Earth Heat Resources, una empresa con sede en Australia, se instalaría ahí, en 1400 hectáreas que el gobierno neuquino le concesionó a través de la Agencia para la Promoción de Inversiones. El terreno pertenece al Parque Provincial Copahue, un área protegida y declarada en emergencia ambiental. El BID aportaría el 70 por ciento del presupuesto para la obra. Y, según indica la página web de la empresa, abastecería parte de la provincia y al proyecto minero Pachón, en San Juan, también rechazado por comunidades indígenas y asambleas de vecinos.

Hendrickse llegó a la capital porteña junto al Lonko Pedro Huayquillán, Adrián González y Paula Kubli, para una reunión con Alberto Levy, especialista en geotermia del BID. Desde la entidad informaron que la evaluación del proyecto podría demorar unos dos años.

Los dirigentes de la comunidad sostienen que es “inadmisible la viabilidad sociocultural” del proyecto. Y solicitan que se tenga en cuenta la resolución del trahún (asamblea), que rechaza “cualquier proyecto de exploración o explotación de vapores endógenos del volcán”. “Todo está en riesgo y el volcán ya se manifestó”, contó Pedro con el ceño fruncido. Para ellos, el proyecto representa un “desafío al volcán”: “Cuando tiene problemas una comunidad, se manifiesta el pillán y repercute en las demás comunidades”, explicó.

Además, apelaron a las salvaguardias de la Política Operativa Sobre Pueblos Indígenas que el BID establece a la hora de financiar un proyecto. Una de las cláusulas señala que la entidad “requerirá evidencia de que el proponente del proyecto ha llegado a acuerdos satisfactorios y debidamente documentados con los pueblos afectados o se ha tenido su consentimiento”. Lo que los habitantes se niegan a dar. Por último, explican que la Corte Interamericana considera que para las comunidades la tierra es “un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente”.

Informe: Carla Perelló.