El lunes pasado, el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, recibió un escrito con fecha del día, pero referido a una masacre ocurrida hace 35 años: la conocen como el Motín de los Colchones, en el pabellón siete de Devoto, nombre que oculta otro nombre más descriptivo de lo que ocurrió: la Masacre del Pabellón 7. El 14 de marzo de 1978, al menos 64 presos del Pabellón 7 murieron incinerados, asfixiados o fusilados por guardias del Servicio Penitenciario Federal. El 14 de marzo pasado, el Cepoc y un sobreviviente colocaron una placa en la puerta del pasillo que conduce al pabellón. Una semana después, presentaban a Rafecas un escrito por el que solicitaban la reapertura de la causa. La intención es demostrar que no se trató de una gesta suicida de un centenar de presos “comunes”, sino el trato despiadado del mismo SPF que participaba en las torturas y desapariciones de los presos políticos.

La presentación se realizó ante el juez Rafecas porque se hizo en el marco de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército, que tiene asiento en ese juzgado, porque las autoridades del SPF rendían cuentas al Primer Cuerpo. El escrito fue firmado por la abogada Claudia Cesaroni, representando al Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), y Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre.

El texto consistió en el pedido que por cuestiones técnicas se denomina “de reapertura”, pero que por cuestiones prácticas debería llamarse “apertura”, porque la causa jamás fue investigada. En aquel momento, “el juez federal Guillermo Rivarola y su secretario Eduardo Guanziroli fueron cómplices de una masacre, la de al menos sesenta y cuatro presos ‘comunes’, en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto”, señaló Cesaroni, con comillas en comunes.

“Querellamos a los responsables –sostuvo la abogada del Cepoc–, en primer lugar al coronel Jorge Antonio Dotti, a cargo del Servicio Penitenciario Federal de entonces; al director de la Unidad 2 (Devoto) prefecto Juan Carlos Ruiz; al jefe de Seguridad Interna, alcaide mayor Horacio Galíndez; al segundo jefe de Seguridad Externa, subalcaide Víctor Dinamarca; al jefe de Requisa, alcaide Carlos Aníbal Sauvage; a los jefes de Turno, subalcaides Antonio Bienvenido Olmedo y León Oscar Guinnard; al subprefecto Armando Raimundo Gómez, subdirector de la Unidad 2 e instructor de la causa; al secretario de dicha instrucción, Juan Antonio Rossi, tanto en su calidad de autores, instigadores, cómplices y/o encubridores de los delitos de tortura seguida de muerte, homicidio agravado, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de que en el curso de la investigación surjan nuevos responsables”.

El pedido alcanza a otros funcionarios, incluidos los judiciales, y a todos aquellos que por cualquier motivo hayan intervenido al producirse la masacre, se trate de personal militar, penitenciario, civil o judicial. Y especialmente piden la investigación de los funcionarios de la “Justicia Federal y de instrucción intervinientes en la causa en cuestión, a fin de determinar la posible comisión de delitos de acción pública”.

Los hechos cuya investigación se solicita fueron denunciados en 1985 y 1987 por Daniel Barberis y Elías Neuman respectivamente, en sus libros Los derechos humanos en el otro país y Crónica de muertes silenciadas, sin que hasta la fecha se haya procesado a persona alguna por aquella brutal masacre.

El escrito forma parte de una investigación iniciada por Cesaroni, quien hace dos años logró contactar a un sobreviviente de la masacre, Hugo Cardozo, y fueron reuniendo datos, archivo, colaboraciones, con un objetivo: correr el nombre/telón de Motín de los Colchones, que no hace otra cosa que responsabilizar a las víctimas, demostrar que el trato propinado por los penitenciarios formaba parte de un plan del SPF orquestado para cumplir y ganar confianza entre las jerarquías militares, y que las 64 muertes y veintena de heridos debieran considerarse como tortura y malos tratos crueles y degradantes.

En caso de que Rafecas aceptara reabrir (iniciar) la causa, se abriría uno de los objetivos de la investigación: poner en un pie de igualdad a los presos “comunes” y los presos políticos de aquel momento, igualados por el mismo maltrato. Es decir, que sea posible definir las al menos 64 muertes como un caso de delitos de lesa humanidad, lo que fijaría su imprescriptibilidad. El segundo paso, que finalmente después de 35 años se lograra hacer justicia.