La polémica por la construcción del Centro Cívico en terrenos que pertenecen al Hospital Borda, proyectada por el macrismo, tendrá hoy un nuevo capítulo en la Legislatura. Los titulares de los bloques opositores, luego de escuchar un informe a cargo del ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chaín, plantearán la “absoluta ilegalidad” de la iniciativa de la gestión PRO. La postura opositora fue explicada por el legislador Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico, quien afirmó que “el terreno (donde se proyecta la obra para trasladar allí a la administración pública porteña) continúa catalogado en el Código de Planeamiento Urbano como ‘E4 33 Hospital Neuropsiquiátrico Tiburcio Borda’”. Esto significa que “para cambiar el uso, aunque sea de una parte, es necesario modificar el código con una ley de la Legislatura” que, además, para ser sancionada, debe contar con 40 votos, es decir obtener los dos tercios del total de 60 bancas.

Camps señaló también que la norma “E4 33” que ampara al Borda debe pasar el procedimiento de “doble lectura”, que significa que, luego de lograr los 40 votos favorables en una primera votación (el PRO tiene 26 diputados), debe realizarse una audiencia pública para debatir el tema y finalmente reunir otra vez el apoyo de los dos tercios, para recién allí ser aprobada. Camps sostuvo que “el gobierno de Mauricio Macri quiere obviar el trámite legislativo reemplazándolo por un acta de cesión de tierras entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Urbano”.

Camps señaló que, al mismo tiempo, “se pretende violar la Constitución de la Ciudad, forzando una resolución judicial en un juzgado de primera instancia”. Hizo alusión, en este punto, al fallo de primera instancia de la jueza Andrea Danas, citado por el macrismo como habilitante para demoler el Taller Protegido Nº 19 del Borda. Como se sabe, el edificio estaba amparado por una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que había suspendido la validez del fallo de la jueza Danas.

La norma “E4 33” sólo permite la ejecución de “construcciones complementarias al hospital en hasta el 20 por ciento del terreno”, precisó Camps. El legislador agregó que “el nuevo distrito gubernamental” que proyecta el oficialismo “bajo ningún punto de vista complementa el trabajo del hospital” Borda. El diputado socialista dijo que la oposición espera que el ministro Chaín “venga a la Legislatura a explicar por qué desplegó una fuerza represiva en un hospital público para violar la Constitución de la Ciudad, la legislación vigente y la medida cautelar oportunamente dispuesta por la Cámara de Apelaciones”.

En una reunión que se realizó ayer, representantes de los diferentes bloques opositores de la Legislatura porteña acordaron plantear “la ilegalidad” del proyecto macrista tal como se está ejecutando y recordar que el Borda es “patrimonio arquitectónico de la Ciudad, incluyendo todas las parcelas y dependencias”. El ministro Chaín concurrirá hoy a las 11 al Salón Montevideo del Palacio Legislativo. Los primeros 15 oradores serán del público, con presencia de las organizaciones sociales y gremiales que trabajan en el Borda; luego expondrá Chaín, quien a continuación responderá a las preguntas de los jefes de bloques de la oposición y las que formulen otros diputados.

Además del planteo ante Chaín, legisladores de la oposición se reunieron ayer con dirigentes de distintas organizaciones sociales con el objeto de estudiar la redacción de una ley que prohíba la construcción del Centro Cívico, cuyo costo asciende a 400 millones de pesos. Del encuentro participaron representantes de las agrupaciones Pan del Borda, Cooperanza, Frente de Artistas del Borda y La Colifata. Las organizaciones fueron las que solicitaron la confección del proyecto de ley, que seguirá siendo analizado por unos 15 legisladores, luego del informe que presentará hoy el ministro Chaín ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

Por su parte, el legislador del MST, Alejandro Bodart, presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 una ampliación de la denuncia que había impulsado contra Macri, Chaín, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el jefe y subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y Enrique Pedace, por la violenta represión ocurrida el 26 de abril en el Hospital Borda, donde resultaron heridos trabajadores, dirigentes gremiales, pacientes y periodistas.

Bodart agregó “el delito de dolo eventual a la denuncia que ya había presentado por daño, lesiones, abuso de autoridad y uso de la fuerza desproporcionada”. Aclaró que “el dolo eventual es por el esparcimiento del asbesto en el ambiente durante la demolición del taller protegido”. Agregó que las chapas de fibrocemento del techo de la construcción “tenían asbesto, un material cancerígeno, prohibido en la ciudad y en el país”. Bodart sostuvo que a este material “si no se lo trata con determinado protocolo y se esparce en el aire es altamente cancerígeno”. Resaltó que “toda la gente que estaba ese día en el Borda aspiró esa porquería porque no hicieron lo que debían” hacer, en referencia a la cuadrilla enviada por el gobierno porteño. “Al demoler el taller con una topadora se esparció esa sustancia por toda la zona”, concluyó.