Trabajo en negro, trata de personas, explotación infantil, reducción a la servidumbre. Por estos delitos fueron denunciados los dueños de un predio rural en la provincia de Salta, luego de una inspección realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Entre las acusaciones se conoció la que afecta a un niño de 12 años que fue hallado realizando tareas de desmonte, sin poder asistir a la escuela, en franca violación al artículo 148 bis del Código Penal. La denuncia se hizo ante el Juzgado Federal de Orán y recayó sobre Hernán González y la firma El Curaca SA. Se trata del primer caso de trabajo infantil desde que se sancionó la ley que reprime ese delito con prisión.

Según el informe de la AFIP, se trata de un establecimiento rural que tiene a unos 56 trabajadores viviendo desde hace cuatro meses en condiciones infrahumanas, incomunicados, sin registrar y sin percibir salario desde hace cuatro meses, momento en que fueron trasladados al monte. Los trabajadores cumplían sus tareas de desmonte con herramientas precarias, sin protección en sus manos ni en sus ojos, y no contaban con ningún elemento de seguridad laboral. Tampoco el predio contaba con elementos de primeros auxilios ni medicamentos.

Otras de las condiciones ilegales señaladas por la AFIP fueron las jornadas laborales de más de 10 horas y la imposibilidad de regresar a sus hogares, ya que el desmonte se realizaba a 80 kilómetros de la localidad más cercana y se encontraban incomunicados, sin movilidad y sin conocer el terreno.

Junto a los trabajadores vivían 16 familiares de ellos, entre quienes había mujeres y niños provenientes de pueblos originarios, que residían en esos campos en condiciones de vivienda infrahumanas.

El informe detalla además que los trabajadores vivían en chozas rudimentarias confeccionadas con plásticos y restos de ramas de los árboles; dormían en camas armadas con palos y otros directamente sobre la tierra. Tampoco tenían agua corriente, ni luz eléctrica, ni sanitarios de ningún tipo, con lo cual los trabajadores no podían asearse.

La denuncia señala que los trabajadores fueron llevados desde la localidad de Coronel Sola (Morillo) –ubicada al norte de esa provincia– por el contratista.

“El galpón adonde tenían la comida lo tenían a varias horas caminando. Uno de los empleados comenta que hace tres semanas que no comen, por lo tanto cazan quirquinchos”, relató a Página/12 un vocero de la AFIP. Los trabajadores “viven desde hace cuatro meses en condiciones infrahumanas, incomunicados, y además no les pagaban el salario prometido”.

La AFIP formuló la denuncia ante el Juzgado Federal de Orán por explotación infantil, reducción a la servidumbre y trata de personas contra los titulares de los predios y del contratista. El organismo estimó una evasión y multas correspondientes a los recursos de la seguridad social de aproximadamente 360 mil pesos.

Las tareas de desmonte se llevaban a cabo a más de 80 kilómetros de distancia de la localidad más cercana. Los trabajadores no podían regresar por sus propios medios a su lugar de origen, ya que fueron llevados hasta allí por el propio contratista, quien venía cada tres días al predio a dejarles alimentos, que les resultaban escasos. Además se los anotaba en una libreta –sin precio– para descontarles luego de sus haberes.

Los inspectores de la AFIP constataron también que los empleados se encontraban sin recibir pago alguno desde hace cuatro o cinco meses. También manifestaron que no tienen la posibilidad de regresar por sus propios medios a su lugar de origen, dado que se encontraban incomunicados, sin movilidad y sin conocer el terreno.

De este modo, la AFIP verificó indicadores de la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, por lo que formuló la denuncia penal ante el Juzgado Federal de Orán por explotación infantil, reducción a la servidumbre y trata de personas contra los titulares de los predios y del contratista. La denuncia recayó sobre Hernán González y la firma El Curaca SA.

Días atrás fue promulgada la ley 26.847 que reprime con prisión de uno a cuatro años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave. La denuncia de la AFIP constituye así el primer caso al amparo de la nueva legislación.