Reclamos a favor de Beatriz, luego de que la Corte salvadoreña rechazara su pedido para interrumpir el embarazo.

En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máximo tribunal en la materia del continente, ordenó ayer al Estado salvadoreño garantizar “de manera urgente” la interrupción del embarazo que reclama Beatriz, la joven madre de un niño de un año que hace más de un mes y medio pide un aborto terapéutico, porque padece lupus eritematoso sistémico agravado con insuficiencia renal y artritis reumatoidea y le diagnosticaron que la gestación pone en grave riesgo su vida. Se trata además de un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), que no tiene posibilidades de sobrevida. El Ministerio de Salud anunció que buscará salvar la vida de la muchacha.

Es la primera vez que la CIDH, con sede en Costa Rica, se pronuncia en relación con un caso sobre un aborto, lo que sienta un precedente muy importante en la región. La decisión se conoció un día después de que la Sala Constitucional del máximo tribunal de El Salvador rechazara la petición de Beatriz con el argumento de que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana ‘desde el momento de la concepción’”. El Salvador es uno de los cinco países de Latinoamérica –junto a Nicaragua, Honduras, la República Dominicana y Chile– donde el aborto está prohibido en todos los casos, incluso cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer. La legislación penaliza esa práctica médica desde 1998 y la castiga con penas severísimas, 50 años de cárcel para la mujer y 12 años para el médico que lo practica. Actualmente hay 19 mujeres encarceladas por esa causa. Con la resolución de la CIDH, el fallo de la Sala Constitucional queda sin efecto. Se trata de una resolución vinculante.

La CIDH intervino a partir de un pedido de medidas provisionales presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que ese organismo dictara medidas cautelares que el Estado salvadoreño no cumplió, en las que requería que se le garantizara el tratamiento médico que Beatriz requería. La CIDH señaló en su resolución que tomó el caso de la joven por su “gravedad” y carácter de “urgente”.

El Salvador tendrá hasta el 7 de junio para presentar al Tribunal Interamericano un primer informe sobre el cumplimiento de las medidas provisionales.

La resolución le ordena al país caribeño tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar, de manera urgente, la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal de Beatriz, lo que significa interrumpir su embarazo de acuerdo con lo recomendado por los médicos tratantes. El 12 de abril, el Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad, donde es atendida la joven, consideró y acordó la finalización de la gestación como el tratamiento adecuado para ella, en virtud de su grave cuadro clínico. En ese sentido, el comité advirtió que de no hacerlo “hay una fuerte probabilidad de muerte materna”. A mediados de abril se encontraba en la semana 20 de gestación. Actualmente está en la semana 26. Por votación unánime, el Tribunal Interamericano reconoció ayer que su salud, integridad personal tanto física como mental, y su vida se encuentran en una situación de “extrema gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable”.

Por lo avanzado del embarazo, ya no se trataría de un aborto, sino de un parto inducido, explicó la ministra de Salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez.

El caso concitó la atención y movilización de organismos internacionales de derechos humanos, que hicieron una presentación ante la CIDH –también se presentaron como amicus curiae ante la Corte de El Salvador– y vienen reclamando al gobierno salvadoreño que garantice la práctica médica que necesita Beatriz para salvar su vida. Hace algunas semanas, incluso, el Sistema de Naciones Unidas (ONU) en El Salvador se pronunció exhortando a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias posibles para proteger el derecho a la vida de la muchacha. “Todas somos Beatriz”, decían los carteles en las manifestaciones que se realizaron frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir una respuesta favorable a la joven.

Desde que se conoció el caso, el Ministerio de Salud de El Salvador avaló la práctica del aborto terapéutico, pero esperaba una decisión judicial que autorice la intervención, dado que ningún médico estaba dispuesto a realizarla, por temor a terminar preso.