Las rectoras de escuelas normales y los institutos de formación de docentes porteños se preguntan si el Ministerio de Educación de la Ciudad se dispone a implementar una censura previa acerca de los textos que se trabajan en los cursos. Es que el jueves último llegó a esas instituciones una comunicación de la Dirección de Formación Docente donde se les notifica que “todo tipo de material educativo impreso que llegue a los establecimientos no debe ser recibido” (resaltado en el original), sino que “debe remitirse a la Dirección de Planeamiento Educativo (de la cartera que encabeza Esteban Bullrich), que es la responsable de centralizarlos para su evaluación y posterior distribución” a las escuelas. “Las autoridades desconocen que las escuelas normales y los institutos de Educación Superior tienen autonomía y cuentan con profesionales idóneos para evaluar el material que se recibe y decidir, sin censura previa, con cuál se trabaja”, dijo a Página/12 Laura Russian, titular del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, un cuerpo autogestionado que nuclea a las escuelas de formación de docentes. La diputada María Elena Naddeo presentó un pedido de informes en la Legislatura. Y tras una consulta de este diario, el ministerio decidió rectificar el texto.

La comunicación a las escuelas fue enviada por correo electrónico desde la Dirección de Formación Docente, dependiente de la Dirección General de Educación Superior, con el título “Sobre material educativo impreso” en el asunto. En la nota, dirigida a las autoridades de las escuelas, la dependencia “les recuerda que todo tipo de material educativo impreso que llegue a los establecimientos no debe ser recibido” y les advierte que éstos “deben remitirse a la Dirección de Planeamiento Educativo, que es la responsable de centralizarlos para su evaluación y posterior distribución a las escuelas”.

El texto no aclara a qué tipo de material se refiere, pero los directivos suponen que puede aludir a los libros que envía a escuelas de todo el país el Ministerio de Educación de la Nación.

Consultada por Página/12, la profesora Russian, quien además es rectora del Normal 5, de Barracas, afirmó que “la exigencia parte de la directora de Planeamiento Educativo, Mercedes Miguel, quien desconoce que las escuelas normales y los IES cuentan con suficiente autonomía y con profesionales idóneos para evaluar qué material educativo se recibe y decidir con cuál se trabaja y con cuál no”.

“El mail no especifica qué material puede llegar a las escuelas que pueda generar tal intervención por parte de la Dirección de Planeamiento Educativo”, reflexionó la rectora. “Suponemos que puede ser por los libros que provocaron quejas en Mendoza, pero esos libros acá ya llegaron. Pero la nota se refiere a todo el material impreso, y eso comprende desde materiales que nos envían las editoriales hasta textos de la Unesco. ¿Por qué no deberíamos recibirlo?”, se preguntó. Russian envió el mismo jueves una nota al ministerio en rechazo de la orden recibida, donde reafirma la potestad de los colegios normales y los de formación docente para evaluar el material educativo que reciben.

La legisladora María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular) consideró que “es profundamente antidemocrático recortar a las escuelas normales e institutos de formación docente, la facultad de recibir materiales bibliográficos y evaluar su pertinencia e inclusión en las bibliotecas escolares”.

“Sorprende que algo habitual en el ámbito escolar, que es la libre circulación de textos, y básicamente su evaluación por parte de las autoridades educativas de cada institución, ahora se reprima, se recorte o cercene. Es un claro retroceso en el sistema educativo de la Ciudad, una visión de control autoritario que resulta inaceptable para la comunidad educativa”, opinó la legisladora, que presentó un pedido de informes.

Ante una consulta de Página/12, voceros del Ministerio de Educación informaron que “la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica, a cargo de Ana Ravaglia, rectificó la información en el día de hoy (por ayer)” con un nuevo comunicado según el cual “el material educativo impreso dirigido a los establecimientos deberá ser informado al área de Formación Docente para tener conocimiento de lo que envían el Ministerio de Educación de Nación u otros organismos”.

El texto confirma que la máxima preocupación de las autoridades educativas porteñas son los libros que se envían desde Nación. En la nueva nota, cambian la desconfianza hacia el cuerpo docente sobre su capacidad para evaluar los materiales por un pedido de información.

Los libros aludidos fueron enviados a escuelas de todo el país, pero sólo en una de la provincia de Mendoza se provocó un escándalo mediático a partir de la denuncia del director, que calificó un libro de historietas como “una apología del sexo desenfrenado”.

“La evaluación de los materiales educativos es una facultad de las autoridades escolares y de los bibliotecarios, quienes están capacitados para no admitir aquellos que pueden ser inadecuados para los estudiantes”, evaluó Naddeo. “Las escuelas reciben donaciones del Congreso, la Legislatura y las editoriales. No se puede estar remitiendo todo eso al ministerio. Se han extralimitado con una medida autoritaria, fuera de toda lógica”, concluyó.