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“Ahora, cualquier afiliado al PAMI del país, gay o lesbiana también puede reclamar que la obra social le dé cobertura a su pareja.” Tras dos años de papeleos, trámites y reclamos, Gabriel Gálvez consiguió que, por primera vez, la obra social de jubilados y pensionados acepte que el concubino del mismo sexo de un titular pueda ser afiliado. La resolución fue firmada el 7 de agosto por el interventor Juan González Gaviola, tres semanas después de que Gálvez le dejara una carta en la mesa de entradas del PAMI. Hasta ese momento, y a pesar de que no existen impedimentos legales para ese trámite, el interventor anterior primero y el directorio luego, habían preferido cajonearlo “tal vez por discriminación, pero también por temor a sentar jurisprudencia, porque ahora les van a llover solicitudes”, explica Gálvez. El hombre eligió hacer su reclamo sin la previa unión civil con su pareja sino con un certificado de concubinato “para que no sea sólo un beneficio para los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires”.
Gabriel tiene 35 años y es militante desde hace más de diez, casi tantos como los que lleva de convivencia con Walter, de 31. Desde que asumió su homosexualidad, las palabras, los gestos y los hechos de discriminación le llovieron en la calle, en los trabajos e incluso por parte de su ex mujer, quien más de una vez quiso restringirle el régimen de visitas a su hija con el argumento de que “era necesario proteger a la nena de su padre gay”. “Estoy acostumbrado a tener que pelearla, a insistir y a no quedarme con el primer no. Así es como gané esta batalla”, cuenta mientras muestra y enumera la cantidad de presentaciones que hizo ante diferentes ventanillas y ante varios funcionarios del PAMI.
En 1997, Gabriel recibió una pensión por razones de salud: víctima de VIH, sufrió una serie de internaciones que no le permitían trabajar. Entonces empezó a atenderse por PAMI. En ese momento, su pareja tenía trabajo y obra social, beneficios que se le terminaron poco después, cuando la empresa que lo empleaba lo despidió por ser VIH positivo. Después vinieron las changas para Walter y un trabajo como colorista en una peluquería. Entonces fue cuando Gabriel se presentó en una dependencia del PAMI para afiliar a su concubino, tal como lo contempla el reglamento. “PAMI no acepta la afiliación de una pareja gay”, respondió un empleado sin más. Era julio de 2001 cuando Gabriel empezó a juntar documentación y a hacer los trámites. Así, llegó a octubre de 2002 con una resolución favorable en la mano y a la espera de la firma del entonces interventor, José Corchuelo Blasco.
“Corchuelo se estaba yendo y no quería firmarlo. Lo guardó para que se hiciera cargo el directorio, que tampoco lo firmó. Yo me enteré por varias empleadas de PAMI de que le buscaron todas las vueltas para rechazarlo, que no lo querían firmar y entonces se lo sacaron de encima y lo guardaron para el próximo”, asegura Gabriel. La resolución pasó entonces de cajón en cajón y de mano en mano hasta que se nombró un nuevo interventor. Como en cada cambio de mando, Gabriel presentó su caso de inmediato ante González Gaviola, a través de una carta que dejó en la mesa de entradas. Esta vez, el papel llegó a destino y la firma no se hizo esperar: “No existe impedimento alguno para que un beneficiario titular pueda afiliar a una persona conviviente del mismo sexo en una obra social, ya que la normativa vigente no contiene una regla que prohíba tal circunstancia”, afirmó el interventor. Para luego enfatizar que “con esa interpretación se cumplimenta acabadamente con el espíritu no discriminatorio que rige la moral media en la actualidad y las leyes vigentes en tal sentido”.
Desde 1997, cuando la obra social docente (Osplad) concedió el beneficio a la pareja de un afiliado, fueron varias las obras sociales que adoptaron igual decisión. Seis años después el mismo criterio es adoptado por el PAMI, la obra social más grande del país, con 3,5 millones de afiliados.
“De entrada es siempre un no y son muchos los que se quedan con ese rechazo –destaca Gabriel–. Hay muchos más de la comunidad que tienen pensiones del PAMI por salud y que ya lo intentaron, pero les dijeron que no y abandonaron. Yo seguí y ahora espero que, a partir de mi caso, todosellos vuelvan y peleen lo que les corresponde, lo que es justo y lo que, además, realmente necesitan para vivir dignamente.”
Es por eso que este hombre, activista gay pero también militante social, dice que el logro no es sólo esa ficha de afiliación que le da la tranquilidad de que su pareja tenga la cobertura médica que hoy no puede pagar. Es también el efecto multiplicador que puede generar en afiliados del PAMI de todo el país. Esa era una de las intenciones de la lucha y una de las razones por las que no eligió el camino más fácil para conseguirlo. “Me recomendaron que hiciera una unión civil, pero yo quería que me lo den con certificado de convivencia porque esto existe en todo el país y no sólo en Buenos Aires. Ahora lo pueden hacer un jujeño o un santafesino, todos”, dice, a la espera de que realmente lo hagan.
Mientras, Gabriel trabaja en el proyecto de Siete Colores, una organización para la lucha por los derechos de la comunidad gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual (Glttb), pero “una organización política y social porque no se puede pelear por los derechos de nadie por fuera de la política”. Aunque el proyecto recién empieza, Siete Colores ya delineó prioridades y anunció que peleará por la unión civil a nivel nacional, por la ampliación de sus beneficios y por la libre maternidad de las mujeres, “para que no se discrimine más a mujeres lesbianas que quieran ser madres a través de la fertilización asistida”.
Producción: Paula Bistagnino.