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En Mar del Plata, la Sala I de la Cámara Penal alcanzó el inédito estado del vacío perfecto. Uno de sus integrantes renunció. Otro fue expulsado del Poder Judicial hace dos años por cobrar para excarcelar un preso. El último de los mohicanos y además presidente de la Cámara, el polémico Julio César Arriola, acaba de ser destituido de su cargo por un jury de enjuiciamiento. Arriola fue acusado de cobrar coimas para interceder en un juicio a favor del ex zar de la tevé Alejandro Romay, cuando éste era dueño del Canal 10 marplatense. La acusación presentada por la Procuración de la Suprema Corte bonaerense aseguraba tener pruebas de que el juez debía cobrar una suma de 250 mil dólares. El cohecho no pudo ser demostrado, pero el jury consideró probadas “reiteradas faltas graves”: intervenir en una causa que no le correspondía, interceder ante jueces, lograr que la parte demandada designara un abogado propuesto por él, y tomar el expediente y desaparecerlo durante seis meses. Arriola apelará ante la Corte Suprema. Ahora, el ex abogado de Isabelita, ex interventor del PAMI durante el menemismo, y ahora ex camarista, será investigado por un fiscal de delitos económicos como cualquier mortal sin fueros.
El 15 de marzo del ‘96, Luis Marcó y Fabián Mazzeo, representantes del ex Canal 9 de Romay, denunciaron por supuestas estafas reiteradas a los cinco delegados del Canal 10 marplatense (del que también era dueño el zar) y a Raquel Papierblat, por entonces gerente del mismo canal. Se abrió la causa 53.433 en el juzgado criminal 1 de Mar del Plata, a cargo de Reinaldo Fortunato. Según señaló a Página/12 el abogado de los demandados, Julio Razona, “querían echar a la interna pero la indemnización era altísima por los fueros sindicales. Eran 250 mil dólares sin contar el despido de la gerente, que había hecho causa común con los despedidos”. Una condena por estafa justificaría la caída de los fueros y el despido sin indemnización. Para asesorarse, Romay se contactó con un viejo conocido, Julio César Arriola.
Poco después de ese contacto, Papierblat –que también conocía a Arriola– aceptaba los consejos del camarista y designaba como defensora a Amelia Mastrogiácomo, que había trabajado con él durante la intervención del PAMI. Cobró 5 mil dólares de honorarios, aconsejó que su clienta renunciara, pero jamás firmó como representante legal. Ahora tramita una denuncia civil en su contra. Medio año después, Papierblat estaba sin los 5 mil, sin trabajo y sin abogado, hasta que contrató a Razona, que ya representaba a los cinco delegados denunciados.
Más que avanzar, la causa se demoraba, e incluso durante seis meses el expediente desapareció misteriosamente del juzgado de Fortunato. Finalmente, la inconsistencia de la acusación y la falta de pruebas concluyeron en un acuerdo entre fiscal y defensor para pedir el sobreseimiento, y Fortunato quedó obligado a decidirlo.
Pero ocurrió un hecho fortuito, por llamarlo de algún modo. Arriola entregó su PC a un técnico de los tribunales para que le ordenara sus archivos y le creara una carpeta especial para un documento. El empleado creó la carpeta pero también leyó el documento. Devolvió la PC al camarista y se quedó con una copia que entregó a Razona. Aunque no tenía firma, el documento era sorprendente. Allí, su autor mencionaba reuniones con “Alejandro”, el ahorro de 250 mil pesos “si el plan tenía éxito que estaban disponibles a mi favor”, la presentación de la causa “en un tribunal confiable” donde trabajaba “un empleado de mi confianza que colabora conmigo en la Universidad y me tiene al tanto permanentemente de lo que ocurre”. También decía que “Raquel tenía como abogada a una persona de mi confianza, pero la cambió por el de los otros acusados”. Y concluía en que “el juez que entiende el caso es amigo (...). Tiene en mira ascender –se lo merece– y espera mi ayuda en ese sentido; sabe que la tiene.”
El documento, junto con varios recibos de pagos que sumaban 120 mil dólares y la grabación de una supuesta comunicación entre Romay y Arriola,fue presentado ante la Suprema Corte, que ordenó una investigación a la Procuración. En mayo pasado, el procurador Eduardo de la Cruz presentó el pedido de jury por cohecho contra Arriola. Se conformó el tribunal de enjuiciamiento. El jury no consideró como pruebas al documento ni los recibos. “Fue obtenido en forma no legítima y una pericia determinó que la firma de los recibos no era de Arriola”, señaló una fuente del jury. Pero los testimonios dejaron demostradas lo que el jury consideró como “reiteradas faltas graves”. El propio juez Fortunato declaró que Arriola concurrió a su juzgado anticipándole que “unos abogados amigos” presentarían una denuncia. La retención del expediente durante seis meses, la intervención en una causa que le resultaba ajena fueron suficientes: 8 votos contra 3 definieron su destitución y la prohibición de ejercer cargos en la Justicia de por vida. Ahora, como mortal sin fueros, Arriola enfrenta una investigación judicial por cohecho.