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La Justicia determinó que no hay elementos suficientes para procesar a Fernando de la Rúa, pero tampoco para sobreseerlo, por el asesinato de cinco manifestantes y las lesiones de casi 200 durante la represión del 20 de diciembre de 2001. Tras muchas dilaciones, el ex presidente había prestado declaración indagatoria acusado de homicidio culposo pero la jueza federal María Servini de Cubría resolvió el viernes pasado su situación procesal dictándole una “falta de mérito”. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, así como los abogados querellantes que representan a las familias de las víctimas, apelaron esta decisión. Mientras tanto, fue detenido otro policía en la causa.
Cuando fue indagado no había manifestación de repudio en la puerta de los tribunales federales de Retiro, ni tampoco guardia periodística porque acudió un día después de la fecha que le habían fijado. Era la tercera vez que lo convocaban. El ex presidente deslindó responsabilidades en sus ex funcionarios y en la misma jueza Servini de Cubría que lo estaba indagando, y negó ser culpable de la muerte de Carlos Almirón, Gastón Riva, Gustavo Benedetto, Diego Lamagna y Alberto Márquez, y de las lesiones de más de doscientos manifestantes. De la Rúa sugirió que las muertes fueron parte de un operativo para desplazarlo del gobierno. Y fustigó a los fiscales que lo vienen acusando desde el inicio del caso. Además, reiteró que recién se enteró de los asesinatos el 20 a la noche por una comunicación con el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, dado que no había visto televisión durante la jornada y tampoco se asomó a las ventanas de la Casa de Gobierno. Una vez más, De la Rúa vinculó esta causa con la investigación de un presunto complot para derrocarlo.
Durante la audiencia pidió ver todas las partes del voluminoso expediente que contiene las pruebas en su contra, así como algunos videos, uno de los cuales aportó en ese momento como elemento de defensa. Se trata de una filmación que muestra a un presunto francotirador que habría disparado contra los manifestantes. Pero como no funcionaba la videocasetera no pudo cumplir su deseo. Por lo tanto, pidió ampliar su declaración pero luego desistió.
Los fiscales Comparatore y Evers apelaron la falta de mérito y pidieron el procesamiento del ex presidente. Ellos y los querellantes insistieron en que debía responder como acusado por las muertes, dado que la jueza en principio lo había indagado sólo por 29 detenciones ilegales .
“Sigue siendo Servini que cubría”, se quejó la abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi, y adelantó que la familia de Almirón apelará la resolución. Lo mismo hará el abogado Rodolfo Yanzón, de la LADH, en representación de varios heridos, entre ellos Martín Galli. “Lo más grave es que el ex presidente insiste en que los manifestantes fueron los agresores, y la policía y el gobierno, los agredidos. De tal modo elude la responsabilidad política de manera escandalosa”, opinó el letrado. Y agregó que no lo sorprende esta decisión de la jueza porque “todo lo que hizo en el expediente respecto de De la Rúa ha sido en el mismo sentido”. Servini ordenó la detención del oficial Gustavo Morales, quien estaba a cargo de un grupo de Infantería que estuvo ubicado en la zona donde fueron asesinados Almirón, Riva y Lamagna. Según muestra un video, era el único que tenía escopeta y de ese tipo de arma salieron las balas que mataron a los tres jóvenes.