Las fotografías son inhumanas. Una fila de jóvenes desnudos se encuentran arrodillados contra la pared, con la cabeza gacha y sus brazos cruzados sobre sus espaldas. Sus ropas y pertenencias están detrás de ellos, igual que los encargados de seguridad que los revisan con perros. Las imágenes pertenecen a una requisa colectiva en el patio del pabellón de jóvenes adultos de la unidad penitenciaria provincial de San Luis. Fueron tomadas el 22 abril del año pasado pero se dieron a conocer ayer, a través de la página web de un medio local. Luego de su publicación, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, echó al interventor del Servicio Penitenciario provincial, Inocencio Carpio, quien más temprano había anunciado el inicio de un sumario administrativo a los agentes involucrados. Distintos referentes de organismos de derechos humanos y funcionarios repudiaron el hecho.

Las fotos fueron publicadas por el portal de noticias SanLuis24. La mayoría de los jóvenes fotografiados tiene entre 18 y 21 años. Los guardias de seguridad los habían requisado en el marco de una investigación interna por una pelea la noche anterior, en la que un joven terminó herido por un arma blanca.

En las fotos se puede identificar al oficial principal Mariano Ibáñez, que se desempeñaba como director de la Unidad de Menores en ese momento; a José Vélez, ayudante de 4, y a varios efectivos. Ibáñez ya había sido apartado de su cargo el año pasado por otra investigación.

“Se me cae la cara de vergüenza pero tengo que corregir esto. Ojalá que no vuelva a ocurrir; el hecho no lo niego. Me golpea como jefe del servicio. Acá se hacen muchas cosas, pero esto es de un grupo minúsculo que no está de acuerdo con las nuevas políticas”, sostuvo Carpio, tras conocerse las imágenes.

Horas más tarde, el gobernador Poggi le pidió la renuncia a través del Ministerio de Seguridad. El gobierno de San Luis indicó que el nuevo jefe penitenciario será designado en los próximos días.

La Ley 26.827 determina mecanismos de prevención contra la tortura a nivel nacional. Establece un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Las distintas provincias deben adherir y elaborar sus mecanismos de prevención local.

Las requisas en las que los presos tienen que desnudarse deben hacerse en la celda de cada interno, resguardando el pudor y la intimidad de los penados. “Cuando se debe revisar a alguien y desnudarlo debe estar en su celda, no como muestran las fotos, porque se estaría denigrando a la persona. Estos hechos empañan toda la actividad”, dijo el ahora ex director penitenciario.

El repudio fue generalizado. “Exhortamos al gobierno provincial de San Luis para que disponga de todos los mecanismos necesarios para prevenir los tratos crueles e inhumanos. Las cárceles no deben ser un lugar de violación de los derechos humanos, sino que deben cumplir una función social para garantizar la reinserción”, expresó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Desde la secretaría, el funcionario evalúa hacer una denuncia.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del gobierno de San Luis rechazó “la práctica de la tortura en todas sus formas y situaciones” y lamentó las conductas que “remiten a épocas que parecían desterradas de la vida democrática y republicana”. Además, constató que los autores de los maltratos a los jóvenes fueron separados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que “estos hechos no constituyen una situación aislada”. “Los patrones estructurales de violación de los derechos de las personas privadas de libertad en el país exigen respuestas políticas enérgicas que avancen en las reformas de los sistemas penitenciarios y policiales. De lo contrario, estos hechos seguirán repitiéndose”, aseguró.