En el edificio de Paseo Colón 1598 nada es lo que parece. La Policía Metropolitana está de consigna en la puerta, aunque no para proteger a los vecinos y sí para interrogarlos o pedirles documentos cada vez que ingresan. El gobierno porteño reclama la propiedad del inmueble basándose en una expropiación, pero nunca se preocupó por su mantenimiento, que hoy luce impecable gracias al esfuerzo de sus habitantes. Las familias que viven en los 21 departamentos de esta construcción levantada en 1929 pidieron su catalogación para preservarla como patrimonio histórico. Un propósito distinto tiene el decreto 156/14 que firmó Mauricio Macri: establece su desalojo administrativo. Sería para demolerlo y construir el Metrobus Sur, que los damnificados consiguieron frenar con varias medidas cautelares.

Ese destino prefijado para el edificio Marconetti aumentaría un poco más el déficit de vivienda que tiene la Ciudad, que entre 1991 y 2010 se elevó un 77,6 por ciento, según un grupo de investigadores del Conicet. No es el único que corre peligro sobre la traza de la misma avenida. Distintas escuelas, un diario y hasta un ex centro clandestino de detención también están bajo la mira del Ejecutivo porteño.

“Desde hace un tiempo venimos sufriendo hostigamiento y amenazas. Consisten en diferentes operativos encabezados por una fiscal, Celsa Victoria Ramírez, que en mi caso particular me amenazó tres veces con llevarme detenida. Lo hizo cuando iba a tirar la puerta abajo si no la dejábamos entrar en un operativo. Vino con tres dotaciones de bomberos, la Federal, ambulancias del SAME, camionetas de Emergencias e integrantes del área Dirección de Inmuebles del Gobierno de la Ciudad. Dos funcionarios, Nicolás Zambelli y Ramiro Rico, nos vienen hostigando permanentemente. Dicen que nos van a hacer una denuncia penal por usurpación. Ellos tenían una llave del edificio, pero nosotros cambiamos la cerradura cuando lo advertimos. A los dos o tres días vinieron y la pusieron de nuevo. Pero no pudieron entrar”, cuenta Ana María Villarreal, vecina del 8º piso.

En la puerta y en otros sectores del inmueble se produjeron situaciones conflictivas. Niños que viven ahí tuvieron que llamar a sus padres porque no los dejaban entrar. Les cortaron el gas hace casi dos meses y tuvieron que adquirir varios artefactos eléctricos para pasar el invierno. Una tarde ingresó una cuadrilla por la parte trasera del edificio y a mazazo limpio la emprendió contra la pared a la que da el hueco del ascensor. Parecía que empezaba una demolición y la gente del Marconetti increpó a los funcionarios que encabezaban el operativo. Villarreal, además, cree que le pincharon el teléfono. Una voz extraña la llamó de madrugada a su número fijo y le describió en detalle los últimos movimientos de su madre y de su hijo. Tuvo que hacer la denuncia policial.

Jorge Magliarella vive en el 9º piso y describe la historia del litigio con el gobierno porteño: “Hubo un juicio de expropiación inversa. La parte que está atrás del edificio era propiedad de la familia Marconetti. Tenían una fábrica y adelante, como buenos tanos, hicieron los departamentos para toda la familia. En el año ’41 salió una ley de ensanche de la avenida, la familia se la vio venir y le inició el juicio a la Municipalidad de expropiación inversa. Lo ganaron, la Municipalidad pagó y expropió varios años más tarde. Ellos quedaron atrás y el edificio adelante. Nosotros vinimos un poco después de eso. En la mayoría de los casos, decidimos formar un consorcio porque los ascensores tenían que andar, había que limpiar, pagar los impuestos...”.

El abogado de un grupo de vecinos, Claudio Hoistacher, sostiene que “muchos de los que habitan en el edificio lo hacen desde hace más de veinte años, y al menos once de ellos iniciaron causas por usucapión, la prescripción adquisitiva, que están radicadas en distintos juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. En tres de esos juicios hay dictadas medidas cautelares que protegen la situación de hecho. Es decir que conminan al gobierno a abstenerse de realizar cualquier actividad tendiente a la alteración de la situación o al desalojo, puesto que en ambos casos podría verse frustrada la prueba del derecho de los habitantes. El gobierno hostiga a estas familias simplemente porque el edificio interfiere con el negocio del Metrobus Sur”.

Una de las medidas cautelares a las que alude el abogado la pidió Villarreal. La jueza María Soledad Larrea falló a su favor y decidió “suspender provisoriamente los efectos del decreto 2014-156 AJG del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone el desalojo administrativo del edificio sito en avenida Paseo Colón 1574/1580/1584/1588/1598 respecto de la actora, hasta tanto se dicte sentencia en la causa C4005-2014/0”.

En el recurso de amparo que presentó la vecina, describía que el Marconetti “ha quedado abandonado, pasando a ser desde hace 25 años administrado y mantenido por sus ocupantes, quienes han actuado públicamente como propietarios”. Magliarella agrega: “Cuando nosotros juntamos toda la documentación que nos pidieron los abogados y se la llevamos, nos dijeron que teníamos derechos adquiridos, que cómo nos íbamos a ir si nosotros mantuvimos el edificio durante más de 25 años, conformamos un consorcio, tenemos los domicilios configurados en el edificio, los impuestos al día, todo, pero todo”.

Villarreal reconoce que no poseen los títulos de propiedad, pero contrapone a eso la despreocupación absoluta del Estado porteño por el inmueble durante más de 25 años. En su decreto, el gobierno afirma que el edificio “pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados ‘Sociedad Anónima Dominga B. de Marconetti Comercial, Industrial, Financiera, Agropecuaria e Inmobiliaria c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/expropiación irregular’, que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 9, Secretaría Nº 17”.

Para el vecino Magliarella, “nosotros pusimos en valor el edificio. La puerta de roble de Eslavonia está restaurada a nuevo. Los palieres están cuidados. La idea acá nunca fue ‘miren, hay un terreno ahí, vamos y lo copamos’. Se fue dando de otro modo. Ellos ya hicieron inteligencia y saben que somos gente decente y que todo el mundo labura”.

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