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En un lapso de 15 días, la Justicia recibió 20 denuncias por amenaza de bomba en escuelas de la ciudad de Buenos Aires, lo que permite hacer una proyección de 480 denuncias de intimidación pública anuales, a razón de más de una por día, todas falsas, realizadas por alumnos que buscaban lograr la suspensión de exámenes. Los datos surgen de un informe estadístico elaborado por el fiscal federal Federico Delgado, quien notó el patrón de datos durante quince días de junio en que cumplió turno judicial con la Policía Federal.

El fiscal Delgado, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº6, elaboró el informe a partir de las denuncias que recibió entre el 15 y el 30 de junio de este año. La sucesión de casos le permitió detectar semejanzas. “Todas esas denuncias fueron llevadas a cabo en forma anónima, durante días de semana y en una misma franja horaria. En efecto, en algunas escuelas las denuncias se repitieron e incluso se efectuaron más de dos en la misma semana”, explicó Delgado sobre la modalidad. Un establecimiento de los once que conformaron la muestra, el Colegio Larroque Escuela Media Nº18, por ejemplo, “recibió cuatro amenazas de bomba en el lapso de diez días hábiles”, todas ellas al mediodía.

El fiscal Delgado proyectó que, al año, las denuncias por amenazas de bomba podrían alcanzar las 480, teniendo en cuenta que hay 12 fiscalías federales que recibirían 40 denuncias cada mes, puesto que cada fiscalía está dos veces por año de turno.

“De la propia labor prevencional que efectuaron las fuerzas de seguridad que intervinieron, se comprobó que ninguna de ellas fue cierta”, detalló Delgado, quien señaló que la falsedad de los casos hace que las propias autoridades de las escuelas no las consideran graves. “Las propias autoridades de las escuelas ordenan al personal policial que no desaloje el lugar pues ya saben que las denuncias son efectuadas por los propios alumnos, generalmente en días de exámenes”, detalló el funcionario judicial.

La mayoría de los casos generados por este tipo de denuncia resulta archivada, por un lado porque es muy difícil dar con quienes realizan las amenazas y, por otro, porque la propia jurisprudencia de la Cámara Federal estableció que no es delito cuando no se llega a infundir un temor público o generar algún tipo de tumulto o desorden social. Sin embargo, tras cada denuncia la Policía Federal despliega a su personal, los colegios suelen ser evacuados y la Justicia inicia una causa, por lo cual “el aparato estatal se pone en movimiento por situaciones que permiten presumir que no generan ni el mínimo riesgo”.

Delgado informó que giró el informe estadístico a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que si lo considera apropiado lo remita al Ministerio de Educación de la Nación para que “se valore la implementación de algún tipo de medida que concientice a los alumnos de las consecuencias que trae aparejada la realización de denuncias de este tenor”.

En el informe, el fiscal también advirtió que los veinte casos relevados son un muestreo de una situación no infrecuente y que, teniendo en cuenta que cada fiscalía cumple con dos turnos por año y que son doce las dependencias fiscales que intervienen en este tipo de casos (que totalizarían en torno a las 40 anuales por fiscalía), cada año habría aproximadamente 480 denuncias anónimas en establecimientos escolares por bombas inexistentes.

De los once colegios que fueron amenazados en el lapso de los últimos quince días de junio, el Colegio Larroque recibió cuatro amenazas, el 20 por ciento del total registradas. Le siguieron el Colegio Liceo Nº1 José Figueroa Alcorta y la Escuela Técnica Nº23 Casal Calviño, ambas con tres anuncios de falsas bombas. La Escuela El Plumerillo y el Colegio Manuel Belgrano recibieron dos amenazas cada uno, mientras que, con una por establecimiento, siguieron en la lista la Escuela Nº8, el Colegio Coronel Olavarría, el Divino Corazón, el Colegio Comercial Nº19 y el Colegio Vieytes.