La Justicia federal imputó a cuatro intendentes de ciudades de La Pampa por proteger y tolerar prostíbulos sospechados de explotar sexualmente a víctimas de trata. Dos de los intendentes, David Bravo, a cargo del Ejecutivo en 25 de Mayo, y Luis Rogers, de Lonquimay, están acusados de “participación necesaria” en el delito de trata, mientras que los otros dos, Jorge Cabak, de Macachín, y Elena García, de General Acha, lo están por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En 25 de Mayo, además, el fiscal federal Juan José Baric pidió también que sean llamados a declaración indagatoria tres funcionarios municipales, los encargados de los cabarets y un juez de Faltas.

De los cuatro intendentes, dos no son mencionados por primera vez en este tipo de causa: Bravo ya fue condenado por haber habilitado un cabaret (donde hubo casos de víctimas de trata) a pesar de que el marco legal lo impide; esa sentencia fue apelada y ahora el intendente espera que resuelva el Superior Tribunal de Justicia. Por su parte, Rogers y el comisario de su distrito se encuentran procesados en una causa por trata, una medida que el funcionario apeló y todavía aguarda resolución. El intendente de Lonquimay había gozado de cierta notoriedad en 2009, cuando se resistió a cerrar un cabaret y explicó: “Es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”.

El fiscal federal Juan José Baric, quien solicitó las indagatorias, refirió que en uno de los cabarets “había habitaciones con camas, en dos de las cuales, en ese mismo momento, había dos parejas encerradas manteniendo relaciones sexuales”.

Baric elevó los pedidos de indagatoria e imputación a la jueza federal subrogante de Santa Rosa, Iara Silvestre, a cargo del único juzgado de ese tipo en La Pampa. Silvestre, que aún no se pronunció, fue quien en mayo procesó al intendente Rogers y al comisario Carlos Alaniz como partícipes necesarios en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en un caso en el que tres mujeres oriundas de Salta fueron víctimas en un cabaret ubicado a la entrada de Lonquimay. Rogers defendía públicamente el cabaret Good Night, cuya habilitación bajo el rubro “servicios de salones de baile” había firmado, al igual que las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas. Por esa causa, también está procesado el propietario del lugar, Eduardo Mauricio Fernández.

La causa que involucra al intendente Bravo comenzó como una investigación a raíz de una llamada anónima de diciembre de 2011 que aseguró que, en el cabaret Venus, de 25 de Mayo, “cuando iba el jefe de la municipalidad le daban 1000 pesos y él firmaba”. El mismo llamado, realizado a la delegación que la Dirección Nacional de Migraciones tiene en La Pampa, aseguraba que “la policía de la zona sabía todo”. Poco después, se realizó un allanamiento en el lugar. En el pedido de imputación, el fiscal Baric detalló que “dentro del mismo predio donde estaba el cabaret” estaban las habitaciones con camas destinadas a que los clientes del lugar mantuvieran relaciones sexuales con las mujeres allí prostituidas. El lugar había sido habilitado por el intendente Bravo en enero de 2011, cuatro meses después de que el Concejo Deliberante de su ciudad votara la ordenanza para prohibir la habilitación de whiskerías y clubes nocturnos.

En junio y en octubre del año siguiente, la fiscalía allanó el mismo inmueble, donde ya no funcionaba Venus sino el Resto Bar Karjbjan, a nombre de la misma mujer que había sido beneficiada con la habilitación del cabaret anterior. En el lugar, detalló Baric en el acta, había “dos puertas de ingreso, una por la parte delantera y otra por la parte trasera”. La puerta de atrás “comunica a un patio, que a su vez permite el acceso a una edificación de material, conteniendo ella, en primer lugar, una habitación, que cuenta con una cama matrimonial, una heladera y un pequeño baño, y luego se encuentra otra puerta de ingreso, en la que se halla una vivienda con cinco habitaciones, con gran cantidad de camas, una cocina, un baño y un lavadero. Todo siempre del ámbito del mismo predio”. Las mujeres que estaban en el lugar figuraban como mozas o “damas de compañía”; para poder acreditar su identidad, todas “debieron solicitarle a la encargada que les entregue sus carteras para buscar sus documentos, ya que estaban detrás de la barra del lugar”. No es un detalle menor, habida cuenta de que la falta de documentación personal y su reemplazo por documentación e identidad apócrifas es una constante en los casos de trata de personas para explotación sexual.

Sobre Bravo, además, pesa una condena a siete meses de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por “abuso de autoridad”, delito cometido al habilitar de forma irregular el cabaret El Rancho. En julio de este año, el Tribunal de Impugnación Penal ratificó la condena dictada por el juez Daniel Ralli.

El fiscal Baric también pidió la indagatoria de otras once personas en el caso de 25 de Mayo. Además de Bravo, integran la lista tres funcionarios municipales (el secretario municipal Alberto Rubén Ferreira, el inspector Roberto Barros y la contadora María Celia Luases), los encargados de Venus y Bar Karjbjan (Mayerlin Núñez Castillo, Teresa de la Rosa, Evelyn Calderón Carballo, José Luis Carpio Carballo y Bryan Arnaldo Paradis), los comisarios Héctor Daniel Rosane y Miguel Angel Oyarce, y el juez de Faltas Armando Rodríguez Figueiras Huergo. En la causa ya estaba imputada, por otra parte, Nurys Caraballo Castillo, quien se encuentra procesada y detenida, en el Instituto Correccional de Mujeres, por un cabaret de General Pico.