Con un llamativo silencio en Santiago del Estero, y dos fiscales que, sorpresivamente, se muestran más cerca del imputado que de la víctima, entró a su etapa final el juicio por abuso sexual infantil que se sigue contra el sobrino del ex caudillo provincial Carlos Juárez, de cuyo gobierno fue ministro de Economía, y quien –se sabe– todavía mantiene fluidos lazos con los tribunales provinciales. El ingeniero Alberto Juárez Villegas, 62 años, está acusado de cometer incesto contra la mayor de sus dos hijas, cuando tenía alrededor de tres años. “Estamos muy preocupados porque el Ministerio Público Fiscal adhiere a los planteos de la defensa, que pidió por un lado excluir de los alegatos a la querella y, por otro, que no se tome como prueba el testimonio de una psicóloga que a pedido del propio Juárez Villegas le realizó una pericia apenas fue denunciado, y detectó su perfil de abusador en dibujos y en la entrevista”, señaló a Página/12 el defensor del Pueblo adjunto para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago del Estero, Luis Santucho, quien actúa como observador en el debate oral, junto a la Subsecretaría de la Familia, Niños y Adolescentes de la provincia.

Está previsto que hoy se reanuden las audiencias y la Cámara Penal de Juicio Oral de 3ª Nominación se pronuncie sobre el pedido que hizo el viernes la defensa. El abogado de la querella, Arnaldo Ahumada, adelantó al tribunal que si se le impide alegar y pedir pena, demandará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino y al provincial por la violación de la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer (conocida como Belem do Pará), por dejar sin representación a la víctima. Además, advirtió que no existe ninguna ley provincial que avale el apartamiento de la querella en estas instancias del juicio. Las fiscales Erika Leguizamón y Olga Gay de Castellanos, que dependen del fiscal general de la provincia, Luis de La Rúa, y actúan en el juicio, no rechazaron el planteo de la defensa. El abogado de Juárez Villegas es Juan José Saín, defensor de ex represores juzgados por su actuación durante la última dictadura militar en Santiago del Estero, uno de ellos Francisco Litán, condenado a perpetua, acusado de abuso sexual de detenidas alojadas en centros clandestinos de detención de la provincia.

El juicio comenzó el 19 de agosto. Pero desde entonces ningún medio local se hizo eco del tema, a pesar de que en su momento las acusaciones contra Juárez Villegas sacudieron a la sociedad santiagueña porque rompían con el mito de que el incesto sólo ocurre en hogares pobres, al involucrar a un representante de las familias del poder histórico en la provincia. El caso llegó a juicio más de una década después de que la madre de la niña, la arquitecta Marta Garay, presentara las primeras denuncias.

La semana pasada se terminó la etapa de testigos. Primero declaró en Cámara Gesell la hija de Juárez Villegas, que está a punto de cumplir 17 años. La adolescente, tal como informó este diario, recordó en su relato los episodios de abuso sexual denunciados y dejó la impresión en la sala del debate de que no fabulaba ni había inventado los hechos manipulada por su madre, como su padre sostuvo siempre. Ese es el argumento de su defensa para descalificar la acusación. El abogado del imputado alega que la chica sufre del llamado Síndrome de Alienación Parental –conocido por su sigla SAP–, que es una invención para defender pedófilos y no tiene ningún sustento científico, y que consistiría en una especie de lavado de cerebro que realizarían las madres para que sus hijas denunciaran a sus padres, en el marco de divorcios muy conflictivos.

A lo largo de distintas jornadas declararon todos los profesionales que intervinieron en los más de diez años que lleva el caso en la Justicia, y que realizaron pericias psicológicas a la niña o participaron de una Cámara Gesell que se le hizo años atrás, cuando no estaba legislada esa metodología todavía en la provincia. Todos coincidieron en que sus manifestaciones –verbales, a través de dibujos y otras expresiones– se condecían con las de una víctima de abuso sexual infantil, y que no mostraba rasgos de fabular o reproducir un relato armado.

La defensa pidió además excluir como prueba el testimonio de una psicóloga que a solicitud del propio Juárez Villegas le había realizado un peritaje cuando comenzaron las denuncias en su contra, y que reveló –durante la instrucción del juicio y luego en el debate– que había detectado que tenía un perfil de abusador sexual. El abogado Saín pidió que no fuera tenido en cuenta porque la profesional había violado el secreto profesional al dar su testimonio a la Justicia.

La primera denuncia por el presunto incesto la hizo la madre en 2001, en el Juzgado de Familia que tenía a cargo la causa por divorcio contradictorio que la enfrentaba con Juárez Villegas. Pero el expediente estuvo dormido hasta 2004, a pesar de las pruebas que constaban en el expediente. Al punto de que el caso fue uno de los fundamentos del pedido de intervención a la provincia de la entonces senadora Diana Conti, a comienzos de 2004, impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner, para poner fin a los 50 años de reinado en Santiago del Estero de Carlos Juárez, tío del ex marido de Garay, y Nina Aragonés, como salida al caos institucional que vivía por entonces la provincia, ante la contundencia de los informes elaborados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre las violaciones a los derechos humanos y las maniobras de espionaje a opositores y a la Iglesia en territorio juarista.

También declaró Garay en el juicio. A lo largo de casi cuatro horas detalló cuánto le costó creer en un primer momento los relatos de su hija, que daban cuenta de los abusos sexuales durante el régimen de visitas, y dijo que demoró en realizar la denuncia porque antes recurrió a diversos especialistas para que entrevistaran a la niña para determinar la veracidad de sus dichos a través de distintos peritajes. También recordó que tuvo que huir de la provincia para evitar que sus hijas vieran a su padre, luego de que la Justicia le levantara la suspensión del régimen de visitas, y sostuvo que su ex esposo fue apañado por “los amigos del poder” –dado que la denuncia fue realizada cuando todavía los Juárez gobernaban en la provincia–, que por esa razón la causa se demoró tantos años en llegar a juicio y, además, afirmó que ella fue hostigada y perseguida por batallar para que el expediente no quedara archivado y dormido.

Fuentes de tribunales destacaron a este diario que Juárez Villegas tiene aceitados contactos en la Justicia Federal y en la Provincial: un hermano suyo es juez; un primo hermano, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero; una cuñada, jueza de Familia, y otros parientes son empleados de distintos escalafones. Según contó Garay, uno de los integrantes del tribunal que lo está juzgando suele jugar los sábados al fútbol en una cancha ubicada en un predio del imputado junto con otros integrantes del Poder Judicial.