Página/12 En Chile

Desde Santiago

Desde que Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría se instalaron en marzo pasado en La Moneda, las diferencias con la oposición fueron aumentando a medida que la doctora socialista anunciaba diversas reformas, entre otras al sistema educacional y tributario. Cada vez que podían, ambos sectores se mostraban los dientes. Sin embargo, la detonación –la tarde del lunes– de un artefacto explosivo en la transitada estación Escuela Militar del subte dio paso a la tregua, esto a pesar de algún intento de aprovechamiento político, por ejemplo de la UDI, el partido más a la derecha en Chile, que fustigó el accionar del gobierno en materia de seguridad ciudadana, y el vespertino La Segunda (famoso por titular en 1975, en plena dictadura: “Exterminados como ratas”, artículo que justificaba el asesinato de 119 personas vinculadas al MIR, una acción que fue conocida como Operación Colombo) y que ayer puso en su portada la leyenda: “El retorno del miedo”, acción calificada de sensacionalista e irresponsable.

Es innegable que la preocupación se dejó sentir en la población de Santiago. Más si la prensa ha desplegado una gran cobertura del hecho. Atentos a este escenario, el llamado de La Moneda fue claro. A primera hora de hoy, todos los presidentes de partidos están convocados a una reunión en el palacio presidencial para entregar una señal de unidad ante los hechos de terrorismo ocurridos en la acomodada comuna de Las Condes y a sólo metros del más importante recinto militar chileno. El anfitrión sería el fuertemente cuestionado ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien explicará a los líderes políticos el plan de acción legislativo y policial.

El ataque –repudiado tanto en Chile como en el exterior– está siendo investigado de manera especial, al igual que uno similar ocurrido en un vagón del subte en julio pasado en la también residencial estación Los Dominicos. Ambos ataques llevaron al Ejecutivo a aplicar la Ley Antiterrorista. Hasta el lunes se habían registrado 30 avisos falsos de bombas sólo este año. Las amenazas de este tipo continuaron ayer con la denuncia de cinco objetos sospechosos en las inmediaciones de la Universidad de Santiago, en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el Juzgado Civil de Santiago y las concurridas estaciones del subte en Puente Alto y Plaza de Armas, esta última en pleno centro de esta capital.

En este teatro de operaciones, 500 carabineros custodiaron los ingresos y salidas de las estaciones del tren subterráneo en la Región Metropolitana. Así lo indicaron fuentes de la institución, quienes agregaron que la medida fue dispuesta desde la tarde, particularmente en los puntos de mayor afluencia de público, como por ejemplo Baquedano y las intermodales.

En esos lugares se apostaron hasta 10 efectivos policiales resguardando la seguridad, lo que se extenderá por toda la semana. A ello se sumarán patrullajes aéreos de cinco helicópteros de la Prefectura Aeropolicial, que también apoyarán eventuales operativos de arresto de los implicados.

Para Bachelet, la tarea que llevarán adelante el gobierno y las policías para detener a los terroristas es “un tema de Estado”. Tras encabezar el Consejo Operativo de Seguridad, dijo que se revisaron los vacíos legales que “muchas veces dificultan una respuesta más eficaz” de las autoridades ante estos hechos. También se abordaron las modificaciones a la Ley Antiterrorista que ingresará a fin de mes al Congreso con suma urgencia, cambios a la Ley de Inteligencia y la necesidad de aprobar a la brevedad la legislación que establece el control de armas y explosivos.

La presidenta informó además que dio instrucciones al ministro del Interior para reforzar la seguridad de la red del subte y en otros lugares de alta afluencia de público, acotando que “la tranquilidad de las personas y el libre desplazamiento por la ciudad no se van a ver en ningún caso afectados por estas circunstancias”. Misma orden recibió el Ministerio de Transporte, mientras que pidió una mejor coordinación de las policías y de los organismos de inteligencia para obtener prontos resultados en las investigaciones.

“Vamos a aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, no nos va a temblar la mano frente a acciones como ésta. Le he dicho al fiscal nacional subrogante que aquí nos acompaña que va a seguir contando con los recursos requeridos para fortalecer las capacidades de la Fiscalía para llevar adelante una investigación que nos permita tener cuanto antes resultados concretos”, enfatizó la presidenta. También pidió “la colaboración de la comunidad que resulta fundamental. Necesitamos una actitud vigilante de todos y todas (...) no vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecten la vida de la gran mayoría”, insistió.

En esta línea, el ministro Peñailillo salió al cruce de las críticas y explicó que “hay más de 300 atentados en los últimos 8 o 9 años, por lo tanto desde que llegamos al gobierno se tomaron medidas especiales, pero especialmente a partir del atentado a los vagones del metro, cuando invocamos la Ley Antiterrorista; también le solicitamos al señor fiscal nacional la dedicación de un fiscal en forma exclusiva con un equipo especializado, además de la destinación del personal policial de dedicación exclusiva para esta investigación, sumado a las medidas preventivas en distintos puntos de la ciudad”.

Aclaró que se decretaron y autorizaron hace un tiempo recursos para que el Ministerio Público pueda realizar de mejor forma su labor, a la vez que estarán disponibles dineros extras. Aseguró también que se presentarán querellas contra quienes realicen llamados de falsos avisos de bombas.

Con todo, países como Canadá, Australia, el Reino Unido y España advirtieron a sus conciudadanos tener precauciones especiales cuando viajen a Chile, luego de la detonación de artefactos explosivos en las estaciones del subte Los Dominicos y Escuela Militar. Las advertencias se han realizado a través de los sitios web de las cancillerías de dichos países, aunque señalan que Chile no es un país que tenga terrorismo propiamente como tal.

De igual forma, el centro comercial Subcentro, ubicado en la estación de metro Escuela Militar, aumentó sus medidas de seguridad tras la detonación que dejó 14 lesionados. Hasta el lunes había tres guardias en el sector y 21 cámaras de seguridad que fueron facilitadas al Ministerio Público, para su investigación.

A través del análisis de dichas pruebas se intenta determinar la identidad de los presuntos responsables, que “serían más de dos”, según dijo el fiscal exclusivo para la investigación de bombazos, Christian Toledo. “Hay varias versiones que se están contrarrestando con la revisión de las cámaras de seguridad”, explicó Toledo. Agregó que hasta ahora se manejan varias líneas de investigación, entre ellas el posible nexo del atentado con el rechazo del recurso de nulidad presentado por la defensa de los ex lautaristas, condenados por el crimen del cabo Luis Moyano, tras un asalto bancario perpetrado en 2007.

Toledo reiteró que el artefacto colocado ayer en Escuela Militar tiene similitudes con el detonado en Los Dominicos, tanto por su contenedor como por su sistema de activación, además indicó que por el momento no hay ningún tipo de adjudicación en la explosión de Subcentro.

Respecto de los heridos, cinco de las 14 personas lesionadas en el hecho aún permanecen hospitalizadas. Se trata de José Alejandro Garrido Basáez (62), Benjamín Ulloa Correa (23), Jorge Luis Arias Riera (36), Sylvia del Carmen Novoa Espinoza (67) y Marta Elda Hernández Ancapán (61), estas dos últimas están internadas en la Clínica Las Condes, debido a la gravedad de sus lesiones producto del estallido. Mientras Novoa Espinoza mantiene una fractura expuesta en su pie derecho, Hernández Ancapán –que trabajaba en la estación atacada– fue diagnosticada con un “politraumatismo, amputación traumática del dedo medio derecho”, debiendo ser operada.