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Para el gobierno nacional, Santiago del Estero volvió a ser tema de discusión. Anoche se reunieron en la Casa Rosada el ministro de Justicia, Gustavo Beliz; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. El encuentro fue disparado por un durísimo diagnóstico de esa Secretaría que describe el funcionamiento de las instituciones provinciales y que fue relevado e investigado durante el último mes. El contenido del informe, más el nuevo escenario político después de la derrota del juarismo del último domingo y las denuncias de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la vulnerabilidad de las garantías democráticas de los santiagueños, serían parte de los fundamentos de un proyecto que, por primera vez, pondría en boca del Estado nacional la opción de algún tipo de intervención en la provincia. Mientras tanto, los Juárez esperan y aguantan con desesperados actos de salvataje. Ayer mismo impulsaron un proyecto de ley para depurar a la Policía, una de las instituciones denunciada por tormentos, torturas y castigos ilegales y arbitrarios.
En este contexto, los Juárez trabajan contra reloj. Aunque hasta anoche la Nación aún no había pronunciado su decisión final sobre el futuro de Santiago, el matrimonio ensayaba todo tipo de maniobras para salvarse. La esposa del caudillo y gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez ayer firmó un proyecto de ley de pase a disponibilidad durante 60 días del personal escalafonado de la policía. Quedarán alcanzados por la medida oficiales, suboficiales y tropas de las fuerzas de seguridad. Esta misma semana, la Legislatura provincial podría aprobar el proyecto que incluye, además, la caducidad de las Juntas de Calificaciones de la fuerza, otro de los mecanismos denunciados por irregularidades y cuestionado por los organismos de derechos humanos locales.
Esta supuesta purga sobre la policía, una institución que funciona como “brazo armado de los Juárez” –tal como lo denunciaron los organismos de derechos humanos locales–, no es casual ni azarosa. Nina Aragonés sabe que la evaluación del gobierno nacional sobre las irregularidades en la provincia tiene dos blancos: la Justicia y la “ilegalidad” de las fuerzas de seguridad. Ese diagnóstico quedó asentado la semana pasada durante la visita de los secretarios de Justicia, Pablo Lanusse, y de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Uno y otro denunciaron a la fuerza y las metodologías sistemáticas de torturas como el submarino seco y los golpes aplicados contra los adolescentes de Pacará y de Campos Contreras.
El tono de la visita y las repercusiones en la opinión pública provocaron varios movimientos durante el fin de semana. Carlos Juárez habló por teléfono con el ex presidente Duhalde buscando algún tipo de auxilio, movió a sus diputados nacionales e intentó sondear las negociaciones de Nación. En ese contexto, decidió el proyecto de limpieza policial, así como hace dos semanas había provocado la renuncia de dos jueces del Superior Tribunal para espantar los fantasmas de la intervención judicial.
Cada uno de estos cambios y movimientos no han tenido éxito ni dentro de Santiago ni afuera. La pareja gobernante no encuentra consenso en Nación, entre los organismos de derechos humanos locales y tampoco lo consigue entre la masa de pobladores locales, aquellos que históricamente fueron sostén y sustento de su gobierno. El domingo, el juarismo terminó derrotado, la segunda vez en cinco meses. El radicalismo se impuso en buena parte de los 28 intendencias en juego, entre ellas la Capital. La investigación del doble crimen de La Dársena, el homicidio de las dos chicas que puso al desnudo toda esta situación a comienzos de año, no permanece ajena a las derivas del poder político. El nuevo juez de la causa tomó la decisión de detener ayer al médico de Catamarca que supuestamente asistió a Leyla Bshier antes de la muerte. El médico en cuestión es Rubén Gómez, vive en Catamarca y la Justicia lo detuvo sólo para asegurar su declaración en la causa.