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En medio de una fuerte polémica y reclamos planteados desde la Iglesia, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos, al mando del gobernador radical Sergio Montiel, anuló ayer a través del veto las reformas legislativas que despenalizaban el ejercicio de la prostitución en esa provincia e impulsó un nuevo Código de Faltas que pena esa actividad con castigos que van desde los diez días de cárcel para las prostitutas hasta los 20 días para los travestis por considerar que atentan contra la “decencia pública”. De ser aprobada esta iniciativa, que ya había sido presentada anteriormente por el gobierno en el año 2001, la Policía recuperará la facultad de detener a hombres y mujeres que ofrezcan sexo en la vía pública, quienes sólo se librarán de la cárcel tras pagar 200 pesos de multa. “El Ejecutivo no puede admitir un vacío legal y por eso plantea la necesidad de poner en inmediata vigencia el Código de Faltas, que tiene media sanción del Senado, y que remedia las falencias de la normativa actual. Hacemos este veto llamando a la reflexión y el consenso de las partes”, sostuvo el ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Fermín Garay.