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Los diputados justicialistas no tienen un texto definitivo, pero sí saben lo que debe decir: las tropas norteamericanas que participen del ejercicio militar “Aguila III” sólo gozarán de inmunidad funcional. Están al tanto de que ésta no es la fórmula que exige el gobierno estadounidense, se los confirmó la embajada argentina en ese país. Como nunca, poco les importó. No están dispuestos a contradecir lo ya anunciado por el presidente Néstor Kirchner a pesar de que ello signifique la suspensión del ejercicio.
La intención del oficialismo en la Cámara baja es debatir y aprobar el proyecto el próximo miércoles. Por ahora les falta un pequeño detalle, el texto. Si bien hay una propuesta realizada por el kirchnerista Gerardo Conte Grand –que limita expresamente el tipo de inmunidad que se otorgará– todavía resta consensuarla con el bloque y el resto de las fuerzas políticas. El próximo martes las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa volverán a reunirse. La decisión es encontrar la redacción definitiva para aprobarla el día siguiente.
Teléfono
Por si acaso, algunos diputados justicialistas se comunicaron con la Embajada argentina en los Estados Unidos. Desde allí les confirmaron que el gobierno de George W. Bush no les agradó la decisión de otorgar inmunidad funcional –esto es sólo para cuestiones atinentes a las maniobras– y que por lo tanto el ejercicio corre riesgo de no concretarse. No es una novedad. El miércoles, el ministro de Defensa, José Pampuro, fue bastante sincero al sostener que sin inmunidad los norteamericanos no llegaban a la Argentina.
“Las opciones son dos: o cambia la posición norteamericana o no hay tropas en el país”, reflexionó un legislador del PJ bastante cercano al Gobierno. Para varios de los integrantes del bloque oficialista, la presión norteamericana tiene como objetivo abrir flancos en su estrategia para evadir la adhesión al Tribunal Penal Internacional que en poco tiempo más entrará en vigencia.
Para esto necesita firmar acuerdos bilaterales de inmunidad total que les evite la posible aparición de causas penales contra militares norteamericanos acusados de crímenes de guerra.
En general, reconocen los legisladores, los Estados Unidos sancionaron económicamente a los países que no accedieron a sus reclamos. Según estos diputados, es una situación que no sufrirá con la Argentina por tratarse de un país aliado extra OTAN. Un dudoso privilegio que consiguió el entonces presidente Carlos Menem.