El miércoles al mediodía, en Ciudadela, la Justicia allanó un inmueble con fachada de local partidario en el que, según la investigación iniciada seis meses antes, se realizaban abortos clandestinamente. Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal Argentina. El local pertenecía al cofundador del Modin y ex diputado provincial por Unión Popular Daniel Omar Herrera, quien se encontraba allí al igual que su madre, propietaria del lugar. Ambos fueron detenidos, junto con una médica de 75 años que, presuntamente, practicaba las intervenciones en la clínica clandestina, otras seis personas que trabajaban allí y tres mujeres que habían acudido al lugar. Aunque ellas tres no formaban parte de la organización que el Juzgado de Garantías Nº 1 de San Martín investiga como “asociación ilícita” (y por la cual se realizaron otros dos allanamientos en simultáneo con el de Ciudadela), esas tres mujeres fueron aprehendidas y, aunque ayer recuperaron su libertad, quedaron imputadas en la causa. Este diario pudo saber que las tres son mayores de edad y que dos de ellas, que rondan los 30 años, tomaron la decisión de interrumpir sus embarazos con apoyo y acompañamiento de sus familiares.

Las tres mujeres fueron retiradas del local de Maipú al 3600, cuyo frente ostenta carteles del Partido Unión Popular y del ex diputado Herrera, que cofundó el Modin con Aldo Rico y en 2011 fue además socio político de Eduardo Duhalde, con su lema “¡Vamos para adelante!” Una de ellas fue retirada en camilla. Ayer, las tres habían recuperado la libertad y se encontraban en buen estado de salud. Poco antes, en la maternidad del Hospital Ramón Carrillo, a la que fueron derivadas durante su aprehensión, la fiscal Gabriela Disnan, de la Unidad de Instrucción Funcional Nº 18, se había encontrado con ellas para explicarles la causa y su situación. La investigación está a cargo del juez Mariano Andrés Porto. Recién ayer por la mañana, a casi 24 horas de aprehendidas, a las tres mujeres les fue designada como representante legal una defensora oficial.

Integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito estuvieron en contacto con los familiares de las mujeres, a quienes brindaron asesoramiento y apoyo legal. “Nuestro acompañamiento está motivado en que este caso permite ver cómo se habilita una vulneración de derechos a mujeres que estaban decidiendo. La criminalización del aborto tiene ese efecto: hace que tres mujeres sean filmadas, vulneradas en su intimidad, expuestas a nuevas violencias. La circunstancia hace que, además, se vea más claramente la selectividad del sistema penal, que hace que estas detenciones y estos allanamientos sean siempre en lugares como Ciudadela, José C. Paz, y no en barrios acomodados donde también siempre se hacen abortos. No conozco los detalles de la causa que llevó a ordenar el allanamiento, pero está claro que siempre son las mujeres más pobres las que se ven afectadas en su salud. Y no sólo son las más pobres: también las más vulneradas, criminalizadas, filmadas. Son situaciones que requieren nuestro acompañamiento como organismo de derechos humanos”, señaló a este diario la abogada del CELS Lourdes Bascari.

Para hoy a las 10 de la mañana, Integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto convocaron a una manifestación ante el Juzgado de Garantías de San Martín (Pueyrredón 3510), para pedir el sobreseimiento de las tres mujeres en la causa. “No están vinculadas con la organización a la que se está investigando, no tienen que estar imputadas”, dijo una de las integrantes de la campaña, quien también contó a este diario que las mujeres ayer “estaban incómodas por la situación, por cómo se las trasladó, por cómo se manipuló mediáticamente por una parte del periodismo. Que hubiera cámaras de televisión en el allanamiento fue algo que afectó la privacidad de esas mujeres”.