Amado Boudou será juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 1, acusado de falsificación de documentos en el trámite de transferencia y cambio de radicación de un auto Honda CRX del Sol que compró hace veintiún años. En cuestión de horas, la Sala II de la Cámara Federal y el juez Claudio Bonadio dieron los pasos que determinaron que el caso fuera elevado a juicio, aunque es improbable que el proceso se concrete pronto, puede demorar meses, o más de un año. El vicepresidente siempre argumentó que los datos y firmas falsos que aparecieron en los papeles fueron obra de gestores contratados por su ex pareja, quienes también estarán en el banquillo, igual que una funcionaria del Registro de Automotores 2.

La causa lleva cinco años de trámite. El pedido para mandar a Boudou a juicio oral había sido presentado por el fiscal Guillermo Marijuán a comienzos de octubre. El vicepresidente pidió la nulidad. Pero ayer los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun rechazaron su reclamo y dijeron que no encontraron “falencias” y que Marijuán cumplió con “las exigencias normativas”. Enseguida Bonadio, dos pisos más arriba, firmó la elevación a juicio y el tribunal fue sorteado en cuestión de minutos.

Mientras todo eso ocurría estaba reunida la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que analizaba cinco expedientes que cuestionan el desempeño de Bonadio como juez. Al final del encuentro le notificaron de las investigaciones. Así, parecía repetirse el esquema: el juez toma medidas contra algún funcionario público mientras los consejeros analizan denuncias en su contra. A la inversa, los consejeros kirchneristas avanzan cuando se ve venir una medida o decisión antigobierno.

El auto que le complicó la vida a Boudou hoy tiene un valor que ronda los 100 mil pesos. Cuando lo adquirió lo usaba su entonces pareja, Agustina Seguin. Ella dijo que se contactó con los gestores Andrés Soto y Rodolfo Basimiani en 2003, cuando decidieron cambiar la radicación, de provincia de Buenos Aires a Capital Federal, donde vivían. Afirmó, en sintonía con Boudou, que él no tuvo contacto con ellos. Antes de avalar el paso a juicio oral, la Cámara Federal había respaldado la investigación de Marijuán con el argumento de que encontró probado que en el formulario 08 (de transferencia del auto a Boudou) todas las firmas son falsas, incluso la del vicepresidente. El domicilio consignado era una dirección inexistente; figuraba el motor original, aunque Boudou lo había cambiado en 1995; el formulario 12 (de verificación vehicular) también contenía datos truchos, y el 04, que pide el cambio de radicación de Moreno a Capital, consigna un domicilio inexistente, en la calle Berón de Astrada.

“Boudou participó con conocimiento de los hechos reprochados”, dijo la Cámara cuando abrió camino al juicio. El vicepresidente niega su participación y sus abogados han insistido en que no se ha demostrado ningún dolo ni ningún perjuicio provocado. El delito por el que será juzgado junto con Seguin, los dos gestores y la funcionaria María Taboada Piñero, prevé de uno a seis años de prisión. Esto implica que puede tener tanto una pena en suspenso como de cumplimiento efectivo.

El TOF1 está integrado por Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer. Actualmente están dedicados de manera casi total al juicio sobre los crímenes del Plan Cóndor, que estiman que terminará a mediados del año próximo. Luego tienen otro sobre crímenes en Orletti. Mientras, hacen otros juicios chicos y aquellos donde hay personas privadas de su libertad. El tribunal, de todos modos, podría sufrir cambios. Amirante, que fue fiscal, está pensando en renunciar. Laufer, en realidad, es subrogante. Entre planteos que puedan hacer los abogados defensores, los trámites y las vacantes, es difícil vaticinar una fecha de juicio.

Al ser elevado a juicio ahora, el caso de Boudou queda asociado a la ofensiva política de los jueces federales, que en los últimos días sumó un procedimiento del juez Ariel Lijo en el Ministerio de Economía para secuestrar expedientes de viajes al exterior; el llamado a indagatoria del ministro de Justicia Julio Alak, por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi, por supuestos pagos irregulares cuando era director de Aerolíneas Argentinas; los pedidos de Bonadio de declaraciones juradas de la Presidenta así como los procedimientos de Rodolfo Canicoba Corral en la Procuración General.