El puente que une Lanús y Pompeya dejará de tener el nombre del dictador José Félix Uriburu y se llamará de ahora en más Puente Nacional Ezequiel Demonty, el chico de 19 años que fue arrojado desde allí al Riachuelo después de ser torturado por agentes de la Policía Federal en septiembre de 2002. El cambio surge de un proyecto que el Senado convirtió en ley y que había sido redactado e impulsado por alumnos de la Escuela E.E.M. 3 Carlos Geniso, en el Bajo Flores, donde estudiaba el joven asesinado. Los alumnos que participaron viven en contextos de alta vulnerabilidad y conocen en carne propia la violencia de las fuerzas de seguridad, que describen como cotidiana. Guiados por sus docentes, pensaron que proponer una ley era una forma de hacerse escuchar, de contar cómo es su realidad y frenar los maltratos de policías y gendarmes. Todavía no pueden creer, dicen, lo que lograron.

Con parte de su misión cumplida, los chicos le dejaron una carta en la Casa Rosada a la presidenta Cristina Kirchner con un pedido: “Así como Néstor bajó los cuadros de los dictadores de la pared de Presidentes sería un inmenso orgullo para todos los que luchamos por una patria inclusiva y soberana que sea usted quien baje la placa del hombre que inauguró una serie de dictaduras en nuestro país (Uriburu), y en ese mismo acto suba y afirme, a través de Ezequiel Demonty, a todos los jóvenes de los barrios menos beneficiados que con tanto amor trabajan por un mundo para todas y todos”. También cuentan que están “muy felices” y piden que como parte de la reglamentación de la ley “se indique a todas las líneas de colectivos que pasan por allí que cambien el cartel donde dice ‘Puente Uriburu’ o ‘Puente Alsina’ y que comience a indicar al ‘Puente Ezequiel Demonty’”.

Con fundamento

Los fundamentos de la ley fueron escritos por los propios estudiantes. Estos son algunos. “Para que no pase más con ningún joven lo que pasó con Ezequiel Demonty, que la policía lo golpeó sin razón alguna y lo arrojó al Riachuelo”; “para que la gente conozca la violencia institucional de estos barrios”; “Ezequiel sufrió todas las características de la violencia institucional, siendo inocente de todo, y no alcanza con que estén presos los culpables”; “lo que le hicieron fue injusto y cruel, sería bueno que el puente lleve su nombre”; “para que la policía aprenda que no tiene más derecho que nosotros”; “estaría bueno que cambien el nombre por el de Ezequiel, que fue asesinado por personas que no valoraron la vida”; “¿por qué tiene que tener el nombre de un dictador que hizo sufrir a muchas personas?”; “Uriburu restableció la pena de muerte”; “Uriburu fue el primer dictador de nuestro país y usó las armas en contra del pueblo, también la policía usa las armas para matar al pueblo”.

“La policía tiene que saber que la ley no es para matar, tal vez esto ayude”, dice inflado de satisfacción un joven espigado, de pelo cortito y ojos saltones y arito. También, casualmente, se llama Ezequiel R. y tiene 18 años. Hace meses que lleva en el bolsillo un folleto en blanco y negro que explica el proyecto de ley y precisa quién fue Demonty y quién fue Uriburu. “Queremos cambiar nuestra realidad”, se lee al pie, y se ve un pequeño sello con la leyenda: “Bajo Flores, barrio que lucha con alegría por la democracia”. Lo mostró y repartió el día que se animó a ir al Congreso a explicarles a los legisladores la propuesta. Ezequiel tiene un sinfín de historias propias con uniformados. Cuenta que cada dos por tres lo paran por su casa porque sí. En una ocasión, tenía que ir a buscar a un sobrino a la escuela y lo interceptaron, lo tiraron contra una pared y lo cachetearon. Su mamá fue a quejarse a la garita de Gendarmería, pero le negaron el episodio. “Le robaste a una vieja”, le gritaron los gendarmes en otra ocasión y lo esposaron. Lo liberaron cuando se puso a gritar que su papá es abogado y su mamá, policía. Su mamá limpia casas. Su papá perdió una concesionaria de autos, quebrado, y se puso una pequeña pizzería. Tiene siete hermanos. Es el propio Ezequiel el que quiere ser abogado para “sacar a los pibes de la cana y ayudarlos a que tengan futuro”, explica.

Hace un tiempo, Luis I. tenía esta fantasía: “Tal vez si sale lo del puente nos empiecen a tratar como personas. ¿Por qué la policía nos pega en vez de cuidarnos? ¿Por qué cuando busco trabajo tengo que negar mi barrio o me tratan de negro villero?”, pensaba. Ahora está exultante. “Ni imaginábamos que podíamos llegar tan lejos. Estoy orgulloso. ¿Vieron? Los pibes de un barrio villero podemos hacer cosas, somos personas, pudimos escribir un proyecto de ley”, dice al hablar con Página/12. Luis tiene un hermano mellizo, JR, por Juan Ramón, que es colaborador en una iglesia. Se compara: “Yo creo en Dios, pero mucho más creo en el Gauchito Gil, que te protege de las balas policiales”. A los 18 años, cursa tercer año por tercera vez. La situación le fastidia, pero en la escuela se siente bien, le da tranquilidad cada vez que llega. Y desde principio de año viaja hasta allí desde Lomas de Zamora, donde se mudó toda su familia cuando ya no pudo pagar el alquiler en la villa 1-11-14. Luis es flaquito, de baja estatura, pelo negro, auriculares blancos. Junto con Ezequiel, se han convertido en una suerte de voceros naturales del proyecto, que lleva el título Puentes para la Democracia.

Lo presentó el diputado Leonardo Grosso (Frente para la Victoria) y juntó firmas con su par radical Manuel Garrido. Llevó siete del oficialismo y siete de la oposición. Faltaron las del Frente Renovador, y el PRO votó en contra de la propuesta en el recinto con el argumento de que la Legislatura porteña ya le había puesto “Puente Alsina” al tramo porteño. Grosso mostró que por ley se trata de un puente nacional, y consiguió apoyo en Diputados. Al final el Senado dio su aval en forma unánime.

Pibe de barrio

“Profe, está loca”, le decían a la docente de Educación Cívica, Lucía Silva Beveraggi, alta, suave y sonriente, cuando los alentaba para que fueran a presentarse al Congreso, a la Comisión de Transporte. Ella introdujo en la escuela, junto con otros profesores, el concepto de “seguridad democrática” en sus clases y en actividades optativas del Programa Jóvenes y Memoria (de la ex ESMA), con apoyo de la Campaña contra la Violencia Institucional y el programa de calidad y extensión parlamentaria del Senado.

“Trato de transmitir que los propios vecinos, organizando el barrio, pueden controlar a las fuerzas de seguridad. La violencia institucional y la de los grupos narcos componen una problemática compleja de la zona. Los chicos tienen el fatalismo instalado, por eso intentamos que salgan del ‘nosotros no podemos hacer nada’”, explica a este diario. Ahí apuntaba el proyecto de ley: era una forma de transformar en acción lo que inicialmente los chicos y las familias plantearon como denuncia en un video sobre violencia institucional en el barrio al que llamaron El otro nunca más.

Sergio Díaz, otro de los profesores de Cívica y de Historia, dice que “siempre que se habla del Bajo Flores se habla de chicos malos y de cosas feas, pero también hay cosas lindas, y estos chicos son los que promueven un cambio cultural; como parte de ese proceso también trato de enseñarles cómo se derriba a un dictador que hasta el día de hoy tuvo un puente”. Grosso destaca como un logro que “se ha revertido esa idea instalada de que Ezequiel era un chorro y reivindicarlo como un pibe de barrio que no debió pasar por esto”.

Lo que sucedió, aquel 14 de septiembre de 2002, fue que Demonty había ido a bailar con dos amigos a Constitución y en el camino de vuelta los agarró la policía cuando intentaban tomar un remise. Los hicieron subir a patrulleros de la comisaría 34. Los llevaron hasta el comienzo del puente, en la parte conocida como Alsina, los molieron a golpes y los tiraron al agua. Ezequiel se ahogó. Sus amigos se salvaron. Claudio terminó preso por un robo menor, y Julio apareció asesinado en un auto. En 2004, fueron condenados a prisión perpetua el ex oficial subinspector Gastón Samohano, el ex oficial inspector Gabriel Barrionuevo y el suboficial Alfredo Fornasari.

Los jóvenes autores del proyecto de ley eran muy pequeños cuando todo eso ocurrió, pero se sienten parte y protagonistas de esa historia. El 3 de diciembre se enteraron sobre la hora de que el Senado estaba por votar. La familia de Ezequiel Demonty llegó justo sobre el final. La mamá, Dolly Demonty, se quedó mirando todo alrededor, igual que su hermana y sus hijos, que son siete en total. A la salida se fueron a festejar con un asado en Ciudad Oculta, donde Ezequiel era cartonero y donde su mamá atiende un comedor. “Estos pibes lograron mantener viva la memoria de Ezequiel, que para la policía era un negro de mierda”, dice Dolly Demonty, visiblemente emocionada (ver aparte). “Para mí –sube la voz–, que siempre viví en barrios populares, es un orgullo que esto haya surgido en la escuela.”