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Las periodistas Mariana Carbajal y Sonia Santoro, de Página/12, fueron reconocidas por el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación por su trabajo en la difusión de los derechos de las personas con discapacidad y en la no discriminación desde una perspectiva inclusiva.

Además fueron premiadas las periodistas Roxana Barone, Verónica González Bonet, Julieta Mortati, Cristina Bracco, Verónica Cher, Valeria Alvarez Cachés, María Inés del Valle Mamani, Florencia Halfon-Laskan, Paola Avena y Karina Viamonte. También fueron premiados los periodistas Marcos Folgar, Marcelo Franco y el equipo del programa Desde la vida, de la TV Pública que conducen Fena Della Maggiora y Ana Paula Vitelli.

En un plenario realizado en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, María José Lubertino, titular del organismo, y representantes de distintas ciudades del país presentaron además un informe sobre cómo se está aplicando en Argentina la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que tiene rango constitucional en Argentina. “No se ha implementado el certificado único de discapacidad en la totalidad de las jurisdicciones nacionales, al punto que la propia capital de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no lo ha implementado en su territorio”, se destacó en el material. El balance incluyó además “el enorme esfuerzo del Estado nacional en lo relativo al acceso a las pensiones por discapacidad” y detalló que para este año que termina “la meta fue de 1.128.041 beneficiarios de pensiones no contributivas y para el año 2015 el nuevo presupuesto prevé un total de 1.184.270 beneficiarios, con un incremento de 56.000 personas”. “Pero la realidad actual es que se han superado esas previsiones y las pensiones no contributivas han superado la cifra de 1.300.000 personas”, resaltó el trabajo elaborado por el Observatorio.

Entre los temas pendientes, el relevamiento incluyó la “falta de políticas y programas” sobre las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas y a las personas sordo-ciegas y de “una estrategia específica” dirigida a las mujeres y las niñas de este colectivo que son víctimas de violencias de género.