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La ciudad de Barcelona fue escenario ayer de una nutrida marcha de protesta contra la reforma de la Ley de Extranjería, aprobada el jueves último en el Congreso español. El nuevo texto legal, aprobado por amplia mayoría, contempla nuevos tipos de visado temporal, de tres meses, para que los inmigrantes puedan buscar trabajo en España durante ese período y continuar legalmente en el país si consiguen un empleo.
En la manifestación, convocada por una treintena de asociaciones, partidos políticos y sindicatos, y encabezada por una pancarta en la que se leía “Por una ciudadanía con igualdad de derechos”, el gobernante Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) fueron el principal blanco de las críticas, por impulsar una reforma que supone un “nuevo recorte de los derechos” de los inmigrantes.
El nuevo texto de la ley, que supone su tercera reforma desde que gobierna el PP, es el resultado de un acuerdo que el oficialismo alcanzó con el PSOE y entrará en vigencia en enero próximo.
El secretario general de la Unión General de Trabajadores de Cataluña, Josep Maria Alvarez, dijo que esta reforma “agravará la situación de los inmigrantes sin papeles” y culpó al PP de haber impulsado esta modificación legislativa, aunque criticó también al PSOE “porque al haber dado su apoyo rompió el consenso social que había contra la Ley de Extranjería”. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña, Joan Coscubiela, afirmó que la nueva ley “obligará a los trabajadores extranjeros a sumergirse más en la clandestinidad y contribuirá así a crear alarma social, lo que permitirá al PP recoger los votos del miedo”.
La marcha de protesta transcurrió sin incidentes por algunas calles de la capital catalana hasta la Delegación del Gobierno, donde los manifestantes leyeron un manifiesto en el que denuncian que la nueva ley permite “ceder a la policía datos confidenciales de las personas inmigrantes del padrón municipal”.