La temporada de verano volvió a poner en la mira las irregularidades de las colonias que dependen del gobierno porteño. La Subsecretaría de Deportes y Recreación Social de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó un relevamiento sobre las actividades y la infraestructura de las 16 colonias en actividad y encontró dificultades para conseguir vacantes, carencia de actividades en caso de lluvia y falta de docentes e insumos para realizarlas. Sin embargo, la denuncia más alarmante se centró en la realización de una serie de mediciones y exámenes médicos a los chicos, que se llevaron adelante sin autorización de los padres, en ámbitos abiertos y públicos, y violando el derecho a la intimidad.

Unos 20 mil niños de entre 4 y 12 años se inscribieron en las colonias que se desarrollaron en 13 polideportivos porteños, el Club de Amigos, el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) y en la sede del Servicio Nacional de Rehabilitación, según información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todas dependen de la Subsecretaría de Deportes y funcionaron desde el viernes 2 de enero hasta el día de hoy.

“De todas las irregularidades que hemos detectado, las que más nos preocuparon fueron las relacionadas con los exámenes médicos que el gobierno realizó a las niñas y niños en vistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”, afirmó Marcelo Achile, responsable de la Subsecretaría de Deportes de la Defensoría.

La Subsecretaría de Deportes porteña inició en todos los polideportivos un screening médico con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Realizó una serie de mediciones y exámenes sobre el peso, talla, auscultación cardíaca y ECG al segmento de niños que por su edad estarían en condiciones de participar de la competencia.

Achile comentó que los padres de los asistentes a la colonia no fueron notificados acerca de estos exámenes físicos. Además, eran realizados en espacios públicos, donde, por ejemplo, se auscultaba a las niñas y niños sin ninguna privacidad, violando su derecho a la intimidad. Los resultados fueron entregados directamente a los chicos por medio de sus docentes.

“También pasó que le dieron a una nena de 11 años un diagnóstico de obesidad, sin ninguna contención y sin la presencia de los padres, lo que ocasionó que la pequeña no quisiera ir más a la colonia”, detalló el subsecretario.

La Defensoría le exigió al Ejecutivo porteño que se requiera autorización previa a los padres para efectuarlos, se dispongan ámbitos apropiados para realizarlos y se entreguen los resultados obtenidos en sobre cerrado. Además, según señaló Achile, intervino para que la niña retome las actividades. “Hay que tener en cuenta el daño psicológico que se puede generar con acciones como éstas”, reflexionó.

En sus recorridas, personal de la subsecretaría pudo observar falta de docentes e insuficiencias en la disponibilidad de materiales deportivos y recreativos. “Si uno va a las playas que la Ciudad armó en el Parque Indoamericano o en el Parque de los Niños, encuentra material de sobra, lo que implica que no es falta de presupuesto”, apuntó Achile.

Los docentes y talleristas no tenían indumentaria identificatoria. La misma situación se daba con los niños, que tampoco estaban provistos de identificación respecto de su grupo de pertenencia.

Otro tema sobre el que recibieron varias denuncias fue la suspensión de las actividades los días de lluvia. Aunque el personal se encontraba en los predios, no existían planes alternativos, por lo que los chicos debían retirarse con el consecuente inconveniente para la organización familiar.

La mayoría de las sedes tampoco contaba con lugares cubiertos o disponía de espacios insuficientes. “Aunque el gobierno porteño entregó tela media sombra, lo hizo cuando las actividades ya habían comenzado y, en algunos casos, no se pudo colocar por falta de insumos complementarios y personal para llevar a cabo la tarea, por lo que los docentes y niños se encontraban al rayo del sol la mayor parte de la jornada”, sostuvo.

Con respecto a la alimentación de los niños, se observó que las dietas especiales no se entregaban en envases individuales debidamente rotulados con el nombre del destinatario, en tanto en los puestos de hidratación los niños estaban obligados a beber varios de la misma botella.

Los aptos médicos, de carácter obligatorio, no siempre se encontraban en la sede donde deberían estar a disposición de los directivos y médicos a cargo de la colonia. “También hubo inconvenientes con las vacantes. De hecho, desde la Defensoría tuvimos que intervenir en más de un caso para conseguir el lugar, aun cuando los padres se habían acercado en tiempo y forma a anotar”, indicó.