SOCIEDAD › RECHAZAN LA PERSONERIA PARA LAS TRAVESTIS

Una traba al reconocimiento

La Inspección General de Justicia negó la personería jurídica a una organización de travestis y transexuales argumentando que no tiende al “bien común”. Denuncia por discriminación.

“No encuadra en el concepto de bien común”, fue el argumento central del Inspección General de Justicia para negar la personería jurídica a la Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (Alitt). Argumentos similares habían sido esgrimidos para negar figuras legales a la Asociación de Swingers y a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) –aunque luego de cuatro años, esta última logró obtener el reconocimiento oficial–. La coordinadora de Alitt, Lohana Berkin, prefirió la ironía. “¿Qué bien común hace la Sociedad Rural?”, se preguntó y denunció el fallo como discriminatorio. El concepto de “bien común” aparece equiparado con los argumentos utilizados por algunos sectores, entre ellos la Iglesia Católica.
“Es una forma más de negar la condición de ciudadanía plena de quienes no se encuadran en ninguno de los dos sexos/géneros aceptados. Como tal, es un acto que resulta inaceptable y discriminatorio”, destacó la organización. Berkin subrayó que “cada entidad que se conforma tiene una población específica, la nuestra es las travestis y transexuales, parece que ése es el gran problema. Además, ¿quién determina qué es el bien común?, es de una tremenda subjetividad que siempre beneficia a los mismos porque resulta que quienes nos alejamos de lo aceptado no nos importa la comunidad, pero quienes lo único que hacen es limpiar un lago sí hacen bien común”. Alitt es una organización de Capital Federal que trabaja desde hace diez años en la defensa y promoción de los derechos de travestis y transexuales, cuenta con 60 integrantes y, entre otros beneficios, una figura legal les permitiría acceder a financiamiento externo y a programas sociales.
El Departamento de Precalificación y la Subinspección General del organismo, pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, habían dictaminado que sí correspondía a Alitt el otorgamiento de la autorización para funcionar como asociación civil. Pero el 4 de julio ya habían comenzado los problemas: el entonces inspector general de Justicia, Guillermo Enrique Ragazzi, solicitó mayores explicaciones respecto del “objeto social”.
Como establece el Código Civil, las integrantes de la entidad lo redactaron nuevamente: “Luchar para que el Estado y la sociedad acepten el travestismo como una identidad propia; lograr que las personas travestis y transexuales se conviertan en sujetas/os de derecho; lograr una mejor calidad de vida para las personas travestis y transexuales; implementación de la campaña ‘Construyendo la ciudadanía travesti-transexual’ para exigir el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda y demás beneficios sociales; propiciar espacios de reflexión y campañas de divulgación en materia de derechos sexuales y antidiscriminación”. Pero el nuevo texto no conformó a la nueva autoridad de la Inspección General, Ricardo Nissen, que el 16 de septiembre último negó la personería jurídica.
En mayo de este año, la Justicia también denegó la personería jurídica a la Asociación de Swingers por considerar al intercambio de parejas como inmoral, contrario a las buenas costumbres y violatorio de la fidelidad que los matrimonios se deben. La Comunidad Homosexual Argentina luchó cuatro años hasta que le fue otorgada su figura legal: “Nos reconocieron no por ajustarse a derecho, sino por conveniencia política, porque en ese momento Carlos Menem viajaba al exterior y sufría escraches de compañeros nuestros”, detalló el presidente de la entidad, César Cigliutti, y remarcó que “no se entiende, es increíble, que exista algún gobierno u organismo que justifique desigualdades entre las personas”.
En el fallo sobre las travestis, Nissen detalló que “la autorización otorgada por el Estado a las asociaciones civiles que se presentan para obtener la misma implica hacer suyos los objetivos que persigue la entidad y no creo –más allá de las alusiones efectuadas por los presentantes en torno de la necesidad de combatir la discriminación de que son objeto, locual bien pueden efectuar sin contar con la autorización que requieren– que constituya una prioridad del Estado la aceptación del travestismo como una identidad propia o la construcción de una ciudadanía travestitransexual”.

Informe: Darío Aranda.

Compartir: 

Twitter

Lohana Berkin, promotora de la Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual.
“¿Quién determina qué es el bien común? ¿Qué bien común hace la Sociedad Rural?”, se preguntó.
 
SOCIEDAD
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.