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Por H. C.

Carlos Carrascosa y compañía están de parabienes. La Sala I de la Cámara de San Isidro rechazó la apelación del fiscal Diego Molina Pico para que se ordenara la realización de las extracciones de sangre. El fallo fue unánime, por “inadmisible”. Pero los criterios fueron diametral y paradójicamente opuestos. Mientras que el juez Fernando Maroto consideró que aceptar la extracción compulsiva significaría una violación a los derechos constitucionales, los jueces Emilio Rodríguez Mainz y Margarita Vázquez dijeron que la apelación era “inadmisible” porque el juez Diego Barroetaveña ya se había expedido en el asunto.
Barroetaveña tiene un paso polémico por el caso García Belsunce. Primero había confirmado la preventiva del viudo célebre fundamentando en la evidente posibilidad de fuga del procesado, teniendo en cuenta la condena a perpetua en discusión. Una semana después, dando pie a rumores de lo más diversos, ordenó su libertad. A lo largo del expediente, entre otras cuestiones, se dirimían las extracciones de sangre a Carrascosa, junto a los familiares de María Marta, amigos, médico, masajista procesados por encubrimiento y el vecino díscolo.
Todos, en su momento, se habían rasgado las vestiduras ofreciendo sus venas para comparar sus ADN con los de las muestras sanguíneas halladas en la escena del crimen. Pero llegado el momento, Carrascosa, familiares y amigos se negaron, ya sea por temor al pinchazo o a otras cuestiones más profundas que una vena. El fiscal apeló. Barroetaveña rechazó la apelación. En pocas palabras, el voto de Rodríguez Mainz y Vázquez pareció decir: si hay un juez, no importa qué diga, para qué sirve una Cámara.