A un mes del inicio de las obras en el Parque Lezama, en las que el Gobierno de la Ciudad había comenzado a enrejar el parque, la Comisión Vecinal Parque Lezama presentó en una jornada de debate en la Legislatura porteña un proyecto de plan de manejo participativo del predio para que sea compartido entre el Estado y los usuarios. El plan pretende que se garantice la no instalación de rejas perimetrales, semejantes a las que intenta colocar el gobierno porteño.

Los vecinos, organizaciones barriales y diputados se reunieron en la Legislatura para analizar el texto que trabajaron sobre uno similar presentado en el 2013, pero que nunca prosperó dentro de las comisiones parlamentarias. Mauricio García, integrante de la comisión, explicó que la propuesta implica “una participación activa de los vecinos a través de una mesa de trabajo que defina las obras a realizar dentro del parque”.

“Hoy venimos a sumar el compromiso de los legisladores porque creemos en esta forma de participación y porque planteamos opciones al enrejado dentro de este plan, a diferencia del artilugio que usaron desde el gobierno de decir que la cerca era para evitar actos de vandalismo”, agregó.

El proyecto busca declarar al Parque Lezama como una compleja composición “sociohistórica, cultural, ambiental y patrimonial material e inmaterial y como área de planificación y gestión co-participativa, incluyendo los espacios verdes, las arboledas, el anfiteatro, las canchas de fútbol, el Museo Histórico Nacional, la glorieta, las canchas de bochas, los monumentos, las ferias que allí funcionan y la calesita”.

A su vez, convoca a un plenario que “sesionará una vez al mes salvo cuando por excepcionales circunstancias se llame a plenario extraordinario. Se solicitará la participación de los consejos consultivos de la Comuna 1 y/o de la Comuna 4, que tienen jurisdicción sobre el parque, para llevar a cabo el plenario inicial. Dicho plenario será abierto a los usuarios y organizaciones que habitan el parque y tendrá como objetivo discutir los lineamientos del Plan del Manejo. Las decisiones se tomarán por consenso y cuando esto no se logre se tomarán por mayoría de votos.

El plan de manejo también crea una Mesa de Trabajo conformada por representantes del Ministerio de Ambiente, del Consejo Consultivo de las Comunas 1 y 4, de organizaciones barriales y de los usuarios del parque. Entre sus funciones figura “la realización de obras y mantenimiento del espacio verde” y “garantizar la no instalación de cercas perimetrales o rejas parciales que restrinjan el acceso al parque”.

El Plan de Manejo del Parque Lezama debe “realizar obras y mantenimiento del espacio verde y las especies de árboles que se encuentren en estado de abandono, incluyendo rehabilitación de los sistemas de riego”, “asegurar un alumbrado público en los caminos y espacios internos no lindantes con las calles perimetrales” y “conservar y salvaguardar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, paisajístico y cultural material e inmaterial”. A su vez, según el texto, el plan debe “asegurar el pleno uso del parque y la circulación al conjunto de la población, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad” y “garantizar la no instalación de cercos perimetrales y/o rejas totales y parciales que restrinjan el acceso al parque y la circulación durante las veinticuatro horas del día, todos los días de la semana”. Además, el proyecto prioriza conservar del espacio central del anfiteatro como playón para la realización de actividades culturales y recreativas.

La titular del Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas de la Ciudad, Mónica Capano, aseguró, por su parte, que “el concepto de parque no es compatible con el concepto de reja”. “La colocación de la reja es una barbaridad porque no estuvo consensuado”, dijo y advirtió que las obras que lleva adelante el gobierno porteño en el espacio verde representaron “una intervención brutal porque se hicieron sin tener en cuenta la potencialidad arqueológica del lugar”.

A su turno, el legislador Alejandro Bodart se mostró a favor de insistir con el proyecto dentro del Parlamento y señaló que la demora en darle tratamiento al elevado hace dos años responde a que “para el PRO todo lo que es participación es peligroso, porque si hay participación no hay negocio”.