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A lo largo del juicio, y de las declaraciones de los familiares y los abogados de la familia de Luciano Arruga luego del fallo de ayer, siempre estuvieron presentes las referencias a la investigación por la desaparición del joven, el 31 de enero de 2009, y la aparición del cuerpo, en octubre del año pasado, junto con la extraña historia de que murió atropellado por un automovilista cuando cruzaba corriendo desesperado la avenida General Paz. Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que viene acompañando a la familia Arruga, consideró que “todo lo ocurrido” en el juicio que finalizó ayer “tiene que servir para completar la información sobre el calvario que sufrió Luciano con su desaparición y su muerte”.

Recalcó que “estos señores (en referencia al policía condenado y a los que declararon como testigos en este juicio) tienen que aportar todos los datos que sepan acerca de lo que ocurrió cuatro meses después”, en enero de 2009, a partir de la desaparición de Luciano. En todos los hechos, la sospecha siempre estuvo centrada en los policías que estaban, entre 2008 y 2009, en el Destacamento de Lomas del Mirador.

“Estos mismos policías tienen que ser citados por el juzgado federal que investiga la desaparición y el calvario final de Luciano, para aclarar muy bien lo que pasó, por qué razón este chico fue obligado a bajar de un patrullero y tuvo que cruzar corriendo la General Paz, hasta que lo atropelló un auto”, subrayó Pimentel. La desaparición de Luciano Arruga, el largo peregrinaje de la familia, su extraña aparición muchos años después en el Cementerio de Chacarita, hablan a las claras del accionar de los policías que estaban hostigando al joven en forma permanente y también abren graves interrogantes sobre la inacción y la desidia de las distintas instancias judiciales por las que pasó el caso, sin llegar al esclarecimiento.

Sobre el juicio que finalizó ayer, Pimentel se declaró “satisfecho por la condena, que no es venganza, sino que responde a un legítimo pedido de justicia”. Sostuvo que la sentencia “tiene que sentar un precedente para que sepa la policía de la Argentina que no se puede actuar de cualquier manera, que quien comete cualquier tipo de tortura, física o psíquica, va a tener que pagarlo”.

Consideró que “los fundamentos del fallo son ejemplares y deberían ser tomados por otros tribunales, en otros casos; este señor (Jorge Daniel Torales) va a pagar por lo que hizo y seguramente van a tener que caer algunos más” por el mismo hecho. Recordó que “en este caso, el de 2008, por lo menos hubo uno o dos policías más involucrados, pero además hay que llamarlos para que aclaren de una vez cómo se llegó al desgraciado destino final de Luciano Arruga”.