El veredicto por el juicio oral y público por el choque de tren de Once será el 29 de diciembre próximo, luego de 21 meses de debate. Así lo estableció el Tribunal Oral Federal número 2 en la audiencia de ayer, durante la cual algunos de los imputados hicieron uso del derecho a pronunciar las últimas palabras antes de la sentencia, en el marco del proceso en el que se investiga el choque del tren “Chapa 16” del 22 de febrero del 2012, que causó la muerte a 51 personas y heridas a unas 800. El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime aseguró que es inocente y apuntó contra el maquinista Marcos Córdoba al sostener que “sólo él y su conciencia sabrán lo que sucedió en ese momento”. Por su parte, Córdoba se solidarizó con los familiares de las víctimas y declaró que hizo todo lo que pudo para frenar el tren.

En la Sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002, el maquinista aseguró que desde el accidente su vida “ya no es igual”. “Hice todo lo posible por frenar el tren; no tengo la culpa que no haya frenado”, declaró.

A su turno, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime aseguró no tener “nada que ver con el hecho que se produjo en el 2012” porque “había dejado la función pública tres años antes”. “Desde el primer día” de su gestión, aseguró, “la prioridad fue la seguridad”. El ex funcionario sostuvo que “no sabemos cuál fue el motivo del choque, pero sí tengo absolutamente claro que, durante toda la gestión, los seis años (en referencia al período que va desde el 2003 al 2009), bregamos absolutamente para ir mejorando un sistema que estaba devastado y bregamos por la seguridad del sistema”. Jaime también enunció su “absoluta y categórica desvinculación del hecho ocurrido” y apuntó contra Marcos Córdoba al sostener que existen pruebas que señalan que el tren estaba en condiciones de frenar y que “no sabemos por qué motivo no frenó y produjo tan luctuoso suceso trágico”.

Por otro lado, Jaime aseguró que, “siempre, tanto la Secretaría de Transporte como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) brindaron todo el apoyo necesario para que se realizaran los informes”, y sostuvo que quienes componían ese organismo eran “los primeros en querer saber cuál era la situación del sistema de transporte para hacer las inversiones que se tenían que hacer”. No obstante, Jaime puso el acento en la ley que el Poder Ejecutivo promovió para “preparar las condiciones para el caso que el Estado reasumiera el rol que había pedido con las privatización, entre 1989 y 1992”. En este punto, sostuvo que “el criterio de los legisladores fue que dependiera única y exclusivamente del Ministerio de Planificación Federal”, en referencia a una norma sancionada en marzo del 2008. “No era la facultad de un secretario de Transporte rescindir un contrato de concesión”, aseveró el ex funcionario al pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal. Por su parte, su sucesor en la Secretaría de Transporte, Juan Pablo Schiavi, optó por no hacer declaraciones.

En tanto, Luis Alberto Ninoná, uno de los ex jefes del área de material rodante de TBA, dijo estar allí “injustamente sentado”. “Me están juzgando por el nombre del puesto pero yo no me ocupaba de eso. No tengo absolutamente nada que ver con lo que pasó; ni siquiera manejaba fondos de una caja chica”, aseguró el ex empleado de TBA.