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En varias ocasiones, la jueza en lo civil Martha Beatriz Gómez Alsina ha sido denunciada por mal desempeño en sus funciones ante el Consejo de la Magistratura, pero el cuerpo colegiado, hasta ahora, siempre ha rechazado la apertura del jury de enjuiciamiento en su contra. En la mayoría de los casos, las denuncias son por haber intentado anular o suspender, matrimonios ya realizados o por realizar entre personas del mismo sexo, antes de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Lo grave del caso es que se trataba de uniones matrimoniales que habían sido autorizadas por otros jueces y que pretendieron ser anuladas o impedidas por Gómez Alsina, haciendo lugar a la presentación de particulares que alegando supuestos principios “morales” solicitaban que se dejara sin efecto la ceremonia matrimonial entre personas del mismo sexo.

Los pedidos de juicio político habían sido presentados por la ex presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), María Rachid, y por la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori. Los rechazos fueron sustentados por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.

Gómez Alsina, del Juzgado Civil 102, había intentado suspender los efectos legales del casamiento entre Alejandro Freyre y José María Di Bello, la pareja que a fines de diciembre de 2009 formalizó su unión en Tierra del Fuego. Luego, la magistrada había intentado hacer lo mismo con otros matrimonios: el de Norma Castillo y Ramona Arévalo y el celebrado entre Alejandro Luna y el francés Gilles Grall.

Gómez Alsina cobró notoriedad cuando, mientras reemplazaba en forma momentánea a su colega Félix Gustavo de Igarzábal, anuló el primer matrimonio gay celebrado en Argentina, pese a que el acto se encontraba con sentencia firme de un juez de un fuero diferente. A partir de allí, la jueza y De Igarzábal continuaron actuando en tándem con un método calcado: anularon fallos de jueces del fuero Contencioso Administrativo porteño, que nada tiene que ver con el fuero civil nacional, luego de la presentación de un vecino o de un matrimonio heterosexual que se decía “violentado” por la confirmación del matrimonio de dos personas del mismo sexo.

Sobre 110 juzgados civiles, todas las presentaciones de los “violentados” recayeron por sorteo en los juzgados del tándem. Las denuncias de Rachid y Liberatori fueron desechadas por la a Comisión integrada, entre otros, por Mariano Candioti, Ernesto Sanz y Carlos Kunkel. Aunque manifestaron “un desacuerdo con el criterio sustentado por la jueza” Gómez Alsina, de todas maneras señalaron que ella resolvió tomando en cuenta “su específica y privativa facultad de juzgar”.