Francia adhirió este miércoles al grupo de países europeos que sancionan a los clientes de las prostitutas, una medida que fue objeto de dos años y medio de debate en el ámbito legislativo, y que genera divisiones tanto entre distintos sectores políticos como entre las asociaciones de ayuda a las prostitutas. El texto, aprobado de manera definitiva ayer por la tarde en la Asamblea Nacional (equivalente a la Cámara de Diputados), establece que “la compra de actos sexuales” será sancionada con una multa de 1500 euros, y de hasta 3500 en caso de reincidencia. El texto, además, prevé una pena complementaria, también nueva, consistente en la formación obligatoria para concientizar sobre las condiciones de la prostitución. En tanto, en Alemania, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que establece penas de prisión de entre tres meses y cinco años para los clientes que contraten a prostitutas que sean víctimas de trata de personas, aun a sabiendas de esa situación.

Todos los países europeos castigan el proxenetismo pero Francia es el quinto en sancionar también a los clientes de las prostitutas, después de Suecia, que fue el primer país en hacerlo –en 1999–, y de Noruega, Islandia y el Reino Unido.

Para llegar hasta la aprobación de ayer fue necesario un largo proceso parlamentario de cerca de dos años y medio. La extensa trayectoria de la iniciativa, sin embargo, no terminó por construir consensos con todos los sectores interpelados e interesados por la medida. De hecho, mientras la Asamblea se disponía a aprobarla, en las calles cercanas una manifestación de prostitutas se pronunció contra ella, con pancartas que rezaban consignas como “clientes penalizados, putas asesinadas”.

Según las estimaciones oficiales, en Francia hay entre 30.000 y 40.000 prostitutas, en su mayoría extranjeras, procedentes de Europa del Este, Africa, China y América Latina. La penalización de los clientes es la medida principal del texto, que también contempla mecanismos para reforzar la lucha contra el proxenetismo y para favorecer ayudas que propicien abandonar la prostitución a quienes la ejerzan. El texto suprime, además, el delito de captación pasiva de clientes por parte de las prostitutas, que regía desde 2003 y era denunciado por las asociaciones de ayuda a las prostitutas.

Las dos cámaras del Parlamento no se pusieron de acuerdo nunca sobre la sanción de los clientes. La Asamblea Nacional, en la que la izquierda tiene la mayoría, la aprobó, pero el Senado, mayoritariamente de derecha, se opuso a la medida. En un caso así, a falta de acuerdo sobre un texto común, la Asamblea tiene la última palabra.

El proyecto generó polémica y divisiones dentro de los partidos políticos y en el conjunto de la sociedad francesa. Para sus partidarios, la penalización de los clientes debe ayudar a disuadir la demanda y considerar a las prostitutas como “víctimas y no ya como delincuentes”, definió la diputada socialista Maud Olivier, impulsora del texto. “Esta ley es indispensable para que no se pueda considerar más como normal la compra del cuerpo de una persona”, añadió Olivier.

En cambio, detractores del proyecto, como Sarah-Marie Maffesoli, de la organización Médicos del Mundo, aseguran que sancionar a los clientes “pondrá en peligro” a las prostitutas, que estarán más aisladas. La penalización de los clientes fue también combatida por asociaciones de prostitutas que presentan su actividad como voluntaria y temen una pérdida de ingresos. “Las consecuencias ya las vemos. Las que pueden se van a trabajar a los países fronterizos, las otras buscan agencias, salones, intermediarios que van a desempeñar el papel de proxenetas, a fin de ponerlas en contacto con los clientes”, advirtió Morgane Merteuil, del Sindicato del Trabajo Sexual (Strass).

En tanto, en Alemania el Consejo de Ministros aprobó una ley que establece penas de prisión de entre tres meses y cinco años para quienes mantengan relaciones sexuales con prostitutas forzadas a prostituirse, cuando el cliente sea consciente de ello.

La prostitución es legal en Alemania, donde sindicatos policiales y organizaciones de prostitutas se manifestaron escépticos ante el alcance de la nueva ley. En un comunicado, el gobierno señaló que la sanción de la norma es la transposición de una directiva comunitaria que se propone luchar contra las mafias que trafican con personas. De acuerdo con la norma, el cliente que denuncie un caso no será castigado, como tampoco lo será quien pueda demostrar que no sabía y no podía saber que la prostituta estaba siendo forzada a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Para los proxenetas se contemplan penas de hasta diez años de prisión. “Tenemos que proteger mejor a las mujeres y los niños frente a la trata de personas y la prostitución forzada”, advirtió el ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, para defender la necesidad de actuar “con todos los medios legales posibles”. Maas justificó el proyecto y rechazó instaurar una prohibición de la prostitución como la que rige en Suecia, porque, señaló, ello relegaría a muchas mujeres a la clandestinidad, y limitaría fuertemente sus derechos. Por su parte, el Sindicato de la Policía señaló la dificultad probar que un cliente sabía o podía haber sabido que la prostituta a la que había contratado se prostituía de manera forzada.