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Un hombre fue condenado esta semana por un juez de La Plata a tres años de prisión por ejercer violencia de género contra Mariana Condorí, una joven de 20 años que se quitó la vida en 2012 producto del maltrato que recibía por parte del hombre. Según señaló Sofía Caravelos, abogada integrante del Colectivo de Acción e Investigación Jurídica (CIAJ), el condenado Gabriel Maldonado todavía tiene que enfrentar la acusación por otros tres delitos, entre ellos, el de instigación de suicidio. “Mariana termina tomando esa decisión pese a que pidió ayuda al Estado, pidió protección y nadie la escuchó, nadie la ayudó”, dijo la letrada que representa a Alejandra Pereyra, mamá de la víctima, quien al conocer el fallo pidió que el condenado “pague por la violencia que ejerció contra Mariana y sus hijos”.

El Juzgado en lo Correccional 5, a cargo de Diego Tatarsky, condenó a Maldonado a tres años de prisión efectiva por violencia de género y lo absolvió de los delitos de amenazas y daños a la joven. Para el juez se pudo probar durante el debate que la joven Mariana Condorí fue obligada por Maldonado a subirse a una moto con su beba en brazos, previa golpiza en la casa que compartían en Villa Elvira, y fue obligada a conducir la moto hasta la localidad de Los Hornos. Además, según probó el magistrado, la joven era golpeada en la cabeza con la culata de un arma mientras manejaba.

La Justicia también dio por acreditado el corrimiento o luxación de mandíbula que le produjo Maldonado en otra oportunidad, aunque el magistrado desestimó las amenazas de muerte y otros daños que sufrió la víctima y dos de sus hijos durante la convivencia de un año y medio con Maldonado. Si bien aún no se conocen los fundamentos del fallo, Caravelos criticó “la ineficacia de la investigación que se remonta a los inicios de esta causa, deficiencia que tiene que ver con el incumplimiento del deber de prevención e investigación que es lo que estamos denunciando como CIAJ y desde muchas otros organismos y organizaciones”.

El juez condenó al victimario por privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas y lesiones graves en perjuicio de la joven. A su vez, entendió que Maldonado es un delincuente reincidente en delitos contra la propiedad privada en hechos posteriores a la muerte de la joven, por lo que aplicó el concepto de pena única y lo condenó a 10 años y seis meses de prisión más accesorias legales, por los delitos de violencia de género y robo.