El gobierno de San Juan paralizó las actividades en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, luego de que se hiciera público un nuevo derrame de solución cianurada. El vertido ocurrió a días de cumplirse un año del volcado que contaminó cursos de agua en la zona, el 13 de septiembre de 2015. Las autoridades provinciales anunciaron una nueva multa para la empresa. La asamblea de vecinos de Jáchal exigió el cierre definitivo del proyecto minero y se declaró en estado de asamblea permanente.

La empresa Barrick Gold Corporation ratificó ayer la existencia del derrame, a través de un comunicado fechado en Toronto, y dijo que la solución cianurada en la mina Veladero “no representa ninguna amenaza para la salud de los empleados, las comunidades ni el medioambiente”.

El derrame, anunciado telefónicamente al gobierno provincial por la empresa nueve horas después de producido, el 8 de septiembre pasado, tomó trascendencia pública ahora luego de que los vecinos de Jáchal se enteraran a través de las redes sociales y generaran un reclamo frente a la Intendencia local con situaciones de tensión que terminaron con el jefe comunal refugiado en la comisaría (ver aparte).

Según la empresa, el derrame fue producido a las 2.30 del jueves pasado –cinco días antes de cumplirse el primer aniversario del anterior – por el desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas –45,7 centímetros– del sistema de colección de solución por el impacto de un trozo de hielo que provocó que el líquido que contiene cianuro saliera fuera de la zona de contención unos 20 metros y afectara un área de unos 200 metros cuadrados, con un volumen de mineral de 100 metros cúbicos. Barrick informó a las autoridades nueve horas después de producido.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, llamó a una conferencia de prensa ayer para explicar que “he merituado que el justo equilibrio era parar la mina, algo que no es tan sencillo” y anticipar que la provincia volverá a “multar a Barrick Gold” por el derrame. “Ya les metimos una multa de 150 millones de pesos antes y se le viene otra”, anunció. También, aseguró que si se comprueba que no hubo contaminación reabrirá la mina “y todos a trabajar como corresponde”.

Desde el poder judicial, mientras el juez de Jáchal, Pablo Oritja, ya cuestionado por los vecinos de la zona por su actuación en la causa por la contaminación del año anterior, dijo que ahora “técnicamente no debería hablarse de un derrame. A través de un comunicado, Barrick Gold informó que se habría roto un caño, pero ese líquido de ninguna manera habría llegado a traspasar los límites del valle de liquidación”. También sostuvo que la paralización de la actividad de la mina era una decisión política del gobernador.

Sin embargo, el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, le requerirá al juez “en representación del gobierno y de su población, que se aboque a la investigación de la mecánica del hecho incidental”.

Por su parte, en Buenos Aires, el juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer medidas para que los ministerios nacionales de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el de Energía informen sobre el nuevo derrame, al tiempo que dispuso una orden de presentación para que la División Delitos Ambientales de la Policía Federal recolecte en esas carteras información sobre la actividad de Barrick.

Vecinos de la asamblea “Jáchal no se toca” presentaron un escrito en los tribunales federales de Comodoro Py para reclamar al juez Casanello que disponga el cierre inmediato de Veladero.

El gobierno nacional, a través del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, decidió el envío de una delegación conformada por el subsecretario de Control y Monitoreo Ambiental, Juan Trebino, y el subsecretario de Política Minera, Santiago Dondo, para saber “el tipo de siniestro y el impacto que tiene en la zona de la mina Veladero”, afirmó el funcionario. Bergman explicó que “ni bien nos enteramos del incidente hemos tomado la decisión de acudir al lugar para obtener información, relevar incluso si se cumplieron los protocolos del caso en base a los informes que hizo la empresa, y poder actuar en consecuencia”. “No podemos adelantar ni cómo fue el accidente ni qué alcance tiene. Nuestra decisión es estar en el lugar para que las decisiones que se tomen se correspondan con lo que pasó”, aseguró el ministro.

Ayer, los diputados nacionales del PRO presentaron un proyecto para que Bergman y el secretario de Minería, Daniel Meilan, informen a los legisladores el nuevo derrame, y le apuntaron al gobierno provincial por la demora en informar el hecho. El impulsor del proyecto, el sanjuanino Eduardo Cáceres, presidente de la Comisión de Minería, sostuvo que “estamos estupefactos ante un nuevo derrame en la misma empresa, el mismo proyecto, lo que evidencia una falta de control e información precisa e instantánea que debe brindar la empresa cuando ocurren estos hechos y que tampoco ocurrió, porque esto sucedió el 8 de septiembre”.

Anoche, la asamblea de vecinos “Jáchal no se toca” se mantenían en alerta y con una vigilia en la plaza departamental en reclamo de “acciones concretas de parte del intendente, el gobierno y la Justicia”. La asambleísta Miriam Corzo aseguró que “hay preocupación e incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar y si nuestra agua es segura o no, queremos vivir tranquilos, sin estos sobresaltos”. Y resaltó que “desde hace un año venimos pidiendo al intendente Miguel Vega la conformación de un comité de crisis para que pensemos qué vamos a hacer, pero no hemos logrado nada”. El nuevo derrame es “una bomba que nos estalló en el pecho”, definió.