Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.
Alejandro Rúa, abogado de Héctor Timerman.
Imagen: Joaquín Salguero & Rafael Yohai.

“Debemos preguntarnos ¿son hechos nuevos? El fiscal dice que es nuevo que (Héctor) Timerman hable de la responsabilidad de funcionarios iraníes en el atentado a la AMIA. Desconoce que era un hecho público desde hacía varios años. La confusión del fiscal es total. No sólo Timerman lo sabía, sino todo el mundo, ya que habían sido imputados y citados a indagatoria. Justamente de lo que se trataba el pacto era de poder tomarles indagatoria”, dijo la abogada del diputado Andrés Larroque, Lucila Larrandart. “Traigan las pruebas que traigan estos hechos no son delitos. Los nuevos elementos deberían introducir hechos distintos, un cambio de hipótesis. Y eso no ocurre”, señaló Alejandro Rúa, representante de Timerman junto a Graciana Peñafort.

Los tres abogados expusieron ayer ante los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes en unos diez días decidirán si abren la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman antes de morir. El fiscal Germán Moldes y el abogado de Ariel Cohen Sabban, presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), quienes impulsan el desarchivo del caso, no fueron a la audiencia. Prefirieron no exponer ni defender sus argumentos sino solo presentar un escrito.

Ballestero y Freiler deben decidir si abren la denuncia en la que Nisman acusó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Timerman y otros dirigentes políticos y sociales, como Larroque, por encubrir el atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán. Estos mismos jueces ya resolvieron el año pasado que el caso debía ser archivado, pero luego del cambio de gobierno, los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes y la DAIA insistieron con el caso. Como la causa se cerró luego de que el fiscal ante la Cámara de Casación Javier De Luca desistiera de impulsarla, tuvieron que alegar que había nuevas pruebas. Sus principales argumentos fueron tres: por un lado dijeron que el fallo del año pasado de Freiler y Ballestero debía ser anulado porque ambos jueces tuvieron distintos fundamentos al convalidar la decisión del juez Daniel Rafecas de archivar la denuncia. También afirmaron que debía evaluarse que ahora había quedado firme la declaración de inconstitucionalidad de pacto con Irán. Finalmente, aportaron un audio en el que Timerman habla con el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger y explica que el Gobierno estaba negociando con Irán porque, precisamente, los iraníes eran los acusados de poner la bomba y debían hablar con ese país si pretendían lograr que un juez los interrogara. La conversación fue presentada como una “revelación” acerca de que el canciller tenía información sobre los autores del atentado. A estos planteos respondieron ayer Rúa, Peñafort y Larrandart.

La audiencia se hizo en una modesta sala de reuniones del segundo piso de los tribunales de Comodoro Py. Estaban los dos jueces, los secretarios y los tres abogados. Sobre la mesa había ocho copas de agua, una jarra, un cenicero de vidrio que nadie usó, un platito con caramelos y algunos teléfonos celulares. Los cuatro periodistas que asistieron se acomodaron en los dos bancos que había en el lugar.

Rúa fue el primero en hablar. Dijo que los dos votos de los camaristas que estaban allí presentes habían sido coincidentes en lo principal, es decir, en confirmar el fallo de Rafecas que desestimó la denuncia de Nisman. “No deben entrar en el juego de Moldes”, afirmó. Luego resumió en ocho puntos los “obstáculos” para abrir la investigación. “Ustedes fueron claros en su votos. Ustedes los conocen. Traigan la prueba que traigan estos hechos no son delitos”, afirmó. En marzo del año pasado Freiler y Ballestero fueron muy críticos con el escrito de Nisman. Dijeron que no encontraron una sola prueba ni “un atisbo” de “un obrar ilícito”. Y advirtieron que el texto tenía “contradicciones”, “especulaciones”, “inferencias” y “un zigzag argumentativo”, además de ser un armado “conveniente” con trozos de diálogos de escuchas telefónicas. Rúa señaló que los camaristas sólo podrían cambiar su parecer si se hubieran introducido en el expedientes hechos distintos que hicieran cambiar la hipótesis sobre el supuesto delito, pero que esto no ocurría.

“La inconstitucionalidad del Memorándum ya fue analizada. El hecho de que el gobierno desistiera de la apelación, lo que hizo que la decisión quedara firme (que ocurrió este año) no modifica la hipótesis, sino que la confirma”, dijo Rúa. De hecho, Ballestero, en su voto, había señalado que para la Cámara (el fallo fue de él y de Eduardo Farah) el Memorándum “fue inconstitucional, mas no la canalización de un acto criminal”.

Por último, Rúa se refirió a la conversación entre Timerman y Borger en base a la cual, además, se abrió otra causa (una “colectora”, la describió el abogado) por el delito de “traición a la patria” en el juzgado de Claudio Bonadio. Dijo que existía un primer escollo que era la ilegalidad de la supuesta prueba porque el audio tenía un origen incierto, ya que ni Timerman ni Borger, según lo que declararon, grabaron la conversación. Y que en la “causa paralela” la Sala II de la Cámara señaló que si se incorporaba como prueba debía averiguarse cómo se obtuvo. Apuntó, además, que aún considerando el contenido de ese audio, el hecho de que Timerman le adjudicara a Irán el atentado no era nuevo, sino lo mismo que venía haciendo el estado argentino desde que en noviembre de 2006 el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió las capturas a los iraníes a Interpol.

Larrandart adhirió al planteo de Rúa y Peñafort. Agregó que la DAIA pretende ser tenida como parte querellante en una causa que ni siquiera existe, ya que nunca se abrió. Respecto al audio, acotó que el propio Borger admitió cuando fue citado en la causa duplicada que abrió Bonadio que en esa conversación se dijo lo mismo que los dos protagonistas sostenían en público.

La ex jueza rescató uno de los argumentos de Rafecas respecto del memorándum: “Señala con razón que no se está poniendo en cuestionamiento la desestimación de la denuncia de Nisman, sino más bien poniendo en tela de juicio la decisión política de haber llegado a la firma y ratificación del pacto con Irán, lo cual si bien puede criticarse desde lo geopolítico o desde una visión de criterio y oportunidad, nunca puede ser objeto de imputación penal, a menos que se incluya en tal imputación a expertos que defendieron la legitimidad del pacto en el Parlamento, como Susana Ruiz Cerruti y cientos de diputados y senadores que lo aprobaron, como también a Ronald Noble, de Interpol Internacional, que desde 2009 propició el diálogo entre Argentina e Irán para destrabar el conflicto diplomático”. Larrandart sostuvo también que “la denuncia es tan disparatada que de acuerdo a la misma los presuntos encubiertos, es decir, beneficiados por el encubrimiento no estarían de acuerdo con la ayuda, ya que no aprueban ni continúan las tratativas con el gobierno argentino”, en referencia a que el gobierno iraní decidió no ratificar el acuerdo con la Argentina.

La defensora de Larroque concluyó con que se trata de impugnar el ejercicio de facultades del Poder Ejecutivo respecto a las relaciones internacionales y que, en relación al dirigente de La Cámpora, se lo acusa por su cercanía a la ex presidenta, lo que “ni aquí ni en país democrático alguno constituye la sospecha de una conducta típica”. “De otro modo –afirmó– como desgraciadamente está sucediendo con frecuencia, podría titularse ´denuncia´ cualquier presentación que se hiciera ante la justicia con el solo fin de que la misma fuera difundida por los medios de comunicación y dañar la imagen pública de cualquier persona o funcionario. Corresponde a la Justicia precisamente el poner límite a su utilización con fines políticos, como lo hizo en este caso en distintas instancias”.

Freiler y Ballestero escucharon las exposiciones en silencio, mientras tomaban algunas notas. Cuando Larrandart terminó de hablar, se levantaron, agradecieron y saludaron a todos. En aproximadamente diez días difundirán su decisión.

La semana pasada, un grupo de empresarios y personas ligadas en su mayoría al gobierno de Cambiemos y al de la Alianza firmaron una solicitada que pedía la destitución de Rafecas por no haber abierto la denuncia de Nisman. El texto fue también una advertencia para estos camaristas que deben resolver en el mismo caso. Si bien ni Freiler ni Ballestero dieron indicios acerca de sus posturas, en el fallo que firmaron el año pasado fueron muy críticos con el escrito en el que Nisman acusó a CFK, Timerman y otros dirigentes políticos. Entre otras cosas, dijeron que “debe reconocerse que los estrados penales no son las tablas de un teatro ni sus expedientes el celuloide de una película, o que una persona deba quedar sometida a los influjos de un proceso criminal sin otra razón más que la publicidad de su figura”.