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Por María Berta Arroyo

Fueron casi seis años de resistencia. “No firmar nada, seguir sembrando y cosechando porque la tierra es nuestra”, era la consigna, repetida una y otra vez por los campesinos. Las 32 familias de San Antonio Isla, a 80 kilómetros de Goya, Corrientes, habitaron desde siempre esas tierras, heredadas de sus antepasados, pero sin ningún título. El fantasma del desalojo era cada vez más concreto por la obstinación de un terrateniente, empeñado en limpiar esa tierra de campesinos. Un cambio de propietarios, la intervención del Foro por la Justicia, que integra la hermana Mar-tha Pelloni, la mediación del obispo y, sobre todo, el coraje de los campesinos cambiaron la historia: desde el 4 de diciembre son dueños, en promedio, de 100 hectáreas por familia.
Fue un día histórico. En la misma mesa estaban el representante de la firma Saleinten Argentina B.V., donante de las tierras, junto al mayordomo, hasta hace poco encargado de echarlos del lugar; el obispo de Goya, Ricardo Faifer y los mediadores, el sacerdote Víctor Hugo Arroyo y el abogado Ariel Galeano, junto con la hermana Pelloni. Todos los integrantes del Foro por la Justicia, los maestros, los ingenieros del INTA y del Instituto Provincial del Tabaco. Y los anónimos campesinos, habitantes de San Antonio Isla.
Más que un pueblo, San Antonio Isla es una estancia de 45.000 hectáreas, con dos cascos y las casas de los habitantes, dispersas en el campo y aisladas entre ellas. Testigos de la presencia centenaria de los pobladores son las más de 200 tumbas del cementerio: la más antigua data de 1883. Por aquella época había entre 300 y 400 familias. Las 32 que quedaron, recibieron ahora las tierras en nombre de aquellos que escribieron la historia feudal del peón de campo en Corrientes.
Es también la historia de don Juan Saadi Zenón, uno de los pioneros de esta lucha, que no pudo ser testigo del final: murió el 25 de mayo de 2003. Tenía el corazón crecido y un bastón para ayudar a esa pierna que arrastraba vaya a saber desde cuándo. Así, respirando mal, caminando mal, cruzaba el bañado y el río Batel, y seguía a caballo hasta alcanzar la ruta 12, desde donde le quedaban todavía 60 kilómetros en colectivo para llegar a Goya. Hasta allí iba a seguir los trámites en el juzgado.
Harto del mal trato en la estancia de los Bencich, principales criadores de búfalo en el país, harto de seguir viendo el desalojo de tanto vecino pobre, don Juan fue, caminando rengo, de rancho en rancho, conversando con los vecinos. “De aquí no nos vamos. Aquí nacimos, aquí tenemos nuestros muertos, esta es nuestra tierra”, les decía.
–¿Y si nos vamos a hablar con la hermanita Martha? Ella nos va a escuchar –le sugirieron.
Y partió otra vez rumbo a Goya. Martha Pelloni les dijo que el Servicio Jurídico del Foro Multisectorial por la Justicia, del que es fundadora, tomaría la causa. Era febrero de 1998: los abogados del Foro y catorce campesinos que llegaron a caballo se pusieron de acuerdo en la consigna: “No firmar nada. No tener miedo a las amenazas ni a la policía”.
La prioridad era parar el desalojo. Y la voz corrió entre los vecinos: No había que ir más al casco de la estancia, cuando los citaban para ofrecerles 1500 pesos, pagados en dos veces, para que abandonen la tierra. Una suma tentadora para quienes viven con 40 pesos al mes. Los que aceptaron, terminaron viviendo al borde de la ruta, en chozas de barro y plástico. Nunca podrán tener tierra propia. Son changarines en campo ajeno.
El Servicio Jurídico del Foro logró parar el desalojo, pero el juicio se perdió por la actuación errónea de un profesional. En agosto de 2002, las catorce familias tenían sentencia firme de desalojo. Para entonces, el Foro por la Justicia había cambiado de abogados. Ahora el caso estaba enmanos de Marisa Buchón y Ariel Galeano. A su vez, Emebe SA, propietaria de la tierra, vendió la estancia a la firma holandesa Salentein Argentina
B.V., que no estaba de acuerdo con un desalojo violento y propuso comprar una propiedad cercana, con un hábitat semejante al de San Antonio Isla: tierra para el cultivo, ríos y monte para leña. La propuesta fue rechazada por los campesinos, ya que la propiedad estaba habitada por nueve familias en litigio con el propietario. “No vamos a hacer con ellos lo que quieren hacer con nosotros”, dijeron.
Un nuevo administrador de la firma, con voluntad de dar solución definitiva al problema, pidió la mediación del obispo de Goya, Ricardo Faifer, quien aceptó la propuesta: ya había sido informado por el sacerdote Jorge Torres, integrante del Foro, y que había acompañado a los campesinos a lo largo del conflicto. Torres falleció el 20 de julio último.
Con este pedido formal de mediación, se abrió una nueva etapa. El obispo nombró como delegados al sacerdote Víctor Hugo Arroyo y al abogado del Foro, Ariel Ignacio Galeano. Estos pusieron como condición que en la mesa de negociación debían participar los campesinos. A partir del 17 de agosto todas las reuniones se hicieron en el obispado con la participación de las tres partes. Los campesinos eligieron a Juan Cruz Correa, a Carmen Barrios y a Juan Antonio Zenón. El administrador y representante de la firma era Martín Sartuntún. Las dos partes se reunieron con los mediadores designados por el obispo. La decisión última de la firma fue donarles las tierras dentro del latifundio, a pocos kilómetros de donde habitan actualmente. El 17 de noviembre se firmó el acuerdo extrajudicial, en presencia del obispo. En esa reunión se aceptaron oficialmente los veinte puntos propuestos por los campesinos. Entre ellos, la aprobación de las tierras ofrecidas por la firma, consideradas buenas para cultivos; en total son 3.283 hectáreas: 10 hectáreas para cada familia para chacra y vivienda y el resto en condominio para pastoreo de ganado, lo que hace un total de 100 hectáreas por cada grupo familiar. El acuerdo incluye la entrega de vivienda y sistema para agua potable para cada familia; la construcción de un centro comunitario y otro de salud, y el traslado de la escuela, entre otros puntos. El acuerdo extrajudicial, antes de ser homologado en el juzgado, fue firmado por los 74 miembros mayores de 21 años de las 32 familias beneficiarias de la donación.
El 4 de diciembre fue una fiesta: por la mesa de las firmas, ante los abogados de las partes y la escribana desfilaron setenta y cuatro campesinos, que lentamente, con mano temblorosa, dibujaban su firma o estampaban sus impresiones digitales. Ese día, los maestros sirvieron las mesas, los adolescentes, jinetes expertos, iban y venían entre el bañado y la escuela, trayendo siempre más gente.
Francisco Daniel Quiroz, tiene diez hijos. Los tres mayores ya abandonaron el campo. Para hablar, Don Francisco se saca el sombrero de ala ancha y la mitad de la frente blanca, allí hasta donde nunca llega el sol, queda a la vista. “¡Lo que va ser esto! Cuando podamos sembrar tranquilos y tener nuestra propiedá, cada uno con su título y nuestros animalitos todos juntos –se ilusiona–. No como más antes, que nos mudaban seguido de un lugar a otro para que nos aburramos y nos vayamos.”
Ni se aburrieron ni se fueron. Después de seis años de resistencia, la consigna se hizo realidad.