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El 28 de noviembre de 2003, Sandra Sormanni recibió una carta documento del Instituto Elisa Harilaos, de Flores, un colegio religioso subvencionado por el Estado. Le notificaban que no rematricularían a sus dos hijos mayores, uno de 14 y otro de 16 años, que pasaban a tercero y quinto año del secundario. Alegaron que el deterioro en la relación entre la madre y el colegio (por algunos cuestionamientos a las autoridades del nivel medio) impediría “resolver las dificultades que presentan los estudiantes, el bajo nivel académico de uno y los constantes problemas de indisciplina del otro”, según consta en el escrito. “Para los chicos era muy importante seguir en el colegio porque ahí tenían su grupo de amigos”, comentó Sormanni. Hizo la denuncia en la Defensoría de la Ciudad y a través de la mediación de un abogado del organismo consiguió que rematricularan al mayor, para que pudiera terminar allí el secundario. Al otro tuvo que cambiarlo de escuela.