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El Delta sigue siendo una reserva verde, codiciada para grandes negocios inmobiliarios. Un proyecto para construir un puente para unir la ciudad de San Fernando, en el continente, con las islas del Tigre, despertó la inquietud de los isleños, que ven en ese emprendimiento una amenaza a su estilo de vida y, también, a la seguridad: gracias a que los medios de transporte son exclusivamente fluviales, en esta región del territorio bonaerense casi no se registran delitos. A cambio del permiso para construir el puente, la empresa interesada en el proyecto ofrece construir un muro para ocultar una villa de emergencia, ubicada en San Fernando, de los ojos de los futuros visitantes.
No se trata sólo de un puente: “El proyecto prevé elevar el terreno en unas 600 hectáreas de islas, con vistas a un proyecto inmobiliario”, dice Martín Nunziata, dirigente de la Asociación Pro Delta y miembro de la Comisión de Vecinos Autoconvocados del Delta. Esa elevación de terreno, dice Nunciata, afectará a las islas vecinas, “que se inundarán cuando haya crecidas, porque el agua que no puede entrar en la isla elevada ingresará en las otras”.
La empresa interesada en el proyecto es Delta del Plata SA, una sociedad perteneciente al grupo que lidera Santiago Soldati, cuya empresa madre, Sociedad Comercial del Plata, está en convocatoria de acreedores. La firma ya consiguió el permiso de San Fernando, pero necesita el OK de la Dirección de Vías Navegables de la Nación y de Hidráulica de la provincia. También consiguió un guiño del municipio de Tigre que, a través de un decreto, aprobó la prefactibilidad del proyecto y el plan maestro.
Los vecinos de las islas ya habían logrado frenar el proyecto del camino isleño en 1999. Pero volvieron a movilizarse en noviembre, cuando el Concejo Deliberante de Tigre intentó reducir el ancho del camino de sirga (el terreno costero que está entre el río y los lotes donde se puede construir), lo que permitiría una mayor superficie apta para la edificación en las islas.
El tratamiento del proyecto se frenó, pero en diciembre apareció en San Fernando otra iniciativa para autorizar la construcción de un viaducto desde el continente hacia la primera sección de Islas, cruzando el río Luján, y luego el arroyo Abra Vera. El viaducto empalma con la Ruta 197 y, a través de esta, con el Ramal Tigre de la ruta Panamericana.
¿Por qué los vecinos se niegan a conectar las islas con el continente? “Por una cuestión de seguridad. En las islas se registran uno o dos robos a casas por año. En el partido de San Isidro, hay 400 por mes”, pone como ejemplo, con datos obtenidos de los registros policiales, Fernando Del Giúdice, de Aprodelta.
El permiso para construir el viaducto fue aprobado por el Concejo Deliberante de San Fernando el 28 de diciembre último, con el voto favorable del justicialismo y la negativa del Frepaso y la UCR. “El expediente, de más de 300 fojas, había ingresado el 14. No hubo tiempo de analizarlo seriamente y tampoco se hizo un estudio de impacto ambiental”, se quejó Liliana Piani, la única concejal del Frepaso de San Fernando. La edil, además, cuestionó que se haga un acuerdo con “una empresa que tiene grandes deudas con el municipio”.
El secretario de Obras Públicas de San Fernando, Hernán Lazo, defendió la aprobación al sostener que se hizo “en base al Convenio firmado con los municipios de Tigre, San Isidro y Vicente López, en el que nos comprometemos a facilitar el acceso a las islas”. Según el funcionario municipal, si se lleva a cabo el emprendimiento de Delta del Plata, “el municipio se va a beneficiar, porque el puente permitirá el desarrollo de un eje comercial a su alrededor”. El compromiso con la empresa contempla además la instalación de una estación de bombeo para prevenir inundaciones en la zona del canal de San Fernando y la construcción de un destacamento para la Prefectura Naval. El secretario de Obras Públicas defendió la construcción de un muro en la villa El Garrotazo en la necesidad de “generar condiciones de seguridad”. Destacó además que la empresa “pagará un canon por el uso del espacio público, que aún no fue establecido”. Pero admitió que Comercial del Plata –dueña del Tren de la Costa– “tiene una deuda con el municipio por impuestos de Alumbrado, Barrido y Limpieza”.
En la seguridad también se apoyan los vecinos de las islas para oponerse al proyecto, pero no piden tapiar una villa sino, simplemente, no construir un puente que serviría –dicen– como vía de acceso y escape para delincuentes de cualquier punto del Conurbano. “En San Isidro, hay un homicidio o hecho de sangre por día; en la sección primera de Islas hubo un caso en los últimos cinco años”, dice Del Giúdice, apelando de nuevo a las estadísticas policiales.
Los vecinos autoconvocados realizaron hace dos semanas una marcha fluvial, con cacerolazo incluido, y se reunirán el próximo fin de semana para decidir una nueva protesta. Desconfían de que, a la luz de las actuales condiciones económicas, el proyecto sea realizable para Delta del Plata. “Pero parece que le estuvieran dando a la empresa todas las condiciones jurídicas para que pueda revender esas tierras”, conjetura Nunziata.